La Fiscalía General de la República (FGR) tiene secuestrados dos predios en la zona de la carretera Tijuana – Tecate, que fueron asegurados por investigaciones supuestamente relacionadas con el robo de combustible y afectaciones al medioambiente. Pese a que los propietarios comprueban su inocencia ante jueces y los órganos de control interno de la misma fiscalía general, las autoridades insisten en mantener en resguardo uno de los predios, incluso desacatando órdenes judiciales.
En ambos casos, registrados en la zona conurbada entre las ciudades de Tecate y Tijuana, la víctima es el inversionista norteamericano Maximiliano, quien el 27 de noviembre de 2020 fue afectado por primera vez tras dos operativos, el 20 de enero de 2021 y en abril de 2021, en el que fueron asegurados dos predios donde tenía intereses en la colonia Federal Agrícola y Ganadera de Valle de las Palmas; ambos investigados por extracción de arena y daños al medioambiente, denunciados por Manuel Ontiveros Muñoz, Martín Ontiveros Burrola y Evangelina Muñoz Palacio. Y en el segundo caso por Gonzalo Valenzuela Pérez, con ayuda del agente del Ministerio Público, Juan Manuel Arreola Corona, en ambos expedientes.
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Uno de los predios fue recuperado tras un pleito legal por más de cuatro años y el otro sigue bajo el resguardo oficial de la FGR, pese al fallo de un juez que deslindó el caso por delitos por extracción de tierra en octubre de 2024 en el expediente FED/BC/TIJ/0003120/2020.
La segunda vez que Maximiliano fue víctima de la FGR fue el 12 de junio de 2025, cuando agentes ministeriales federales aseguraron otro predio en la zona conocida como Ojo de Agua. La diferencia entre el primer y el segundo caso son los actores involucrados en la misma institución del Gobierno Federal bajo la tutela del fiscal Alejandro Gertz Manero.
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Los abogados prepararon la defensa y en menos de 15 días la FGR respondió dos documentos que se contradicen, al emitir uno para su órgano interno firmado por el delegado Victorino Porcayo Domínguez y el subdelegado Sergio Castañeda Sanchotena, en el que reconocen que la víctima acreditó su inocencia y su legal proceder en su terreno; pero ante los juzgados, ambos funcionarios firman para abstenerse al amparo que solicitó Maximiliano, para evitar que le regresaran su predio en el kilómetro 152 de la carretera Tijuana – Tecate y 30 unidades que le decomisaron.
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FGR, CUATRO AÑOS DE SECUESTRO DEL PREDIO Y UNIDADES
La pesadilla para la familia de Maximiliano inició el 18 de enero de 2021, cuando la familia Ontiveros Muñoz denunció la extracción de tierra y el destrozo de su propiedad para el paso de maquinaria utilizado en el manejo de materiales pétreos. La denuncia se multiplicó cuando José Gonzalo Valenzuela Pérez interpuso otro proceso ante el mismo agente, Arreola Corona, lo que propició un operativo federal para dar cuenta de las supuestas alteraciones ecológicas. Como respuesta, los representantes de Maximiliano mostraron la documentación de los cuatro implicados en la extracción de tierra para avalar el manejo de la arena de acuerdo a la investigación del cateo realizado en 2021.
Durante tres años, los cuatro denunciados interpusieron más de tres amparos que fueron desestimados hasta que lograron audiencia con Alejandro Baltazar Chávez, juez de Distrito Especializado en Sistema Penal Acusatorio que en agosto de 2023 emitió el fallo contra la FGR por el caso del cateo en abril de 2021 y ordenó la devolución de los bienes asegurados en uno de los predios y maquinaria; pero la FGR desacató hasta que el 9 de febrero de 2024, cuando la Magistrada Teresa de Jesús Sandoval Rodríguez recibió la queja administrativa para la devolución de los bienes reclamados emitida desde el 21 de diciembre de 2023, y turnó el caso del amparo al Juzgado Decimosegundo de Distrito, para determinar que se garantizara la devolución sin costo de sus bienes, al atestiguar que no existe materia que acredite algún delito.
Ya una vez recuperado el predio, el 27 de agosto de 2024, Maximiliano y sus socios interpusieron una demanda contra el agente del Ministerio Público, Juan Manuel Arreola Corona, y a los denunciantes de ambos casos, José Gonzalo Valenzuela Pérez, María Medina Ortiz y Martín Ontiveros Muñoz, por las afectaciones derivadas de los cateos e investigaciones sin sustento legal reconocido en el fallo del juez Baltazar Chávez. La denuncia sigue sin efecto ni sanciones contra el MP, incluso sin una acción por el Órgano Interno de Control de la FGR.
En el otro predio cateado el 20 de enero del 2021, que tuvo sentencia hasta el 3 de julio de 2025, se dictó la no vinculación a proceso por extracción de arena de la causa penal 1130/2022 en contra de la familia de Maximiliano; un fallo del juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Agustín Valdés Galindo, revisó el caso por extracción ilícita de materiales pétreos.
El juez décimo de distrito en Baja California, Marco Antonio Manuel Mercado Flores, el 24 de septiembre de 2025, al conceder la suspensión definitiva del caso, expuso la insistencia en el reclamo de devolver sus bienes, tanto el terreno como equipo, vehículos y muebles a las víctimas de la FGR; y en el documento se expone la acreditación de cada bien, así como la inexistencia de pruebas sobre algún delito perseguido de orden federal.
Hasta el momento, el predio no ha sido regresado formalmente a los propietarios. A pesar de las multas y la orden judicial, la FGR se ha rehusado a devolver el predio.
VENDETTA DE LA FGR, ASEGURA OTRO PREDIO POR HUACHICOL
A menos de un mes de que el juez Valdés Galindo emitiera la no vinculación a proceso por la extracción de arena, el 3 de junio de 2025, la FGR ya había iniciado otro proceso, ahora por presunto huachicol en contra la familia de Maximiliano, el 10 de julio, todo después de una llamada de la que no se muestran registros comprobables o científicos en los documentos judiciales.
Fue una llamada telefónica anónima que denunció “actos delictivos” el 10 de junio de 2025 lo que inició la carpeta de investigación FED/BC/TIJ/0011561/2025 contra la familia de Maximiliano, cuando se cumplimentó una orden de cateo el 11 de junio y ejecutada el 12 de junio en un predio sobre el kilómetro 152 de la carretera Tijuana – Tecate, en donde se presume que la FGR habría hecho una presunta investigación que derivó en el aseguramiento de dos mil 300 litros de Diesel en un tanque para dispensar y 30 vehículos de trabajo como tractocamiones, además del arresto de dos trabajadores, Héctor y Jorge.
En el operativo, los agentes de la FGR llegaron al predio a las siete de la mañana y lo primero que hicieron fue detectar las cámaras de videovigilancia y quitarlas mientras otros agentes realizaban las diligencias. De manera intimidatoria buscaron pruebas para legitimar el hallazgo de combustible y entre los desperdicios encontraron vacío un envase de 1.2 litros de cerveza que fue usado por el MP como depósito de una muestra de Diésel que los agentes presumirían para evidenciar el supuesto huachicol en la zona Este de Tijuana. El agente encargado de la muestra, enchamarrado y uniformado de colores oscuros, se inclinó para preparar el envase y obtener su evidencia, y levantó la botella -“como brindando”- hacia la cámara más alta que no alcanzaron a destruir los agentes federales de Gertz Manero.
Desde el primer momento del operativo, a plena luz del día, los propietarios y administradores presentaron los permisos para almacenar y manejar combustible otorgados por la Comisión Reguladora de Energía, incluso con testimonios de la Secretaría de la Defensa (Sedena). El caso carecía de pruebas y legitimidad, por lo que la FGR tuvo que poner en libertad a los dos detenidos por “atipicidad”, lo que significa que la autoridad no encontró delito para iniciarles un proceso legal.
LA IRRESPONSABILIDAD DE LA FGR Y EL ABANDONO DEL PREDIO SECUESTRADO
La carencia de personal y mecanismos de seguridad para bienes resguardados por la Fiscalía General de la República, fue lo que propició vandalismo en un predio a pie de carretera con poca población a la redonda y con inmuebles, maquinaria y metales expuestos.
Maximiliano y su familia colocaron vigilancia itinerante para inhibir el robo de metales, cableado y equipo, por lo que ya habían detectado a un grupo de hombres que cínicamente ingresaban al terreno para desarmar, quemar cableado y saquear.
La irresponsabilidad de la FGR de descuidar un predio que supuestamente está investigado por huachicol se evidenció en el ataque armado contra agentes de investigación estatales de Baja California registrado el 3 de julio. De nueva cuenta, un grupo de hombres estaba dentro del predio, fueron denunciados y el reporte fue atendido por agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE); al ubicarlos inició una persecución que terminó en intercambio de balazos, un presunto delincuente herido y otros dos detenidos. El robo de material está registrado en la FGE por la denuncia de los afectados.
LAS CONTRADICCIONES DE LA FGR EN EL CASO
Por una parte, la libertad de los dos detenidos por carecer de pruebas para consumar un delito pone en perspectiva que en el predio tampoco se estaba consumando ninguna irregularidad.
Por otro lado, está el acuerdo legal en el que el Ministerio Público Federal Juan Manuel Cuevas Aguirre firmó negando la devolución o la entrega del predio en un documento firmado el 26 de junio que se opone al documento que había firmado Cuevas Aguirre seis días antes, el 20 de junio, dirigido a Efraín López Rodríguez, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Extinción de Dominio (FEMED), en el que reconoce que no hay elementos para investigar o acreditar algún delito del fuero federal. Documento firmado por el jefe de equipo de investigación Manuel Bernardo Cabrero Cadena, el subdelegado Sergio Castañeda Sanchotena y el Fiscal Federal de la FGR en Baja California Victorino Porcayo Domínguez.
TEMEN A LAS SUBASTAS DE LA CORRUPCIÓN
Uno de los futuros no deseados es que los bienes terminen en las listas de las subastas de bienes confiscados por la Federación, que la Presidenta Claudia Sheinbaum avaló darles continuidad en su gobierno mediante el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), desde el pasado mes de julio.
Y es que en las subastas al martillo presencial como en línea se rematan joyas, autos, instrumentos musicales, casas, edificios, bodegas, terrenos, mansiones, fincas y locales comerciales; por lo que hay un temor fundado que la fijación de los funcionarios de la FGR en Baja California termine en un problema legal derivado de desacatar las decisiones de un juez federal en la localidad.
Además de la devolución de los predios a sus propietarios y de la maquinaria con más de cuatro años en desuso, otra interrogante es quién se hará responsable del desgaste del equipo, de pagar las reparaciones de la maquinaria y del inmueble vandalizado, ya que, por lo pronto, la pelea legal en cada uno de los tres procesos ha sido la devolución sin costo de lo incautado por la FGR de Gertz Manero.
