Aún no se resuelve al juicio de amparo promovido por el exsenador de la República, Gerardo Novelo Osuna, en contra de una eventual orden privativa de la libertad relacionada con la carpeta de investigación iniciada con motivo del aseguramiento de hidrocarburos de procedencia ilícita, en un predio de su propiedad en El Sauzal de Rodríguez, en el municipio de Ensenada, cuando el político y empresario bajacaliforniano ya presentó una nueva demanda de garantías en un juzgado federal.
El escrito del exlegislador morenista fue radicado en el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, señalando como autoridades responsables a los agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos en Materia de Hidrocarburos, Derechos de Autor, Asalto y Robo de Vehículos de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, a cargo de la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEIDMHDARV-BC/0000325/2025.
Novelo Osuna señala como auto reclamado: “La ilegal orden de aseguramiento del inmueble de mi propiedad ubicado en Porción 4 de la fracción B del Terreno ubicado en Carretera Tijuana-Ensenada, número 9958, colonia El Sauzal, Ensenada, Baja California”, por parte de las autoridades antes mencionadas. El quejoso señala que la FGR actúa “fuera de todo procedimiento legal, sin que se le haya dado la oportunidad de poder hacer uso de los derechos de debido proceso, libertad, legalidad, propiedad, trabajo y seguridad jurídica violación a derechos económicos sociales y culturales”.
El exsenador, durante el periodo del 6 de diciembre de 2018 al 28 de marzo de 2022, solicitó la restitución del terreno desde un principio: “solicito que se me conceda la suspensión provisional y en el momento procesal oportuno la definitiva del acto reclamado, para todos los efectos legales a que haya lugar, en el entendido de que no se cause perjuicio alguno en torno al estatus legal de mi inmueble; y, por tanto, me sea entregada la posesión del mismo al tenor de las documentales que he exhibido”.
Sin embargo, le fue negada la suspensión provisional solicitada a Gerardo Novelo para que le fuera entregada la propiedad, pues el juez considera que de concederse la medida protectora con esos efectos, “se seguiría un posible perjuicio al interés social, ya que puede interferir en la investigación del delito, al ponerse en riesgo la pérdida de huellas o indicios que pudieran estar relacionados con los hechos investigados; lo que responde a disposiciones de orden público, pues el aseguramiento de bienes, como técnica de investigación, tiene como objetivo garantizar el correcto esclarecimiento de los hechos; por lo que debe privilegiarse el interés social, sobre el interés particular”.
El juzgador recordó que el Código Nacional de Procedimientos Penales prevé que el propietario, el poseedor o el tenedor legítimo puede solicitar al Ministerio Público el levantamiento del aseguramiento; pero, “en este momento no se tienen elementos para establecer que se hayan efectuado las diligencias ministeriales relativas al inmueble, lo que implica parte de las circunstancias fáctico-jurídicas que se ponderan para negar la medida cautelar solicitada”.
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Del asunto se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al juzgado amparista, se fijaron las fechas para el desahogo de las audiencias incidental y constitucional, además de que se tuvo como autorizados por parte del quejoso a los abogados Jesús Alberto Ayala Urías, Juan José Estrada Hernández y Armando Hernández Castro, que señalaron como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el ubicado en Centro Turístico, sin número, Estero Beach, código postal 22785, en Ensenada.
Como ZETA lo informó, aproximadamente a las 17:00 horas del 26 de marzo de 2025, un importante operativo de fuerzas federales se hizo presente en un predio ubicado sobre el kilómetro 100 de la carretera Ensenada-Tijuana, en la delegación El Sauzal de Rodríguez, en Ensenada. Elementos del Ejército Mexicano (Defensa), la Guardia Nacional (GN), y la FGR, aseguraron un centro de almacenamiento clandestino de hidrocarburos, donde había 7 millones 944 litros de diésel, 100 cajas tipo contenedor con capacidad de 72 mil 800 litros cada una, 19 tractocamiones, 6 remolques tipo cisterna para 31 mil litros, 12 motobombas, una cisterna con 4 mil litros de urea y dos oficinas dentro de remolques.
Esa misma tarde, el exsenador morenista Novelo Osuna emitió un comunicado a través de las redes sociales para exculparse del tremendo hallazgo. Confirmó que el terreno de más de cuatro hectáreas es suyo, pero dijo que lo tiene en arrendamiento a una persona de nombre Luis Francisco Rodríguez Orozco, El Gussy, cuyo fiador es Diego Alonso Montoya Bonillas. Después, el 29 de abril siguiente, el político presentó una demanda de amparo ante el Juzgado Octavo de Distrito de la entidad, temiendo algún acto tendiente a la privación de su libertad. Ese juicio de garantías sigue pendiente de resolución.