En 1993, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), declaró el 17 de octubre como el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, reconociendo que su eliminación es una prioridad para el desarrollo global y buscando generar mayor conciencia sobre los esfuerzos necesarios para lograrla.
La pobreza no es únicamente una condición económica: es una problemática de derechos humanos. Erradicarla es una cuestión de justicia social. Una de sus dimensiones más invisibilizadas es el maltrato social e institucional que enfrentan quienes la viven: exclusiones cotidianas, tratos indignos y barreras que perpetúan la desigualdad en lugar de combatirla.
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Las familias en situación de pobreza suelen enfrentar estigmas y rechazos precisamente en los espacios donde deberían recibir apoyo: escuelas, clínicas, oficinas gubernamentales o servicios de protección de niñas, niños y adolescentes.
México se encuentra comprometido con la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Erradicar la pobreza extrema en todas sus formas y para todas las personas es uno de los pilares fundamentales del desarrollo sostenible. Según el Banco Mundial, alrededor de 700 millones de personas viven con menos de 2.15 dólares al día, concentradas mayoritariamente en África subsahariana.
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En nuestro país, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) define la pobreza multidimensional como la situación en la que una persona, además de tener ingresos insuficientes para adquirir los bienes y servicios necesarios, carece del acceso garantizado a al menos uno de los derechos sociales: educación, salud, seguridad social, vivienda o alimentación.
En 2024, 38.5 millones de personas en México se encontraban en situación de pobreza multidimensional, y 7.0 millones vivían en pobreza extrema. Tres de cada diez personas no tenían garantizado el ejercicio de al menos uno de sus derechos sociales, y su ingreso mensual por persona no alcanzaba para adquirir una canasta alimentaria ni cubrir bienes y servicios básicos.
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Entre 2022 y 2024, la población en situación de pobreza multidimensional en México, pasó de 46.8 a 38.5 millones de personas, lo que representa una disminución de 8.3 millones. En el mismo periodo, la población en situación de pobreza extrema se redujo de 9.1 a 7.0 millones. En 2024, las cinco entidades federativas con los porcentajes más altos de población en situación de pobreza extrema fueron Chiapas (27.1 %), Guerrero (21.3 %), Oaxaca (16.3 %), Veracruz (8.8 %) y Puebla (7.3 %). En contraste, las entidades con los porcentajes más bajos fueron Baja California (0.4 %), Nuevo León (0.5 %), Aguascalientes (0.6 %), Coahuila (0.8 %) y Colima (1.0 %).
Este avance en la reducción de la pobreza representa un logro significativo en materia de derechos humanos: millones de personas han mejorado sus condiciones de vida y se ha ampliado el acceso a derechos fundamentales. Sin embargo, aún persisten retos estructurales que requieren atención sostenida. Es indispensable continuar invirtiendo en infraestructura para reducir la vulnerabilidad, especialmente ante las desigualdades acumuladas que afectan a amplios sectores de la población.
En este contexto, resulta destacable el caso de Baja California, que en 2024 registró el porcentaje más bajo de población en situación de pobreza extrema en el país (0.4 %). Este dato refleja avances concretos en la garantía de derechos, y puede servir como referencia en las políticas públicas.
Melba Adriana Olvera fue presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Baja California.
Correo: [email protected]
