Cuando un menor de edad es llamado a una sala de un juzgado penal a fin de que rinda su declaración, es el momento preciso cuando el derecho penal, siempre duro, áspero y poco sensible, tiene que encontrar un equilibrio en el afán de la búsqueda de la verdad con una necesidad de proteger a quienes son frágiles por su edad y que pueden ser sensiblemente, vulnerables para recibir daños que sean sumamente difíciles de reparar en su propia vida.
En nuestro país, los menores de edad pueden participar como testigos tanto en una carpeta de investigación como ante un Juez de Control, generalmente lo hacen con la calidad de testigos ya que fueron precisamente quienes presenciaron la comisión de un delito y en otros casos más graves, porque son las propias víctimas y muchas veces tienen que enfrentar esta experiencia sumamente difícil para ellos, ya que generalmente estarán en una sala de audiencia en donde serán subidos a un estrado para ser examinados, tanto por el fiscal como por los defensores privados o los de oficio. Se sentirá extraño en un ambiente que para nada es suyo, notará que hay un silencio absoluto desde el momento en que le tomen sus generales hasta antes y después del interrogatorio; la experiencia es sumamente difícil y lo pondrá indiscutiblemente nervioso. Muchas veces esta experiencia es tan difícil como el momento mismo en que fue víctima del delito.
Publicidad
La ley procesal penal habla del cuidado que se debe de tener en base al interés superior del niño, pero en realidad, lo que en la práctica sucede es la frecuencia de las omisiones a este tipo de prácticas, que deberían de cuidar su sensibilidad y que tanto el Juez de Control, la defensa y la Fiscalía ignoran totalmente, pues omiten por completo que el niño que es interrogado, vuelve a vivir la experiencia de lo que nunca debió suceder.
Para que el lector pueda tener una idea clara del tema que ahora abordamos, le tendré que recordar que de acuerdo a los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cada año en nuestro país se aperturan miles de carpetas de investigación en donde las víctimas son niños y adolescentes en delitos como violencia familiar, abuso sexual, feminicidio, y el testimonio de estos menores de edad es fundamental para poder comprobar el delito que se le imputa en la inmensa mayoría de los casos a una persona que es adulta, pero esas declaraciones se logran en condiciones de gran desventaja para la sensibilidad de los niños y de adolescente.
Publicidad
Para empezar estos interrogatorios se realizan en lugares en donde no existe la privacidad; se realizan entrevistas que se repiten incesantemente por servidores públicos carentes totalmente de la capacitación en materia de psicología infantil. El resultado, como es de esperarse, es un testimonio débil en lo jurídico y devastador en lo emocional, con preguntas como las siguientes: ¿Cómo que no te acuerdas cómo sucedieron los hechos si tú eres el ofendido? ¿Estás tratando de ayudar al acusado?
Entonces, aparece uno de los gravísimos problemas tratándose de la integración de carpetas de investigación o de diligencias, que se llevan a cabo en los juzgados especializados para adolescente: La revictimización.
Publicidad
El menor de edad es interrogado por diferentes auxiliares del Ministerio Público, o incluso, por diferentes fiscales, psicólogos, peritos, etcétera; hasta que finalmente y si la diosa de la justicia lo permite, su carpeta de investigación será judicializada y estará presente en una sala de juicios orales. Entonces viene otra etapa, nuevamente ahora con personajes totalmente desconocidos. Será interrogado duramente por los defensores privados o de oficio, contrainterrogado por el fiscal; cada quien lo orillará a enfrentar los hechos traumáticos, a responder preguntas que pueden ser hasta incriminatorias. Se tendrá que enfrentar a la incredulidad de los adultos que lo escuchan con suspicacia, que le dicen que hable más alto porque no se le escucha, olvidando que el menor se encuentra cohibido por todo lo que está viviendo en ese momento, por aquello que le hacen recordar y que representó un momento sumamente difícil de su vida. Tendrá que hablar en muchos casos de tema sexuales que le incomoda tratar ante adultos y personas que desconoce.
Benigno Licea González, es doctor en Derecho Penal y Derecho Constitucional; fue presidente del Colegio de Abogados “Emilio Rabasa” y actualmente preside el Colegio de Medicina Legal y Ciencias Forenses de B.C.
