La propuesta de reformar la fórmula nacional y local para distribuir el financiamiento público a los partidos políticos busca evitar que algún instituto reciba más del 40% del presupuesto, pese a haber obtenido solo el 3.56% de los votos en la elección de 2024. La iniciativa, presentada por el diputado Juan Manuel Molina, fue entregada al Congreso de la Unión desde julio, aunque aún no ha sido discutida en comisiones. El tema fue expuesto durante los Foros para la Reforma Electoral en México, realizados este miércoles 29 de octubre en el CEART Tijuana.
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Molina reconoce que está por aprobarse la misma fórmula, que distribuye el 70% del presupuesto a los partidos políticos minoritarios en Baja California, por lo que se proyecta que la lucha jurídica se dé en el nuevo Poder Judicial Electoral, donde hay esperanza de que los criterios contra el aliado político del oficialismo sean diferentes con los nuevos jueces electos.
“Para empezar sabe que en el proceso electoral del año pasado, ese mismo partido político por ser el único local recibió cerca de 125 millones de pesos que pues definitivamente no le dio para obtener más del 3.67% de los votos. Sé que el órgano local está a punto de aprobar el financiamiento 2026, tendremos que ir nuevamente a impugnar si esta reforma no sucederá antes la cuestión de la temporalidad en la aplicación de la ley, pero también también confiamos en que la nueva integración de la sala superior pueda abordar estos temas que nosotros planteamos que en el proyecto anterior del magistrado Felipe de la Mata”, explicó el diputado local por Morena, Juan Manuel Molina.
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Por su parte, Joel Abraham Blas Ramos, representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ante el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), señaló:
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“Unificación de criterios en relación al financiamiento público de los partidos políticos locales. Ya mencionado por dos de mis compañeros, hoy por hoy un partido local como es el Partido Encuentro Solidario (PES) recibe 80 millones de pesos de forma anual, que es lo mismo que reciben todos los partidos políticos nacionales. Esta situación, aun cuando tiene una ínfima votación de 3.7%, además de que es desigual, es totalmente inequitativa de la contienda electoral”.
Ante ambos pronunciamientos, no reaccionaron ni la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda ni la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez, quien forma parte del comité organizador de los Foros para la Reforma Electoral en México.
“El partido local recibe 1850.33% más que los partidos nacionales en la bolsa de distribución igualitaria. Este asunto ya fue llevado en dos ocasiones al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La última ocasión llegó hasta la sala superior, impugnado por el Partido Morena, y en una votación empatada, dos a dos, se decantaron por la improcedencia de la reconsideración y no abordaron el fondo, habiendo un proyecto que citaba muchas veces el tema de desproporcionalidad y falta de equidad en la distribución”, agregó Juan Manuel Molina.
Las fotos para comprobar asistencia
Durante las dos horas de desarrollo del foro, trabajadores del gobierno estatal y transportistas fueron obligados a asistir y comprobar su presencia, por lo que la mayoría se tomó selfies para compartir y cumplir, provocando movimiento constante en la segunda mitad de las sillas.
“Por fin se nos hizo”, dicen ponentes mientras hacen propuestas a Rosa Icela
Esperanzados de ser escuchados por el gobierno federal de Morena, algunos de los participantes expresaron comentarios como “por fin se nos hizo”, dicho por la defensora de derechos humanos Michelle Calderón Vargas, en alusión a la esperanza de que sus ideas lleguen a algún diputado federal que las lleve a la Constitución. Esto contrasta con la iniciativa presentada por el Congreso local de Baja California —de mayoría morenista— en julio, para limitar el excesivo financiamiento al partido PES de la familia Hank.
Entre los participantes estuvo la abogada Berenice López Meza, quien insistió en la paridad de género y la revisión de los lineamientos paritarios para precandidaturas; la magistrada electoral de Baja California Graciela Amezola Canseco; y el catedrático de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), Saúl Ramírez Sánchez, quien pidió tipificar como delito electoral la usurpación de la figura indígena en representación indígena.
“Tiene que ver con la representación de comunidades indígenas y reconocer que ellos deben posponer a sus representaciones. México es pionero en este sistema electoral y este horizonte está reconocido, pero es viable y urgente que las comunidades indígenas puedan postular para todos los cargos, incluso a la presidencia de la República. Incluso revisar candidaturas de representación proporcional”, explicó el catedrático Ramírez.
La defensora pública Guadalupe Malpica Gómez solicitó la revocación de mandato en los estados con participación del 10% del electorado y con mayoría a favor después de las primeras tres semanas y antes de los primeros tres años.
El catedrático de la UABC en Ensenada José Alfonso Galindo Santos pidió explorar mecanismos para la elección digital mediante el apoyo de la tecnología.
El integrante de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales en Baja California, Raúl Guzmán, pidió revisar el financiamiento de los partidos políticos para acreditar sus gastos de campaña. La consejera del IEE, Vera Juárez Figueroa, propuso consideraciones para el uso eficiente de los recursos en elecciones concurrentes.
La vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en Baja California, Liliana Díaz de León Zapata, pidió que la elección del Poder Judicial no sea concurrente, por la cantidad de casillas y el riesgo en la vigilancia de los partidos políticos.
Por último, la integrante del PES Edith Adriana Méndez propuso la paridad efectiva con cargos con responsabilidades.
