La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) incluyó en su lista de personas bloqueadas a la diputada federal de Morena, Hilda Araceli Brown Figueredo y ordenó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) el congelamiento de sus cuentas bancarias.
El acuerdo se dictó de conformidad en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, y, como consecuencia de ello, a la expresidenta municipal de Rosarito le fue decretada la suspensión del servicio de banca privada así como de las cuentas bancarias que tenga aperturadas en su nombre.
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Esta acción deriva de la investigación que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la SHCP, después de que el 18 de septiembre de 2025 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una alerta, sancionando financieramente en ese país a personas y empresas presuntamente relacionadas con una de las redes regionales del Cártel de Sinaloa.
Brown Figueredo ya presentó una demanda de amparo señalando como actos reclamados la inclusión en la referida lista de personas bloqueadas y la inmovilización de sus recursos financieros en bancos ante un Juzgado de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana.
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La autoridad estadounidense designó a empresas y personas físicas que presuntamente están relacionadas con la facción de Los Mayos que opera René Arzate García, la Rana, en Rosarito, Baja California, entre ellas el empresario Jesús González Lomelí y sus testaferros Mario Alberto y Karlo Omar Herrera Sánchez.
En la designación también se destaca la participación en la presunta red, de la exalcaldesa de Rosarito, Hilda Araceli Brown Figueredo, hoy diputada federal, y de Candelario Arcega. De éste último, la información del Tesoro lo señala como agente político afiliado al Cártel de Sinaloa para corromper y ejercer control sobre el gobierno municipal de Rosarito, específicamente sobre la exalcaldesa Araceli Brown.
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La OFAC destacó sobre esa participación con los hermanos René y Alfonso Arzate que “Arcega mantiene una estrecha relación personal con Brown y, gracias a ella, pudo controlar partes del gobierno municipal y nombrar a sus aliados en puestos de alto nivel dentro del gobierno de Rosarito”.
“Trabajando juntos, González, Arcega y Brown recaudaron pagos de extorsión para los Arzate, ayudaron a gestionar sus operaciones y garantizaron la protección de las actividades delictivas de los Arzate por parte del Departamento de Seguridad Pública de Rosarito”, refiere la designación estadounidense.
La diputada federal por Morena se intentó desmarcado del señalamiento, al asegurar que desconoce detalles y que no le habían asegurado cuentas bancarias, así como tampoco tuvo problemas para cruzar al país del Norte días antes de ser incluida en la “lista negra”. Sin embargo, ahora las cosas han cambiado y a través de un juicio de amparo confirma que le inmovilizaron las cuentas en por lo menos dos bancos.
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