Las empresas suelen generar un impacto positivo en la vida de las personas; sin embargo, en determinadas circunstancias también pueden ocasionar efectos negativos difíciles de reparar. Su actividad incide en una amplia gama de derechos humanos, entre los que destacan los derechos laborales, el derecho a un nivel de vida adecuado, el derecho a la salud, el derecho a un medio ambiente sano y el derecho a la alimentación, entre otros.
En este sentido, la relación entre las empresas y los derechos humanos es esencial para el desarrollo sostenible y para garantizar el respeto de los derechos de las personas en todo el mundo.
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Si bien, muchas empresas reconocen la importancia de respetar los derechos humanos en el ejercicio de sus operaciones, enfrentan desafíos significativos para hacerlo de manera efectiva. La presión por maximizar beneficios, la competencia intensa en los mercados y la insuficiente supervisión y regulación pueden derivar en prácticas comerciales que vulneran derechos.
Desde el enfoque de los derechos humanos se han logrado avances relevantes, como la responsabilidad social empresarial, cuyo objetivo es proyectar cercanía y sensibilidad frente a los problemas que enfrenta la sociedad, promoviendo el cuidado del entorno en el que interactúan la empresa y la comunidad.
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La responsabilidad empresarial de respetar los derechos humanos se refleja en el cumplimiento de las normas, en la adopción de un compromiso corporativo de respeto, en la implementación de procesos de debida diligencia y en la existencia de mecanismos eficaces de reparación.
La responsabilidad empresarial de respetar los derechos humanos también encuentra concreción en prácticas verificables que permiten evaluar su impacto real en la sociedad. En este marco, el Reconocimiento a las Buenas Prácticas Empresariales en Derechos Humanos del Estado de Baja California, constituye una referencia clave, al identificar aquellas acciones ejemplares que materializan dicho compromiso en ámbitos específicos.
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En atención al Reconocimiento a las Buenas Prácticas Empresariales en Derechos Humanos del Estado de Baja California, se clasifican prácticas ejemplares dentro de los siguientes rubros:
- Compromiso político con los derechos humanos. Declaración formal y pública de respeto a los derechos humanos, adoptada en políticas empresariales visibles y vigentes.
- Debida diligencia y remediación. Implementación de procesos para identificar, prevenir, mitigar y reparar impactos negativos en derechos humanos relacionados con las actividades de la empresa.
III. Normas laborales. Acciones que promuevan condiciones de trabajo dignas: contratación justa, salarios equitativos, seguridad ocupacional, libertad sindical, entre otros.
- Igualdad y no discriminación. Programas, políticas y mecanismos verificables, permanentes y sujetos a evaluación periódica, orientados a promover entornos laborales inclusivos y diversos, libres de discriminación, acoso o violencia. Incluye acciones afirmativas, capacitaciones, protocolos de atención y medidas para garantizar la participación equitativa en toda la cadena de valor.
- Medio ambiente. Políticas corporativas verificables y sujetas a evaluación periódica, orientadas a prevenir la contaminación, promover el uso sostenible de recursos naturales, reducir emisiones y disponer correctamente los residuos generados por la actividad industrial.
- Responsabilidad social empresarial. Acciones que integran de manera voluntaria prácticas éticas y de respeto por la comunidad en las operaciones diarias.
VII. Anticorrupción y transparencia. Implementación de códigos de ética, controles internos y sistemas de rendición de cuentas para combatir prácticas ilícitas y fomentar la transparencia.
Promover las buenas prácticas empresariales en derechos humanos es un elemento clave para mejorar la calidad de vida de las personas y fortalecer la cohesión social. Su adopción contribuye a garantizar que el desarrollo económico vaya acompañado de impactos positivos en la comunidad y en el entorno. Además, constituye una estrategia indispensable para avanzar hacia el desarrollo sostenible en armonía con los objetivos de la Agenda 2030. Es importante avanzar en el desarrollo de nuestro mundo, pero sin comprometer los recursos de las futuras generaciones e incluyendo siempre a los grupos antes llamados vulnerables y hoy de atención prioritaria.
Melba Adriana Olvera fue presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Baja California.
Correo: [email protected]
