“No hay la más mínima intención del Ejecutivo de cambiar algo” en el proyecto de Ley de Ingresos del Estado para 2026, dijo la diputada del Partido Acción Nacional, Alejandrina Corral Quintero, sobre la petición de empresarios para que se reduzca de 4.25 a 3.0% la tasa del Impuesto a la Nómina.
En víspera de que el Pleno del Congreso someta a votación el dictamen 116 relativo a la Ley de Ingresos, la diputada también criticó la pretensión del Ejecutivo es desaparecer el Fideicomiso Empresarial (FIDEM) para que el gobierno sea el único que administre los recursos.
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El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Tijuana, Roberto Vega Solís, compartió con NEGOCIOZ que sostuvo una reunión de dos horas y media con el secretario de Economía e Innovación, Kurt Honold Morales, quien le manifestó que no veía factible la reducción del Impuesto, “porque ese ingreso lo tienen como un colateral del Bono Verde”.
No obstante, dijo, se acordó trabajar para hacer más “amigable” el decreto que permite a empresas de hasta 50 empleados pagar el 3% del Impuesto, ya que actualmente el beneficio se acota a las que estén al corriente, sin considerar que las micro y pequeñas empresas tienen problemas de flujo que hace que tengan retrasos.
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Hacer más funcional el decreto “va a tomar a lo mejor algunos meses, pero sí debe quedar el próximo año” y preferentemente en ley. Para ello se instalará una mesa con el secretario de Hacienda, Andrés Pulido. Además, se programará una reunión con el titular de Sidurt, Arturo Espinoza, en aras de mejorar la infraestructura del Estado.
Vega Solís calificó la reunión como “positiva” porque se estableció un diálogo sobre cómo generar un entorno de mayor competitividad para el estado.
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El 15 de diciembre de 2025, parte del sector empresarial de Tijuana -encabezado por Vega Solís- llamó al Ejecutivo y al Legislativo a reducir la tasa del Impuesto a la Nómina, con el fin de preservar el empleo formal en la entidad, ya que se han perdido puestos de trabajo debido a la incertidumbre causada por los constantes cambios en la política laboral, la reforma judicial y los aranceles.
“Hemos tenido 800 empresas que se dan de baja en lo que va del año, un promedio de 26 por día. Hoy tenemos el cuarto lugar en la pérdida de empleos; 21 mil empleos sólo en la manufactura y la maquila”, indicó Vega Solís ese día.
El empresario alertó que, de no lograrse dicha reducción, el estado podría perder entre 50 mil y 75 mil puestos formales en 2026. Dejaría de captar 2% de la inversión en la frontera norte, pues la tasa del Impuesto a la Nómina de Baja California es las más alta del país y le resta competitividad respecto a Nuevo León, Coahuila, Chihuahua y Sonora que tienen una tasa de 3%.
Corral Quintero anticipó su voto en contra de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 2026 que contemplan recursos por más de 92 mil 118 millones y que serán votadas en el Pleno del Congreso este 19 de diciembre de 2025.
La legisladora blanquiazul argumentó que se pretende un endeudamiento “disfrazado” por tres mil 515 millones de pesos, mediante dos contratos plurianuales que suscribirán INFRAVI para obras carreteras y la CESPT para obras complementarias a la desaladora de Rosarito.
“Lo más grave es que la gobernadora dejará la deuda al siguiente gobierno”, porque esos contratos plurianuales comenzarán a pagarse en 2027 y se liquidarán hasta 2039. Con una “argumentación simplista” y sin reunir los requisitos del artículo 73 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público se pretende autorizar al Ejecutivo “comprometer el gasto público de 12 años”, acusó
