El 31 de diciembre de 2025, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAI) cerró oficialmente sus puertas, desapareciendo como un órgano autónomo que velaba por estos derechos de la ciudadanía sudcaliforniana.
Lo anterior, ante la reforma que aprobó la XVII Legislatura del Congreso del Estado a mediados de 2025, con la que avaló la eliminación del ITAI, pasando sus funciones a la jurisdicción de la Contraloría del Estado.
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La comisionada presidenta del ITAI, Rebeca Buenrostro Gutiérrez, expuso que la situación laboral de las y los trabajadores continuaba en un limbo. Por el modelo de seguridad social que brindaba la instancia, tuvieron que liquidar a toda la plantilla.
En total, son 17 personas las que laboraban en la instancia, incluyendo comisionados y dos personas de prestación de servicios profesionales.
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Rebeca Buenrostro compartió que ya solicitaron a la Contraloría del Estado que contraten a esta plantilla que durante años se encargó de la protección de datos personales y garantizar el acceso a la información, por lo que ya cuentan con la experiencia laboral para brindar un servicio profesional.
En este escenario, desde noviembre suspendieron los recursos de revisión debido a que el personal del instituto se enfocó en el proceso de entrega-recepción.
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La comisionada explicó que se vieron obligados a detener la atención en esta responsabilidad, ya que antes de finalizar el 2025 tenían que hacer entrega de los expedientes a la Contraloría.
Cabe recordar que en noviembre del año que acaba de finalizar, el Congreso del Estado aprobó otra reforma para crear el Instituto de Transparencia para el Pueblo, que sustituirá las funciones del ITAI en Baja California Sur.
Ante lo que califican como un retroceso, actores del sector empresarial, como Fabricio González, expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), buscaron la creación de una Procuraduría independiente y autónoma.
Como ZETA lo dio a conocer en su momento, Fabricio González presentó una iniciativa ante la XVII Legislatura para que esto fuera una realidad, pero los diputados no escucharon y procedieron con la eliminación del órgano garante, la creación de un instituto nuevo y dejaron la responsabilidad en manos de la Contraloría.
