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C. Adela Navarro Bello
C. César René Blanco Villalón
Directores Generales de Semanario ZETA
Tijuana, Baja California.
Juan Manuel Molina García (para oír y recibir notificaciones el correo: [email protected]), con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 10 de la Ley Reglamentaria del Artículo 6°, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del Derecho de Réplica.
A continuación, redacto la respuesta cuya publicación solicito respetuosamente se haga en la misma página y extensión de la de origen, fechada el día 19 de diciembre de 2025, esto es, dentro de los 15 días hábiles posteriores, como lo marca la ley:
Réplica
En los análisis periodísticos imparciales y acuciosos es importante resaltar los hechos fidedignos, y no siendo así, la Ley salvaguarda el derecho de plantearlos, para conocimiento total del lector.
Así entonces, respecto a la publicación denominada “Alistan PT, PRI y Morena tercer round contra millonario recurso del PES” donde se menciona el financiamiento desmedido y desproporcionado que el Instituto Estatal Electoral (IEE) aprobó al Partido Encuentro Solidario de Baja California (PESBC), es por demás sabido para los verdaderos estudiosos del derecho electoral, que los actos de las autoridades electorales pueden ser impugnados legalmente cada vez que son emitidos, es decir, pueden recurrirse en este caso la decisión de montos desmedidos de financiamientos cada año, como de hecho lo ha impugnado Morena los últimos dos años.
De ahí que el PESBC tenía preparada su impugnación en 2023-2024 y no ocupaba de reforma local alguna para hacerlo, puesto que lo que pidió, e injustamente le fue concedido, fue la aplicación del Artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos; una Ley Federal cuya derogación o modificación esperamos se incluyan en el paquete de reformas planteada en BC a la comisión presidencial que truncaría de tajo el negocio del PESBC y de otros partidos locales en otros estados. La “pifia” en su caso la cometieron los partidos PAN y PRI, que emitieron esta Ley Federal en el año 2014 al amparo del desastroso “Pacto Por México” que, junto con el PRD y el PVEM, trajo otras desgracias a México; que no fue pifia, sino un verdadero atraco al erario por quienes detentaban las mayorías.
Valga decir que sin la reforma de 2023, que la publicación señala como una supuesta “pifia”, sería un hecho que en Baja California se gastaría en financiamiento a partidos en 2026 un total de $242,727, 806.70 M.N. (doscientos cuarenta y dos millones setecientos veintisiete mil ochocientos seis pesos, m.n.); sin embargo, gracias a la reforma mencionada, solo se autorizó un máximo de $152,128,024.70 M.N. (ciento cincuenta y dos millones ciento veintiocho mil veinticuatro pesos, m.n.) totales presupuestados por el IEE para 2026. Es decir, por la reforma de 2023 tan criticada, actualmente hay una diferencia a la baja de más de 90,500,000.00 M.N. (noventa millones quinientos mil pesos, m.n.) ahorrados al erario público.
Pocos versados en derecho electoral y finanzas publicas se atreverían a llamar a esa cantidad ahorrada una “pifia”, pero dicen vale la pena la denostación sin dar los números completos.
Además, es ajeno totalmente a la verdad que el PRI y el PT “se jueguen un tercer round” para reducir el financiamiento del PESBC. Y falta a la verdad porque antes el PRI jamás impugnó la medida: no en 2024 ni en 2025, jamás lo hizo; y por lo tanto lo consintió enteramente, principiando por su representante ante el IEE, el TLC Joel Abraham Blas Ramos. Tampoco lo hizo el PT en el 2023, jamás impugnó. Y en 2024, literal y materialmente transcribiendo “copy paste” la impugnación de Morena, sólo acudió ante el Tribunal local, pero al recibir la sentencia negativa dejó de impugnar ante Sala Guadalajara; por consigna tal vez, pero también, igual que el PRI, consintió la asignación de esos recursos al PESBC. El resto de partidos PAN, MC y Verde, ni siquiera se inmutaron, siendo que sólo Morena va de nuevo por la impugnación; y no para “enmendar errores”, sino para atacar la aplicación de una Ley Federal injusta e inequitativa emitida por PAN, PRI, PRD y PVEM; tal vez el PRI sí quiera ahora enmendar su “error” de 2014, pero, dirían los entendidos, para tratar de quedar bien en 2026.
Por otro lado, es correcto; en esa parte sí asiste la verdad al afirmar la publicación que en las tres impugnaciones los argumentos son “prácticamente los mismos”, y eso deriva de que tanto los escritos del PT como el del PRI son un “copy paste” del juicio planteado por Morena en el 2025 y que llevó a una votación empatada en la Sala Superior donde, efectivamente, la magistrada presidenta, en un espacio de escasas tres semanas, cambió diametralmente su criterio y denegó la justicia. Al ser una copia es clara no la similitud, sino identidad de argumentos.
Es importante precisar que esta respuesta se hace en justo análisis de la legislación electoral. La Suprema Corte de Justicia jamás ordenó la entrega de recursos desmedidos al PESBC; lo hace el Artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos cuya derogación o reforma esperamos, y que se reitera, es una Ley del 2014 obra del PRI-PAN-PRD-PVEM, o mejor dicho, del “Pacto Por México”.
Y hay que recordar algo: una cosa es recibir el recurso y otra justificar su gasto; y eso, revisar en qué se lo gastaron, está en manos el INE. En BC ya quedó claro que ni con esos montos de financiamiento se ganan más allá de 3.67 por ciento de los votos; lo mejor sería no otorgar financiamiento público a los partidos, y eso obligaría más a hacer campaña caminando, no pagando grandes publicidades. Es decir, haciendo verdadero trabajo de territorio y no de escritorio.
Sin otro particular, quedo a sus órdenes.
Atentamente,
Juan Manuel Molina García.
Mexicali, Baja California.
