Seis años perdidos: el saldo devastador de Morena en Baja California

Durante seis años, Morena gobernó Baja California con la promesa de una transformación profunda. Hoy, al revisar el periodo 2019–2025, lo que emerge no es un legado de cambio, sino un inventario de obras inconclusas, compromisos rotos, endeudamiento histórico, escándalos políticos y una violencia que nunca cedió. El discurso de renovación terminó chocando con una realidad que se impuso con crudeza.

Uno de los proyectos emblemáticos fue el Viaducto Elevado Aeropuerto–Playas de Tijuana, presentado como la gran solución de movilidad para la ciudad. Anunciado con fechas de entrega que se movieron de noviembre de 2024 a diciembre de 2025, la obra terminó inaugurándose parcialmente en 2026. El trazo original tuvo que modificarse por riesgos estructurales, los costos crecieron y la ejecución militarizada dejó un rastro de accidentes laborales, opacidad y retrasos. La promesa de un corredor moderno se convirtió en un recordatorio de improvisación y falta de planeación.

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A ello se suman otros compromisos federales que tampoco se cumplieron. El Hospital de Especialidades de San Quintín, una demanda histórica de jornaleros y comunidades rurales, nunca se construyó. Lo que sí se inauguró fue la ampliación del Hospital Rural del IMSS-Bienestar, insuficiente para una región que sostiene buena parte del PIB agroexportador del estado. La carretera de cuatro carriles entre Ensenada y San Quintín, anunciada como detonador de desarrollo y seguridad vial, quedó reducida a tramos aislados sin continuidad ni visión integral.

En materia económica, el gobierno federal presentó la Zona Libre de la Frontera Norte como un regreso al régimen histórico que impulsó el comercio regional. Pero lo que se implementó fue un esquema fiscal parcial —reducción de IVA e ISR, homologación de energéticos y aumento del salario mínimo— que no reconstruyó la arquitectura económica original ni resolvió los problemas estructurales de competitividad en la frontera.

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El terreno de la seguridad pública ofrece uno de los saldos más duros. Desde 2019, Baja California se mantuvo entre los estados con mayor número de homicidios dolosos del país. Tijuana siguió figurando entre las ciudades más violentas del mundo, mientras Mexicali y Tecate registraron incrementos significativos en delitos de alto impacto. A pesar de la presencia permanente de la Guardia Nacional, la violencia no cedió. La entidad continuó formando parte del grupo de estados que concentran casi la mitad de los asesinatos del país.

En paralelo, el endeudamiento público creció de manera sostenida. En 2019, al inicio del ciclo de Morena, la deuda estatal rondaba los 12,800 millones de pesos. Para 2025, las cifras oficiales la ubican entre 22,500 y 24,300 millones, dependiendo del corte. Es decir, un incremento cercano al 80% en seis años. La administración de Marina del Pilar elevó la deuda más de 30% durante su periodo, comprometiendo hasta 65% de las participaciones federales. La narrativa de austeridad terminó contrastando con una realidad financiera cada vez más presionada.

A este panorama se suman episodios que marcaron la vida política del estado. El caso de la planta fotovoltaica, que derivó en denuncias penales, amparos masivos de exfuncionarios y la inhabilitación de Jaime Bonilla, se convirtió en uno de los mayores escándalos administrativos de la historia reciente. La contratación de una empresa privada para la cobranza del agua —cuyo representante fue exhibido en video consumiendo cocaína— alimentó aún más la percepción de desorden y discrecionalidad. Y la revocación de visas a la gobernadora Marina del Pilar y a funcionarios de su círculo cercano añadió un componente internacional a la crisis de credibilidad.

Seis años después, la llamada transformación dejó a Baja California con obras inconclusas, deudas históricas, escándalos que cruzan fronteras y una violencia que nunca cedió. Morena prometió limpiar la casa, pero terminó dejando un estado hipotecado, fracturado y atrapado entre pleitos internos, contratos opacos y decisiones improvisadas. La retórica del cambio se agotó frente a la realidad de un gobierno que confundió voluntad con capacidad, propaganda con resultados y lealtad con competencia.

Hoy, Baja California no necesita discursos triunfalistas: necesita memoria, rigor y una ciudadanía que no tolere más simulación. Porque lo que está en juego no es un partido, sino el futuro de un territorio que ha resistido todo menos la indiferencia de sus gobernantes. Y si algo ha demostrado esta frontera es que, cuando la clase política falla, la sociedad se levanta. Esa es la verdadera insurgencia que viene: la de un pueblo que ya no acepta que le digan que todo va bien mientras la realidad arde. La de una Baja California que exige cuentas, que no olvida y que está lista para recuperar lo que le pertenece.

El autor es presidente del Centro de Estudios y Proyectos para la Frontera Norte “Ing. Heberto Castillo Martínez” A.C.

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