El 8 de diciembre de 2025, el ex gobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez ingresó al Centro Federal de Readaptación Social Número Uno, El Altiplano, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, tras ser detenido en territorio chihuahuense. La Fiscalía General de la República (FGR) le imputa su presunta participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La captura de Duarte Jáquez se ejecutó en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida el 16 de mayo de 2024 por un juez de control. Ernestina Godoy Ramos, titular de la FGR, informó que los hechos materia de investigación corresponden a su probable intervención como servidor público en el estado de Chihuahua en un esquema de lavado de dinero, mediante el cual pretendió ocultar recursos de procedencia ilícita desviados de las arcas estatales utilizando el sistema financiero mexicano.
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El traslado del ex mandatario estatal se realizó mediante un convoy integrado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Secretaría de Marina (SEMAR). Duarte Jáquez fue capturado en Chihuahua, trasladado a la Ciudad de México y posteriormente conducido por vía terrestre hasta el penal mexiquense.
La detención constituye el segundo arresto del ex funcionario priista. El 8 de julio de 2020, Duarte Jáquez fue capturado en Miami, Florida, Estados Unidos, y posteriormente extraditado a México el 2 de junio de 2022 por los delitos de peculado y asociación delictuosa.
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Duarte Jáquez, nacido en Hidalgo del Parral en 1963, fue militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) desde la década de 1970 y ocupó diversos cargos, entre ellos la presidencia de la Cámara de Diputados y la titularidad del Poder Ejecutivo del estado de Chihuahua. Desde su salida del cargo en 2016, enfrentó múltiples investigaciones y órdenes de aprehensión por presuntos delitos financieros, incluido el desvío de recursos por más de mil 200 millones de pesos presuntamente destinados a financiar campañas electorales del PRI.
En 2017 se emitió la primera orden de captura en su contra, tras lo cual permaneció prófugo de la justicia hasta su detención en Estados Unidos. Durante ese período, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó su expulsión como afiliado al PRI por considerar que su figura dañaba la imagen del partido.
