La detención y liberación de Carlos Alberto Chávez Favela, alias el Chichí, operador al servicio de Javier Adrián Beltrán Cabrera, el Javi, Pedrito, el R4, Pit y/o el Puma, y el criminal únicamente identificado como la Pájara (ambos de la mafia de Jalisco), quien además sirve a Diego Abel Miranda Rodríguez, el Kateo, del Cártel Arellano, es considerada la principal hipótesis del origen de los ataques de objetos explosivos lanzados con drones a las instalaciones del Grupo Antisecuestros en Tijuana, la noche del 15 de octubre.
Minutos después de las explosiones en la fiscalía, drones fueron visualizado sobrevolando las instalaciones del C5, pero se retiraron sin generan ninguna acción adicional.
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El Chichi fue detenido la semana pasada, investigado por el delito de extorsión, tras una serie de denuncias presentada los días 17 y 19 de septiembre, por vendedores de mercados sobre ruedas, a quienes les fueron entregados volantes firmados por el Cártel Jalisco, reclamando bajo amenaza el pago de “1000 pesos por puesto que se instale en las colonias Herrera, Los Altos, La Villa, Mirador y Obrera”, y les advirtieron que varios puntos del tianguis serian usados para que el CJNG vendiera droga.
Chávez fue sujeto a proceso; la fiscalía solicitó prisión preventiva, pero como la juez de control Edith Castro Ramírez consideró que “no había riesgo ni para la víctima ni para la sociedad”, modificó la medida cautelar y éste recobró la libertad el miércoles, poco más de una hora antes de que se cometieran los ataques a las oficinas de la FGE localizadas en la delegación Playas de Tijuana.
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El 25 de febrero del presente año, Alberto Chávez fue el objetivo de un ataque armado cometido frente a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) en Tijuana; como resultado perdió un ojo, pero de acuerdo a la carpeta de investigación de la FGE, se recuperó y continuó con sus actividades ilícitas, sin considerarse afectado por la indagatoria de la fiscalía.
En el mes de septiembre, como dueño y administrador de una funeraria “El Paraíso” ubicada en la calle Articulo 123 número 6647 en la zona norte de Tijuana, se contactó con el fiscal responsable de los trámites para solicitar que la fiscalía le adjudicara o concesionara, el servicio de levantamiento de cadáveres en el municipio fronterizo.
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EXPLOSIVO CON DRONES ESTARÍA RELACIONADO CON LOS INCENDIOS EN SEPTIEMBRE
“Puede ser el mismo grupo. Acuérdate que los hechos son muy recientes; conforme a la evidencia consideramos que sí, pero ahorita no tengo la respuesta exacta”, respondió la fiscal Ma. Elena Andrade Ramírez a ZETA sobre la relación que hay entre el ataque con explosivos arrojados con drones durante la noche del pasado miércoles 15 de octubre en las oficinas de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Playas de Tijuana y los dos incendios provocados en las instalaciones de Tijuana y Ensenada a mediados del mes de septiembre.
El atentado con tres drones de la noche del miércoles es el tercer ataque contra instalaciones de la FGE en menos de un mes. Por el uso de tecnología, inteligencia artificial y la planeación, la fiscal Andrade confirmó que el caso será investigado como: “Terrorismo y lo que resulte, conforme se den los hechos ya vamos viendo qué otro tipo penal se puede actualizar”, declaró.
En el momento posterior al ataque, los refuerzos de todas las corporaciones se concentraron en las instalaciones de la FGE en Playas de Tijuana: una zona rodeada por el Parque Azteca donde hay canchas deportivas y por área habitacional, lo que propició pánico cuando se escucharon una serie de disparos por parte de elementos castrenses que trataron de derribar un dron que sobrevolaba la zona de desastre.
A la fiscal Andrade se le dificultó explicar y justificar los disparos, evidenciando la carencia de protocolos para casos como éste. “Sí se llevaron a cabo esos disparos. Hay que tomar en cuenta que fue un ataque repentino que también se vieron vulnerados en su seguridad. Ahí estaba el dron, pero no se sabe si detrás de la barda podía haber otro tipo de peligro”, razonó durante la conferencia de prensa organizada a la medianoche del mismo miércoles, cinco horas después del atentado.
El ataque con drones contra oficinas de gobierno en Baja California es inédito, y aunque la fiscal presumió contar con la tecnología para hacer un análisis del ataque, lo cierto es que los pilotos de los tres drones no dejaron rastro físico en el lugar del atentado, pues las aeronaves soltaron los explosivos hechizos y regresaron a sus destinos de origen.
“Lo que observamos en trayecto y lo que tenemos ahí en cámaras, es que el aparato viaja de algún sector. Tiene algún aditamento el dron donde al momento que llega al punto donde debe soltar el artefacto hechizo, y al momento que hace contacto con el piso es cuando hace la detonación y las diversas esquirlas, cuestiones metálicas, hasta canicas. Entonces es hechiza. Es cuestión de segundos. El dron soltó el artefacto y se retiró”, explicó Miguel Ángel Gaxiola, fiscal especializado en Homicidios en Baja California.
Respecto al móvil del ataque, en la conferencia, Andrade consideró que las organizaciones criminales no están cómodas con las detenciones, cateos y decomisos que logra la Agencia Estatal de Investigación en Baja California; de ahí que los ataques sean contra la institución y no contra una persona específica. Incluso la fiscal general minimizó que la afectación del ataque haya dañado carrocería y ventanas de cuatro autos en el estacionamiento de las oficinas de Antisecuestros en Playas de Tijuana.
