Tres funcionarios de la administración de Francisco Vega de Lamadrid siguen postergando el proceso judicial en su contra por el presunto desfalco de mil 500 millones de pesos
Una de las primeras declaraciones de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, cuando asumió su gobierno en 2021, fue sobre el desastroso trabajo que llevaron a cabo en el gobierno de Jaime Bonilla y la Fiscalía General del Estado (FGE), dirigida entonces por Guillermo Ruiz Hernández, en torno a las acusaciones de Francisco Vega de Lamadrid por el presunto desfalco de mil 500 millones de pesos derivados de más de 270 facturas pagadas a más de 100 empresas de diversos giros.
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Algunos de estos negocios fueron catalogados después como empresas fantasmas; unos más se vincularon con otros fraudes, como en las acusaciones contra el exgobernador priista de Chihuahua, César Duarte; y otros incluso fueron ligados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
En las primeras denuncias presentadas por quien fuera secretario general de Gobierno de Bonilla, Amador Rodríguez Lozano, y posteriormente por la exlegisladora Eva Rodríguez, señalaron -además de a Kiko Vega- a Antonio Valladolid y a Bladimiro Hernández, ambos como secretarios de Planeación y Finanzas; a Miguel Ángel López Arroyo, secretario técnico del gabinete financiero; a Miguel Ángel Rodríguez Castro, subsecretario de Planeación y Presupuesto; Artemisa Mejía Bojórquez, jefa de Administración y Contabilidad; Édgar Castillo Padilla, director de Seguimiento de Paraestatales; Álvaro Israel Ledezma Félix, director de Administración; Isauro López Cárdenas, coordinador de Gabinete; Silvia Lara Sánchez, directora de Egresos; Juan Manuel Romero Bastida, jefe del Departamento de Pagaduría; y Reynaldo Sandoval Olmeda, jefe del Departamento de Bancos.
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Sin embargo, la mayoría de los implicados lograron deslindarse de la responsabilidad penal, e incluso algunos de ellos ahora forman parte de la administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda, como lo es Édgar Castillo Padilla, exdirector de Seguimiento de Paraestatales, quien fue rescatado por la fiscal Ma. Elena Andrade Ramirez, y de ser acusado de corrupción fue nombrado coordinador administrativo de Tijuana. También es el caso de Álvaro Israel Ledezma Félix, exdirector de Administración, ahora jefe de Administración de la dirección de Recaudación, según contratos públicos disponibles en la plataforma de transparencia.
Sin embargo, tres subsecretarios permanecen enfrentando la responsabilidad por el desfalco atribuido a “Kiko” Vega, y el pasado 16 de enero, el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito avaló la vinculación a proceso de los kikistas Isauro López Cárdenas, José Luis Marín Berumen y Miguel Ángel Rodríguez Castro (Inocentes en tanto no se determine su responsabilidad mediante la sentencia de un juez, según el artículo 13 del CNPP), quienes, según el Número Único de Caso (NUC) 02-2019-42685, enfrentan la acusación de abuso de autoridad, por el que podrían enfrentar una sentencia de nueve años de prisión.
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La mayoría de las acusaciones han ido disipándose y esta es la única que queda pendiente, la cual han enfrentado desde el año 2022, cuando un juez decretó no vincular a proceso a los tres imputados.
La Consejería Jurídica, a cargo de Juan José Pon, presentó un recurso en contra de la determinación del juez, con lo que pudieron revocar la no vinculación. Luego de un extenso proceso judicial entre juzgados locales y federales, el pasado 16 de enero el Tercer Tribunal Colegiado tuvo la última palabra y negó la demanda de amparo de los tres imputados, por lo que se mantuvo firme la vinculación a proceso.
A siete años de que se presentó la denuncia y luego de un extenso proceso judicial que representó un quebranto al erario de mil 500 millones de pesos, el caso sigue abierto, pero reducido a una sentencia que podría no devolver este dinero a los bajacalifornianos. Así, luego de varios años y de un expediente deficiente armado desde la gestión de Jaime Bonilla Valdez, “Kiko” encontró la impunidad, pero sus funcionarios aún pelean por su absolución, esperando que -quizás- el próximo gobierno no tenga interés en avanzar en el caso.
