En los últimos años el debate respecto de la violencia sexual ha ido ganando paulatinamente espacio en la conversación pública. Tendremos que reconocer que por mucho tiempo este tema se reducía a la violencia intrafamiliar o a los casos cometidos en alguno que otro espacio público.
Es indudable y se tiene que reconocer que hoy existe una mayor apertura y conciencia sobre la gravedad de este tipo de abusos y de acoso sexual ocurrido dentro de los centros de trabajo. Las oficinas, fábricas, y hasta instituciones públicas y comercios no están exentas de representar a los escenarios donde la subordinación jerárquica, la cultura del silencio, la dependencia económica, se combinan para permitir la comisión de este tipo de delitos sexuales.
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Pero ahora reflexionemos respecto del derecho penal y el enfrentamiento que tiene frente a este tipo de cuadros dramáticos a los que nos hemos referido anteriormente. En el ámbito laboral es necesario reconocer los graves retos que enfrenta la justicia penal: ¿Cómo se puede sancionar este tipo de conductas de manera más eficaz? ¿Qué papel juegan en lo general todas las empresas? ¿Qué tan preparado se encuentra el sistema de justicia para poder atender con prontitud, profesionalización y eficacia a las víctimas de estos delitos sin revictimizarlas?
Creo con honestidad que el primer gran problema que se tiene es la subestimación. En realidad, lo que sucede en la práctica, es que una gran parte de los abusos sexuales se dan en los espacios de trabajo, pero que son minimizados por los jefes de los empleados o empleadas y encontramos que existe una gran cantidad de carpetas de investigación que son archivadas y esto va a provocar un gran sentimiento de frustración en los ofendidos. También es menester reconocer que la cultura laboral juega un papel importante y si no, vean ustedes cómo en las sociedades con fuerte jerarquización en las fuentes de trabajo, las víctimas suelen depender económicamente del agresor sexual y en su caso de la institución que lo protege y esto último es sumamente importante porque esta dependencia económica del agresor se traduce en el miedo que se genera por parte de la víctima para denunciar, ya sea por temor a perder el trabajo, quedar marcada profesionalmente o depender económicamente de la persona a la cual se va a denunciar y esto por supuesto genera miedo para denunciar, porque la víctima piensa que va a perder el trabajo, sufrir represalias y aunque de forma aparente puede acudir a una Fiscalía a presentar su denuncia, muchas de las víctimas optan por el silencio y en su caso, presentan denuncias de tipo administrativo en las que sabe que nada pasará.
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Esto sucede en la inmensa mayoría de los casos porque los mecanismos internos de las empresas carecen de independencia y en muchísimos casos se utilizan por parte de las empresas para proteger a los superiores jerárquicos, encubrir a los directivos o figuras del poder en las fábricas o empresas y por supuesto que la víctima al no obtener justicia llega a la conclusión de que el derecho penal es una figura decorativa e intrascendente.
En otros países, por ejemplo, entre los europeos el tipificar figuras sexuales en el ámbito laboral generalmente va acompañado de una política robusta de prevención y de protocolos obligatorios para las instituciones. En los Estados Unidos, el movimiento #MeToo expuso la gravedad del problema que ahora abordamos y forzó cambios en la percepción social y la responsabilidad corporativa. Cabe reconocer que, en el contexto latinoamericano, sin embargo, persiste un grave rezago. Generalmente la respuesta depende de la presión mediática y el compromiso de las fiscalías es solamente decorativo. Cuando una situación alcanza grave notoriedad pública las autoridades suelen responder con rapidez, pero, sin embargo, en sus oficinas existen muchísimos expedientes que permanecen en el anonimato e inertes.
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Benigno Licea González, es doctor en Derecho Penal y Derecho Constitucional; fue presidente del Colegio de Abogados “Emilio Rabasa” y actualmente preside el Colegio de Medicina Legal y Ciencias Forenses de B.C.
