Contrario a lo señalado por algunos abogados, sobre que la Ley Anti-Halconeo podría llegar a afectar el desempeñar la labor periodística, su promovente, el Diputado Presidente de la Comisión de Seguridad en el Congreso de Baja California, Jorge Ramos Hernández, negó que el trabajo de los comunicadores pueda verse afectado, pues “no entran los periodistas en el tipo penal aprobado en la ley halconeo”.
Lo anterior en virtud de que la ley pretende castigar la filtración de información policial, siempre y cuando esta sea para beneficiar y advertir al crimen organizado, por lo que expertos advirtieron que, si no se establecen bien sus límites, podría resultar en un instrumento que merme el ejercicio periodístico.
Publicidad
“Sí puede ser un riesgo, principalmente para la labor periodística que se mantiene día con día para informar estos operativos o informar de estos hechos. Pero aquí la ley sí debe de especificar, porque al ser una filtración la información en este caso de las autoridades policiacas hacia el crimen organizado…no deben actuar contra la labor periodística, principalmente, que son los más cercanos que van a estar a este tipo de operativos”, explicó el presidente del Colegio de Abogados de Tijuana, Daniel Avitia Beltrán, quien sugirió tener cuidado al versar la reforma al Artículo 317 Ter del Código Penal de Baja California.
No obstante, el Diputado Jorge Ramos, hizo hincapié en que el ejercicio libre del periodismo está garantizado en la Constitución General de la República, y no hay una ley secundaria que pueda contravenir la tarea que realizan los comunicadores para darle seguimiento a las acciones de las autoridades y también del propio crimen, para mantener informada la comunidad, por lo que “no entran los periodistas en el tipo penal que fue aprobado en la ley de halconeo”.
Publicidad
¿Qué establece la Ley Anti-Halconeo?
De acuerdo con el Diputado Jorge Ramos Hernández, la Ley Anti-Halconeo establece una pena de 3 a 8 años de prisión para aquellos funcionarios de seguridad que filtren información a criminales para que estos puedan evadir la justicia, así como a exfuncionarios que tengan acceso a información privilegiada de gobierno para el mismo objetivo.
Publicidad
Además, la ley también contempla penalizar a aquellos criminales que contraten a menores de edad para que realicen labores de vigilancia y monitoreo, dándoles “pitazos” sobre presencia policiaca en las zonas donde operan.
“También estamos penalizando a los criminales que están contratando menores de edad para que les estén dando pitazos, información, involucrándolos desde temprana edad en actividades criminales. Estamos incluyendo en el halconeo el delito para quien contrate menores de edad, ya que por su propia edad no se les puede vincular ninguna responsabilidad, pero sí a quien los contrate”, mencionó Ramos Hernández.
En cuanto a la colocación de cámaras de videovigilancia, el presidente de la Comisión de Seguridad en el Congreso de Baja California, aclaró que los ciudadanos y particulares pueden colocar cámaras en su propiedad y los límites de esta para vigilar las inmediaciones de su casa, sin tener que tener un permiso de la autoridad. Sin embargo, se requerirá de un permiso de la autoridad cuando se pretenda colocar una cámara de videovigilancia en la vía pública.
LEER TAMBIÉN:
“Todos los particulares tienen el derecho de poner cámaras de vigilancia para cuidar sus propiedades sin permiso de ninguna autoridad. También pueden utilizar los límites de su propiedad para poder colocar cámaras que les permitan vigilar las inmediaciones de su hogar o incluso de su comercio, sin que tenga la autoridad que intervenir en lo absoluto. Cuando ya se requiere apoyo tiene que ver con utilizar la vía pública para instalar cámaras de videovigilancia, se requiere que tengan una autorización de la autoridad”, explicó el Diputado Jorge Ramos.
Según el Diputado Ramos, en lo que va de la administración de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, se han retirado 1,600 cámaras de videovigilancia clandestinas en todo el estado.
