El Colegio de Abogados de Tijuana A.C. y el Colegio de Abogados Emilio Rabasa A.C. rechazaron la reforma a la Ley de Amparo, que Morena y partidos afines aprobaron en el Senado y que fue enviada a la Cámara de Diputados.
Daniel Avitia Beltrán, presidente del Colegio de Abogados de Tijuana A.C. consideró que la iniciativa trae consigo “graves riesgos” de regresión constitucional.
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El amparo es la punta de lanza de la protección ciudadana frente a los abusos de autoridad y es el escudo que personas comunes pueden invocar para que sus derechos no se vulneren arbitrariamente.
“Cuando se reglamenta este mecanismo con exigencias excesivas de forma, definiciones rígidas y posibilidades de incumplimiento, el juez deja de ser escudo y puede volverse muro”, señaló.
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Avitia Beltrán expuso su preocupación por la redefinición del interés legítimo como un criterio ultra restricto que sólo reconoce al quejoso con lesión individual clara y diferenciada, pues esto podría cerrar la posibilidad de acceder a un amparo por parte de colectivos, organizaciones o grupos afectados colectivamente, que no logren acreditar minuciosamente esa diferencia.
En su opinión, es más grave la limitación de las suspensiones provisionales que evitan la ejecución de actos reclamados mientras se resuelve el fondo de un asunto y la exención de responsabilidad para las autoridades que no cumplan con las sentencias.
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Consideró inaceptable que en nombre de la “eficiencia” se sacrifiquen derechos, por lo que pidió que sea preservado la amplitud del interés legítimo conforme a la doctrina constitucional y los estándares internacionales. Que las suspensiones puedan otorgarse para proteger derechos irreparables, sin criterios automáticos de denegación y que el cumplimiento de las sentencias de amparo sea vinculante y sujeto a sanciones personales a los servidores públicos.
En ese sentido, Avitia Beltrán aseveró que el “amparo no es un privilegio para unos cuantos: es un derecho de todos”.
Mario Alessandrini Pérez, presidente del Colegio de Abogados Emilio Rabasa A.C., señaló que la agrupación está en desacuerdo con la reforma a la Ley del Amparo, puesto que el juicio de amparo es una de las herramientas más complejas del sistema jurídico mexicano y la más importante para garantizar derechos fundamentales de las personas.
Las modificaciones sobre la suspensión e interés legítimo son un “retroceso” y ponen en riesgo la protección de los derechos humanos. “En casos sencillos la suspensión es inadmisible, pero en asuntos ambientales, colectivos o de gran impacto social la reforma introduce ambigüedades que dejarán a los ciudadanos en desventaja frente a la autoridad”, señaló.
Reprochó que la iniciativa no haya sido consultada ampliamente con especialistas de todas las regiones del país. De ser aprobada finalmente por el Congreso de la Unión, la reforma a la Ley del amparo será de “gran afectación a la ciudadanía” al reducirle y limitarle sus mecanismos de defensa ante arbitrariedades de la autoridad.
Asimismo, Alessandrini Pérez invitó a la ciudadanía a “defender el cada vez más precario Estado de Derecho, pues de ser aprobada en los términos en que se plantea, implicaría el riesgo de restaurar en México un gobierno totalitario”
