Rendición de cuentas… en Aguascalientes

El Congreso de Baja California tiene una deuda pendiente con los ciudadanos, pero ha decidido, desde hace años, anotarla en hielo. Se trata de las modificaciones a la legislación, y los formatos que permitan a funcionarios y representantes populares de cierto nivel hacer públicas sus declaraciones patrimoniales y de fácil acceso a través de consultas de internet. La ley los obliga a ello, y tanto a nivel federal como las otras entidades federativas realizaron modificaciones legales para cumplir con la nueva reglamentación. Pero en BC, ni para los morenistas legisladores ni para la gobernadora Marina Ávila la transparencia es prioridad. Sin embargo, cuando uno tiene interés en cumplir con el mínimo requisito de la Ley, busca alternativas para hacerlo. En eso los respaldan los integrantes del Comité de Participación Ciudadana y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de BC, pues no hacen un llamado a cumplir con la Ley, aunque, sorpresivamente, ellos sí cumplieron con su responsabilidad; pero al no haber en Baja California ni modificaciones a la Ley ni infraestructura digital, presentaron sus declaraciones patrimoniales, pero en la Plataforma Digital Estatal del Gobierno de Aguascalientes. O sea que buscaron en otro estado lo que no tienen en Baja California: mecanismos que permitan identificar la evolución de sus ingresos y beneficios económicos. Porque eso de exigir la transparente rendición de cuentas, que ya está en la Ley, como que no se le da al SEABC. No se sabe si el eterno sustituto Francisco Javier Rebelin, secretario ejecutivo del SEA, les tiene miedo a los diputados del Poder Legislativo, o está entretenido en otras cosas más de mantener sus finanzas personales abundante y sanas, que en llamar a hacer cumplir la Ley en un estado que se ha caracterizado como el más opaco cuando de aclarar cuentas se trata.