El exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, será citado a audiencia inicial en Mexicali, como parte de las investigaciones derivadas del caso Next Energy, relacionadas con un contrato de suministro de energía que habría representado un riesgo de daño patrimonial por miles de millones de pesos para el estado, informaron autoridades estatales.
El llamado a comparecer ocurre tras la detención del empresario regiomontano Eugenio Javier “N”, propietario de la empresa Next Energy, ocurrida a finales de 2025 por su presunta responsabilidad en los delitos de fraude y soborno.
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Al respecto, el consejero jurídico del estado, Juan José Pon, ofreció detalles sobre el avance de las investigaciones durante una conferencia realizada la mañana del 19 de enero.
“Se dio a conocer la detención del señor Eugenio en el estado de Aguascalientes, con motivo de la celebración de un contrato similar al de Baja California para la venta de energía a través de un parque fotovoltaico; fue el mismo modus operandi que se llevó a cabo aquí en el estado”, señaló
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El funcionario indicó que el gobierno estatal actuó de manera oportuna para evitar un daño significativo a las finanzas públicas, el cual habría superado los 6 mil 128 millones de pesos.
Añadió que 13 personas se encuentran presuntamente implicadas en los hechos relacionados con Baja California, de las cuales tres están vinculadas a proceso y ocho cuentan con autos de apertura a juicio oral.
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Asimismo, precisó que permanecen pendientes dos audiencias iniciales, correspondientes al empresario Eugenio Javier “N”, y el exgobernador Jaime Bonilla Valdez y programadas para los días 11 de febrero y 5 de marzo, respectivamente, en la ciudad de Mexicali.
El convenio con Next Energy, firmado en 2020 durante la administración de Jaime Bonilla Valdez, fue presentado como una estrategia para el suministro eléctrico de infraestructura hidráulica en la entidad. El proyecto contemplaba la generación de energía para la operación del Acueducto Río Colorado–Tijuana.
Sin embargo, el proyecto energético no contaba con los permisos necesarios por parte de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Secretaría de Energía ni la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por lo que fue considerado improcedente por el Consejo Consultivo de la CRE, al determinar que dichas competencias correspondían exclusivamente al gobierno federal.
Esta falta de autorizaciones fue uno de los elementos que derivaron en la rescisión del contrato en 2022 por parte del gobierno estatal de Marina del Pilar Ávila.
