Para los habitantes de Las Pocitas en el municipio de La Paz, la delegada de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Berenice Ramírez Cruz, protege al responsable de verter elementos tóxicos en un predio de la comunidad que originó al menos 6 kilómetros de contaminación por aceites, combustóleo y desechos de hospital.
En una denuncia anónima ante la Secretaría de la Función Pública, con atención a Alicia Barcena Ibarra, secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, y Mariana Boy Tamborel, procuradora de Profepa, exponen a la funcionaria federal de Baja California Sur.
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“Es muy descarado por parte de todas las autoridades la protección al responsable de este hecho el Sr. José Carlos Duarte Rodríguez, propietario de las empresas Petroquímicos Aspen y Diseltec, S.A de C.V., empresas que se dedican al negocio de manejo de residuos peligrosos. Tanto las autoridades Municipales de Ecología de La Paz, así como la encargada de la Profepa, Berenice Ramírez Cruz, protegen a este señor”, refiere la denuncia radicada en órgano interno de control de la institución.
Y es que, a pesar de que el 11 de agosto Adán Álvarez Martínez cedió los derechos del predio conocido como Derramadero Las Orejas, Berenice Ramírez pretende culpar al ciudadano, junto con los directivos del Ejido Ley Federal de Aguas Número 3, por daño ambiental.
El problema inició desde los primeros días del mes de agosto del 2025, cuando el Comité de Participación Ciudadana de la Delegación de Los Dolores recibió la denuncia por parte de pobladores acerca de un tiradero clandestino de desechos tóxicos en dicho predio de la comunidad de Las Pocitas.
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“Hay residuos tóxicos de hospitales; hay baterías, muchísimas baterías; más de 50 tambos de 200 litros que tenían aceite, pero ya no tenían, el aceite estaba derramado; muchas cubetas de pintura tóxica, son residuos peligrosos; había más de 60 costales blancos de una tonelada de los que se utilizan para mover cemento. Todos esos eran de desechos de hospitales, también contenían medicamento caducado, muchos medicamentos”, describió Susana Rubio, habitante de la comunidad de Las Pocitas y representante del Comité.
El 20 de agosto, el delegado Miguel José Murillo Espinosa notificó a la Dirección de Medio Ambiente de La Paz de esta situación, pero no hicieron mucho por atenderla. Es por ello que lo hizo directamente a la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga “y ella le notifica al coordinador de Delegados, Francisco Álvarez”, afirmó Susana Rubio.
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Hasta el 22 de agosto, tras la denuncia en redes de los habitantes, personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente acudió a Las Pocitas a verificar el asunto. Allí los habitantes confesaron que había movilización de camiones con desechos tóxicos sin rótulos.
“Había movimientos de un camión de carga con tambos de 200 litros el 14 de agosto, entonces la persona se acerca el 19 de agosto a presentar la denuncia a Las Pocitas en la Delegación, y la policía va, pero al ser una propiedad privada, pues no ingresaron; sí dijeron que se veían unos bultos blancos y tanques, ese es el reporte que ellos hacen. Posteriormente, para el 22 de agosto por redes, dos de las personas afectadas hicieron la denuncia (pública) de que en uno de los predios vecinos estaban desechos tirados ahí”
En una primera verificación se comprobó el daño ambiental, tomándose nota de aproximadamente entre 4 y 6 km cubiertos de aceite o combustóleo, que se derramó por todos esos predios, afectando en ese momento ocho huertas de cultivo y campos composteo para que el ganado pueda pastar.
De acuerdo con los datos obtenidos por ZETA, las empresas Petroquímicos Aspen y Diseltec contaban con un depósito en el Parque Industrial de La Paz, pero fue clausurado el 7 de agosto de este 2025, unos días antes de que ocurriera el derrame de desechos tóxicos en Las Pocitas.
“Suspendimos las actividades del centro de acopio de residuos peligrosos en Baja California Sur, al detectar un mal manejo de materiales y la falta de documentación que acreditara su operación legal”, confirmó la Profepa en su momento.
Para los habitantes de Las Pocitas, la Profepa debió asegurarse que la empresa dejara de operar o que contara con un segundo sitio de depósito de sustancias tóxicas, uno en que sí contara con las guías de disposición final de los desechos, ya que esta fue la razón por la que fue clausurado el primer depósito, evidenciando que no contaban con un lugar destino.
El único sitio para depositar sus desechos debería estar sin operación, sin embargo, a pesar de haber sido clausurado, la empresa retiró los sellos federales y pintó el portón de color negro.
TRATARON DE OCULTAR EL DELITO
En cuanto al derrame en Las Pocitas, fue hasta el 7 de octubre cuando autoridades municipales, estatales y federales “tomaron la determinación” de limpiar el predio con la “ayuda” de otra empresa Comercializadora Ecológica de Occidente, S.A. de C.V., que también tenía sus instalaciones de depósito en la misma dirección que las empresas de Duarte Rodríguez.
La limpieza se hizo después de que hubiera llovido y los desechos tóxicos se habían esparcido, incluso llegaron al mar. Pero antes de la limpieza, los responsables del ecocidio acudieron unas semanas antes para destruir la evidencia del delito, pues trabajadores le prendieron fuego a ésta, a pesar de estar bajo investigación.
“El 22 de agosto vino Profepa, hizo la verificación y todo eso; no se acordonó el área, no se protegió, nada, ahí quedó todo a la deriva. El 19 de septiembre por la mañana se ve una fumarola a lo lejos, porque estamos hablando que es en el kilómetro 119, Las Pocitas está en el kilómetro 112, y esto ocurrió en el kilómetro 119; se ve el incendio y empieza a llegar un olor fuerte, amargo, se te daba la boca amarga, inhalabas amargo. Se hizo el reporte también de que ya habían incendiado ahí, para los días siguientes llueve y empieza a fluir toda el agua contaminada, retomando el cauce del arroyo que este va a ir desemboca al Océano Pacífico”, recordó Susana Rubio Lucero.
La lluvia arrastró por varios kilómetros medicamentos, aceite, y los restos después del incendio, afectando huertas y todo a su paso por unas siete u ocho hectáreas, con el “agua contaminada que se fue empapando la tierra de eso (aceites), y había una nata gruesa, un espesor que abarcaba como 1 cm de profundidad de aceite penetrado en la tierra”, sostuvo Rubio Lucero.
Ante esta situación, el gobernador del Estado, Víctor Castro, confirmó lo que los habitantes ya le habían dicho acerca de estas empresas de recolección de residuos tóxicos.
“Fue lo mismo que hicieron estos criminales que en lugar de cumplir su tarea para la que se les contrata y evitar, reduce sus gastos. Así que la investigación está en curso desde el primer día que nos enteramos; el proceso fue confiscar el sitio, ya se tienen todas las autorizaciones para entrar al predio, ya se aseguró”, según el gobernador.
Según los habitantes, es probable que las empresas Petroquímicos Aspen y Diseltec estén involucradas en otros derrames y con protección de Profepa, pero como en este caso los afectados han viralizado su denuncia en redes sociales, les están provocando un grave problema en el negocio.
Incluso, no esperaban que los ejidatarios se informaran y pusieran varias denuncias ante el Órgano Interno de Control Profepa, Función Pública, Semarnat y hasta Presidencia de la República.
“La Profepa está protegiendo al empresario; saben de las empresas que manejan esos residuos peligrosos, quién tiene ese giro comercial e industrial, deben contar con una bitácora, inspecciones y hasta un punto de destino final con guía. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué la Delegación de Profepa protege a estas empresas? ¿Qué le deben?”, denunció uno de los habitantes.
La representante del Comité de Participación Ciudadana de la Delegación de Los Dolores dijo que hay sospechas de que la empresa está involucrada en un sinnúmero de afectaciones graves al medio ambiente, pero nadie lo sanciona.
“Curiosamente esta empresa se ha visto involucrada en más de dos o tres situaciones raras, un accidente en el kilómetro 73 de Loreto – Santa Rosalía, otros hechos acá por San Carlos y otros ahí en La Paz. Llama mucho la atención si la Profepa, la directora Berenice Ramírez Cruz, tiene toda esta información, si la Fiscalía tiene toda esta información, por qué no han actuado, porque existe la reparación del daño; esta gente, los propietarios de las huertas, ya no van a poder sembrar y tampoco van a poder soltar su ganado”, lanzó Susana Rubio.
Además, dijo que en materia ambiental detectaron aves remojadas en aceite, así como serpientes muertas, lagartijas y otras especies afectadas de flora y fauna, lo que representa un grave daño ambiental.
COINCIDENCIAS DEL DESASTRE ECOLÓGICO
Todo apunta a que la Profepa y las autoridades de Baja California Sur protegen al responsable del ecocidio en la comunidad de Las Pocitas, pues ya son varios incidentes en los que presuntamente están involucradas empresas relacionadas entre sí.
Las empresas señaladas por los habitantes afectados de la comunidad rural de La Paz, contaban con un depósito en el Parque Industrial de la ciudad, el cual fue clausurado días antes de que detectaran los derrames de sustancias tóxicas en el predio.
Dicho terreno fue cedido por Adán Álvarez Martínez el 11 de agosto en favor de José Carlos Duarte Rodríguez, propietario de las empresas Petroquímicos Aspen y Diseltec; la sucesión de derechos se dio con un valor de 140 mil pesos en dos pagos, uno el 11 de agosto por 70 mil pesos, y otro el 11 de septiembre por el mismo valor.
Entre los casos que menciona una fuente de Ecología del Gobierno del Estado, es que estaría relacionada con un tiradero de aceite usado en tambos de 200 litros cada uno, en el relleno sanitario de Ciudad Constitución en Comondú, encontrado en flagrancia por la Policía Municipal, transporte trasladado a la ciudad de La Paz por personal de Profepa y donde se levantó acta de inspecciona la empresa Petroquímicos Aspen S.A. de C.V. el día 22 de enero de 2024.
Además de colocarse de sellos de clausura por parte de Profepa a la empresa Diseltec, S.A de C.V. el día 7 de agosto de 2025, en el predio ubicado en calle Parque Industrial por hacer mal uso del centro de acopio, ya que no comprobó el destino final de toneladas de residuos peligrosos que llegaron al centro.
En redes sociales el día 17 de septiembre de 2025 se denunció un tiradero de residuos peligrosos aceites usados, trapos, botes, tierra, grava contaminada con aceite usado, así como baterías, medicamentos caducos, líquidos de hospitales, jeringas, bolsas de sueros tiradas; también a un costado del km 109 de tramo carretero La Paz – Ciudad Constitución en la Delegación de Los Dolores, fue observado en cañada más de 700 tambos de 200 litros cada uno de aceite usado, manifestando la población que tenían más de 20 días que entraban pipas y tráilers con gente a tirar las sustancias peligrosas.
“Un llamado público enérgico, respetuoso, para que quienes sean responsables se aboquen a salvaguardar el predio, porque es un lugar en donde a principio de cuentas está de libre acceso. Sentir el grave ecocidio que a nuestro juicio está sucediendo porque hay montones de pilas de baterías, hay montones de restos de equipo médico; alguien lo incendió, seguramente lo hizo a propósito para eliminar pruebas”, externó en su momento Javier Bustos, regidor del Ayuntamiento de La Paz.
Entre 2021 y 2025, autoridades ambientales han detectado tiraderos clandestinos de sustancias tóxicas, desechos de hospital, baterías y otros químicos, en puntos como el tramo carretero de Los Barriles a El Cardonal, en un predio cerca de Aura Solar y en el camino al Relleno Sanitario, todos en el municipio de La Paz.
Las empresas de recolección de residuos, prestan servicios a talleres, hospitales, refaccionarias y hasta la misma Comisión Federal de Electricidad (CFE), recolectando restos de combustóleo y otros contaminantes.
