La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos emitió, el 16 de enero de 2026, una serie de avisos a las aerolíneas comerciales que cubren México, Panamá, Colombia, Ecuador, otros países centroamericanos y porciones del espacio aéreo del Océano Pacífico oriental, advirtiendo respecto de posibles actividades militares e interferencias en los sistemas de navegación satelital.
Las advertencias, que permanecerán vigentes hasta el 17 de marzo de 2026, instan a las aerolíneas estadounidenses a “tener precaución” al sobrevolar estas regiones, debido a los riesgos que representan las posibles operaciones militares y la interferencia en el Sistema de Posicionamiento Global (GPS).
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Bryan Bedford, titular de la FAA, declaró a la agencia británica Reuters, que existió “buena coordinación entre la agencia y el Ejército estadounidense antes de la operación en Venezuela”, en referencia a la reciente intervención militar en ese país sudamericano.
La FAA señaló que los peligros existen para aeronaves en todas las altitudes, afectando tanto a los vuelos en fase de crucero, como a las operaciones de despegue y aterrizaje. Las áreas cubiertas incluyen sectores sobre el Golfo de California y extensas zonas del Océano Pacífico oriental, además de los países mencionados.
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Según informó el medio estadounidense Bloomberg, la agencia reguladora advirtió específicamente sobre la degradación de señales GPS, por interferencias conocidas como jamming (bloqueo) y spoofing (suplantación de identidad de la señal). Este tipo de perturbaciones pueden provocar errores de posicionamiento y afectar sistemas críticos de alerta de proximidad a tierra, generando cargas de trabajo adicionales para las tripulaciones, en fases críticas del vuelo.
En algunos sectores de la Región de Información de Vuelo de Maiquetía (Venezuela) y zonas adyacentes de Colombia, los efectos de estas perturbaciones se detectaron hasta a 250 millas náuticas del origen de la señal. La autoridad aeronáutica estadounidense recomendó a los pilotos informar de inmediato cualquier anomalía en sus sistemas de navegación o avistamientos de tráfico militar no identificado, e instó a las empresas a evaluar la carga de combustible adicional, para eventuales desvíos o esperas prolongadas, ante cierres imprevistos de sectores del espacio aéreo.
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Las advertencias se producen en medio de un aumento de las tensiones entre Estados Unidos y los líderes regionales, dos semanas después de que la Administración encabezada por el presidente Donald Trump desplegara la Operación Absolute Resolve (Determinación Absoluta), un operativo militar a gran escala en el sur del Caribe, mediante el cual fueron capturados el mandatario venezolano Nicolás Maduro Moros y su esposa, Cilia Flores de Maduro, en Caracas.
La operación, ejecutada el 2 de enero de 2026, fue resultado de “meses de planificación”, ensayos y coordinación interinstitucional, según el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos. En el despliegue intervinieron 150 aeronaves desde 20 distintas bases terrestres y marítimas del hemisferio occidental, incluyendo cazas F-22, F-35 y F-18, aeronaves EA-18 y E-2, bombarderos B-1, además de helicópteros y drones pilotados remotamente.
Trump afirmó la semana pasada, durante una entrevista emitida el 8 de enero de 2026, en la cadena Fox News, que los “cárteles controlaban México” y sugirió que Estados Unidos podría atacar objetivos terrestres para combatirlos. “Vamos a empezar ahora a atacar por tierra a los cárteles. Los cárteles están controlando México”, declaró el mandatario estadounidense, en una serie de amenazas de desplegar fuerza militar contra los cárteles de la droga.
Trump también planteó la posibilidad de acciones militares en la zona contra Colombia. El presidente estadounidense dijo que una intervención militar en Colombia “suena bien”, y acusó al mandatario colombiano, Gustavo Francisco Petro Urrego, de estar involucrado en la producción de cocaína. El presidente del país sudamericano reveló que Trump le dijo durante una llamada telefónica, que “estaba pensando hacer cosas malas en Colombia, una operación militar”.
Los avisos de la FAA ocurren tras una serie de incidentes que evidencian los riesgos operativos derivados de la presencia militar en el Caribe. En diciembre de 2025, un avión de pasajeros de JetBlue con destino a Nueva York realizó una maniobra evasiva para evitar una colisión en vuelo con un avión cisterna de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, cerca de Venezuela.
El vuelo 1112 de JetBlue había despegado de Curazao el 13 de diciembre de 2025 y volaba a unas 40 millas (64 kilómetros) de la costa venezolana, cuando el Airbus informó haberse cruzado con el avión de la Fuerza Aérea, que no tenía activado su transpondedor. “Acabamos de tener un tráfico que pasó directamente frente a nosotros a menos de 8 kilómetros, probablemente entre 3 y 5 kilómetros, un avión de reabastecimiento de la Fuerza Aérea de EE. UU. y estaba a nuestra altitud”, explicó el piloto, quien agregó: “Tuvimos que frenar nuestro ascenso”.
Derek Dombrowski, portavoz de JetBlue, declaró que “hemos notificado a las autoridades federales sobre este incidente y cooperaremos en cualquier investigación”.
Un día después, el 14 de diciembre de 2025, los pilotos de un jet ejecutivo Falcon 900EX, que volaba de Aruba a Miami, Florida, reportaron una situación similar, al casi colisionar con una aeronave cisterna de reabastecimiento de combustible de la Fuerza Aérea estadounidense, a una altitud aproximada de 26,000 pies.
Ya en noviembre de 2025, la Administración Federal de Aviación había emitido una advertencia a las aeronaves estadounidenses, instándolas a “extremar precaución” al sobrevolar el espacio aéreo venezolano, “debido al empeoramiento de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela o sus alrededores”.
De acuerdo con un comunicado de la FAA, las tripulaciones deben estar atentas a la degradación de las señales GPS. Este tipo de interferencias pueden engañar a los equipos de navegación, haciéndoles creer que el avión se encuentra en una ubicación distinta a la real, activar alertas falsas en los sistemas de advertencia de proximidad a tierra (EGPWS) y aumentar la carga de trabajo de la tripulación.
Diversos reportes técnicos mencionaron el uso de guerra electrónica y la presencia de aeronaves militares que operan sin transpondedores activos (ADS-B), lo que dificulta su detección por parte del control de tráfico aéreo civil. Según el medio especializado The Economic Times, las tasas de pérdida de señal GPS registraron un aumento superior al 220 por ciento entre 2021 y 2024.
Nick Careen, vicepresidente senior de Operaciones, Seguridad y Protección de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés), señaló que si bien la situación exige una coordinación más robusta entre gobiernos y aerolíneas, no debe interpretarse como un impedimento para volar, enfatizando que la industria cuenta con procedimientos de contingencia y sistemas de navegación inercial, que actúan como respaldo cuando la señal satelital se degrada.
Las restricciones previas sobre el espacio aéreo venezolano se mantienen, mientras que esta nueva serie de advertencias expande el radio de vigilancia hacia Panamá y las rutas troncales que conectan Norteamérica con el cono sur. Hasta el momento, las aerolíneas comerciales mantienen su programación de vuelos, aunque ajustan sus protocolos de seguridad operativa, siguiendo las directrices de los organismos internacionales.
Tras el ataque a Venezuela, la FAA restringió los vuelos en todo el Caribe, lo que obligó a la cancelación de cientos de vuelos de las principales aerolíneas. El servicio de seguimiento de vuelos FlightAware registró más de 700 cancelaciones en aeropuertos estadounidenses, antes del mediodía del 3 de enero de 2026, mientras que el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín de Puerto Rico canceló casi la mitad de sus salidas y llegadas del día.
JetBlue, cuya red en el Caribe es la más grande entre las aerolíneas estadounidenses, canceló más de 200 vuelos, y American, Delta, United y Southwest siguieron rápidamente, con extensas exenciones y ofertas de reembolso.
La emisión de estos avisos, con una duración de 60 días, refleja la preocupación de las autoridades aeronáuticas estadounidenses por garantizar la seguridad de las operaciones aéreas civiles, en un contexto geopolítico marcado por el incremento de la actividad militar estadounidense en la región y las tensiones con los gobiernos latinoamericanos.
