En marzo de 2019, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena resolvió que mi impugnación al proceso interno para elegir candidato a la Presidencia Municipal de Tijuana era fundada. El órgano partidista reconoció que el procedimiento había sido manipulado, opaco y violatorio de los principios más elementales de certeza y legalidad.
Pero mientras esa resolución llegaba, el verdadero proceso -el proceso de descomposición del poder en Baja California- ya estaba en marcha. Y lo que entonces denuncié, hoy es un hecho documentado: la degradación institucional no empezó después, sino desde adentro, desde el propio Congreso, desde la operación que dio vida a la infame “Ley Bonilla”.
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Un Congreso sin Morena… operado por Morena
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En aquella legislatura, Morena tenía solo dos diputados. Dos.
No tenía mayoría, no tenía control parlamentario, no tenía condiciones para imponer nada por la vía institucional.
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Y sin embargo, logró que el Congreso aprobara una reforma inconstitucional para ampliar el periodo de gobierno de dos a cinco años. ¿Cómo lo hizo?
La respuesta está documentada en múltiples medios: el operador central de la “Ley Bonilla” dentro del Congreso fue Carlos Torres, entonces panista, hoy defenestrado, y en aquel momento pieza clave para torcer la voluntad legislativa.
Torres no actuó solo. Actuó al servicio de Jaime Bonilla, quien lo llevó posteriormente a Morena como pago político por aquella operación.
La maniobra fue tan burda como efectiva:
– Presiones,
– Negociaciones en lo oscurito,
– Acuerdos al margen de la ley,
– Y un Congreso convertido en instrumento de un proyecto personal.
La “Ley Bonilla” no fue un exceso. Fue un ensayo general de captura institucional.
La advertencia que nadie quiso escuchar
Cuando denuncié las irregularidades del proceso interno de Morena, muchos pensaron que se trataba de una disputa partidista. No lo era. Era una advertencia.
Una alerta temprana de que algo más profundo estaba ocurriendo: la sustitución de la legalidad por la voluntad de un solo hombre.
La operación para ampliar el mandato lo confirmó.
Primero, mediante un recurso artificial presentado por Blanca Favela, esposa del diputado Víctor Morán.
Luego, mediante presiones directas al Congreso.
Y finalmente, mediante denuncias públicas de sobornos: un millón de dólares ofrecidos por operadores federales para convocar una sesión que avalara la reforma.
El Tribunal Electoral de Baja California aprobó la aberración.
El Tribunal Electoral federal la revocó.
Pero el daño ya estaba hecho: la institucionalidad había sido vulnerada desde adentro.
La decisión que tuve que tomar: aceptar la candidatura -aun cuando la resolución partidista me daba la razón- habría significado legitimar un proyecto que ya mostraba signos de corrupción estructural.
Caminar al lado de Bonilla era un riesgo personal y un riesgo para la sociedad.
Por eso me aparté.
Porque quedarse habría sido convertirse en cómplice de una maquinaria que ya entonces mostraba vínculos peligrosos, opacidad sistemática y un desprecio absoluto por la ley.
2026: la descomposición ya no es advertencia, es diagnóstico
Hoy, Baja California vive las consecuencias de aquel origen torcido:
- Funcionarios de gobiernos emanados de Morena han perdido sus visas por investigaciones de agencias estadounidenses.
- La Fiscalía General de la República ha documentado vínculos entre actores políticos y actividades criminales.
- La red bonillista terminó envuelta en escándalos de corrupción, extorsión y tráfico de influencias.
- La inhabilitación de Jaime Bonilla por el caso de la planta fotovoltaica de Next Energy es solo una pieza más del rompecabezas.
La “Ley Bonilla” no fue un episodio aislado. Fue el inicio de la descomposición que hoy asfixia a Baja California.
La política también se mide por lo que uno rechaza
En 2019, la única forma de preservar mi integridad -y la posibilidad de seguir hablando con autoridad moral- fue no aceptar una candidatura construida sobre trampas, presiones y corrupción.
Hoy, cuando la podredumbre es inocultable, la historia coloca cada pieza en su lugar.
Yo no me fui. Me aparté.
Y esa diferencia lo explica todo.
El autor es presidente del Centro de Estudios y Proyectos para la Frontera Norte “Ing. Heberto Castillo Martínez” A.C.
Correo electrónico: [email protected]
