Tras el decreto emitido por el Gobierno del Estado el pasado 25 de julio, en el que se propone un protocolo dirigido a las autoridades para su actuación durante una manifestación, 20 amparos fueron promovidos tanto en Mexicali como en Tijuana por diversas asociaciones civiles, con el fin de frenar las nuevas facultades del Estado.
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Como una contaminación hacia las marchas y protestas fue calificado el protocolo de manifestaciones por el abogado Carlos Atilano, quien criticó su publicación por parte del Gobierno estatal.
Señaló que dicho protocolo surge con una intención “perversa” de inhibir la cultura de la manifestación en el estado, tras las últimas protestas dirigidas a funcionarios públicos y a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.
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“Se trata de inhibir, e incluso dispersar las manifestaciones; se les da facultades discrecionales a las autoridades para decidir si quienes van en una marcha representan una peligrosidad alta”, señaló.
Consideró que dicha medida es de carácter antidemocrático, pues no se habría consultado ni a la ciudadanía ni a las autoridades en materia de derechos humanos, además de que carece de facultad legal, al no haber sido aprobado por el Congreso del Estado.
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“Ni siquiera es una norma oficial, no emana del Congreso. Es un decreto administrativo que emite por su propia voluntad el secretario sin competencia; no está en sus facultades establecidas en la carta magna del Estado”, remarcó.
Agregó que este mecanismo violaría múltiples derechos humanos, como la libertad de expresión, la libre asociación y la manifestación de ideas.
Por ello, Atilano mencionó haber sido uno de los 20 responsables de presentar un amparo en contra de dicho decreto, argumentando que es inconstitucional y que viola el artículo 115 de la Constitución, ya que la competencia respecto al espacio público corresponde al gobierno municipal.
Como resultado, indicó que ya se han admitido algunos de los amparos, y que se han emitido suspensiones respecto a las facultades de las autoridades en torno al protocolo.
“Ya se han admitido y decretado suspensiones en donde se establece la obligación del Estado de no intervenir en las manifestaciones por el momento, hasta que se resuelva el fondo del decreto, si es inconstitucional o no”, comentó.
Agregó que confía en los jueces del Poder Judicial actuales y en quienes tomarán posesión próximamente, mencionando que, en caso de no resolverse satisfactoriamente, existen alternativas legales por tomar. Rubén Vázquez
