En las reuniones de la Mesa por la Paz y Seguridad realizadas el 2025, las autoridades estatales de Baja California pidieron a la municipal de Ensenada que cumplieran con la Ley e imprimieran o pintaran el número de identificación a todas sus patrullas, pero no lo han hecho. Sin justificación, el ayuntamiento ha decidido incumplir o hacerlo a medias, y omiten ilustrar el número en grandes dimensiones que todas las patrullas deben tener visible en el techo para que sean fácilmente identificables por las cámaras de video vigilancia mientras circulan. Pero en el mejor de los casos sólo numeran los costados. Esta solicitud, que ha sido especialmente enfatizada por la fiscalía, está relacionada con el hecho de que, entre 2024 y 2025, la FGE ha detectado a través de video -y referido públicamente- la presencia y participación de agentes municipales ensenadenses en patrullas oficiales, apoyando a criminales en homicidios y en privaciones de la libertad. Incluso han detenidos y judicializado algunos de esos uniformados locales, con no mucho éxito hasta ahora. El tema se recordó esta semana, tras la muerte violenta del excomandante y agente activo de la FGE, Israel Ortiz Castillo, cometido la noche del sábado 16 de enero. Una cámara del sistema de video vigilancia, poco antes del crimen y a unas cuadras de la escena, detectó y grabó el paso de tres patrullas balizadas, las tres sin número en el techo; todas pasaron en un lapso de cinco minutos. Y no los están señalando como presuntos responsables, pero el hecho sí les resultó, como mínimo, sospechoso.
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