El PROISSSTECALI se presenta como un programa de apoyo temporal para capitalizar al ISSSTECALI, pero en realidad constituye una reforma encubierta. Bajo el argumento de garantizar pensiones y jubilaciones, se impone un esquema voluntario de aportaciones patronales adicionales del 11 por ciento sobre el salario base de cotización. Aunque se afirma que no afecta directamente al trabajador, el diseño es jurídicamente frágil y políticamente oportunista, pues se conecta con condonaciones institucionales, reformas parciales y decretos presupuestales que configuran un modelo de vaciamiento progresivo del Instituto.
El acuerdo invade competencias legislativas al modificar de facto la Ley del ISSSTECALI sin pasar por el Congreso. Al destinar recursos exclusivamente al pago de pensiones y jubilaciones, excluye prestaciones obligatorias como salud, vivienda y servicios sociales. Además, al incrementar aportaciones dentro del salario base de cotización mediante un acuerdo administrativo, se altera la naturaleza del salario y se generan expectativas de derechos no previstos en la ley, lo que abre un frente jurídico delicado.
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A este riesgo se suma un precedente judicial. El Poder Judicial ya resolvió que condicionar derechos de seguridad social a aportaciones voluntarias es ilegal. En el caso del programa “#ISSSTECALI Aporto de Corazón”, se ordenó desincorporar las obligaciones impuestas a los pensionados y se prohibió su aplicación futura. El PROISSSTECALI reproduce esa lógica, pero con mayor riesgo: la voluntariedad no está en el trabajador, sino en el patrón. Si un municipio decide no adherirse, se abre un escenario de incertidumbre para la burocracia y el magisterio. Los patrones que no cubren déficit enfrentan dificultades para liberar pensiones o garantizar servicios médicos, mientras que quienes sí se adhieran podrían tener pagos garantizados hasta 2027. Esto genera desigualdad entre beneficiarios del mismo régimen y contradice el principio de universalidad de la seguridad social.
El PROISSSTECALI fue publicado como acuerdo administrativo en el Periódico Oficial del Estado el 27 de noviembre de 2025, con vigencia hasta agosto de 2027. No modifica la Ley del ISSSTECALI ni fue aprobado por el Congreso. Su carácter temporal y unilateral confirma que no es una reforma estructural, sino una medida transitoria sin garantía de continuidad ni respaldo técnico.
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Para entender su origen, conviene recordar la secuencia histórica. Desde 2022, el gobierno estatal ha transitado por distintas fases de intervención sobre el ISSSTECALI: primero con propuestas para modificar la ley, luego con llamados a una reforma estructural, después con intentos de reestructuración, de saneamiento y modernización institucional, y finalmente con el esquema de capitalización. En la glosa del informe 2024 ante el Congreso, el secretario de Hacienda advirtió que si no se realizaba una reforma en 2025, habría impago de pensiones. Esta declaración confirma que el problema no es coyuntural, sino crítico y urgente. Sin embargo, en lugar de resolver omisiones estructurales y proponer soluciones sostenibles, el gobierno optó por un esquema temporal que no atiende el fondo del problema.
En agosto de 2025, la gobernadora presentó ante el empresariado un diagnóstico donde se reconoció que el déficit del ISSSTECALI es el principal problema financiero del estado. Se admitió que las altas obligaciones de gasto, el mínimo margen de maniobra y la falta de inversión pública productiva han generado déficits recurrentes. A pesar de ello, se eligió un acuerdo administrativo en lugar de buscar un rescate financiero federal. En contraste, desde marzo de ese mismo año, el movimiento Unidos por la Defensa de ISSSTECALI (UDIS) solicitó al Congreso de la Unión un rescate integral, con reestructuración de pasivos, eliminación de pagos financieros, nuevas fuentes de ingreso y reingeniería interna de ISSSTECALI. La propuesta fue ignorada.
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A pesar de tratarse de un programa de capitalización, el PROISSSTECALI no se acompaña de un estudio actuarial que proyecte su viabilidad. No se evalúa si el 11% adicional es suficiente ni se modela el impacto en generaciones futuras. Esta omisión impide garantizar sostenibilidad más allá de 2027. El propio PDI de ISSSTECALI 2022–2027, advierte que cualquier reforma en seguridad social debe estar respaldada por evidencia actuarial, no por acuerdos administrativos.
El programa ya se busca integrar en el Presupuesto de Egresos 2026, que se aprueba en diciembre. Esto implica que se autoriza el aumento del 11 por ciento, como partida presupuestal y que quienes se adhieran durante el año generarán ampliaciones. En 2027, el tema volverá al debate legislativo, porque la autorización es anual y no puede comprometer recursos a futuro. El Ejecutivo no puede comprometer recursos más allá de su periodo. El programa no tiene garantía de continuidad ni de sostenibilidad.
Aunque el decreto afirma que no se descontará nada a los trabajadores, el impacto indirecto es evidente: si los patrones se retiran, el déficit se trasladará a la base, reduciendo recursos municipales y presionando para aumentar cuotas. El discurso oficial repite que “no afecta al trabajador o pensionado”, pero omite que el programa no genera derechos nuevos, que la aportación es voluntaria y que ya existen precedentes judiciales que invalidaron esquemas similares. El cierre del gobierno en 2027 no puede ser político ni presupuestal: debe ser técnico, legal y centrado en los beneficiarios. El PROISSSTECALI careció de viabilidad técnica-actuarial, de consulta y socialización; su validación pública por diversos actores será más simbólica que jurídica. Lo verdaderamente difícil es actuar con conciencia, construir sostenibilidad y defender al ISSSTECALI con propuestas y acciones reales.
Guillermo E. Rivera Millán es director general del despacho De la Peña y Rivera S.C. Fundador de Justicia que Transforma México A.C.
