Ni el ITAIP cumple en transparencia

El Instituto de Transparencia de BC no tiene prisa en cumplir leyes de transparencia ni hacer gestiones al respecto. A grado tal que no han hecho públicas sus declaraciones patrimoniales

Desde que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo empujó la reforma constitucional para eliminar los órganos autónomos, el Gobierno de Baja California generó un desinterés en cumplir con las leyes de transparencia y rendición de cuentas, al grado de que la mayoría de las dependencias dejaron de alimentar de la información pública de oficio, como contratos, nómina y currículo de funcionarios.

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La Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), un sitio web que carga alrededor de 15 millones de datos alimentados por los gobiernos de todo el país, la cual define y exhibe a los gobiernos incumplidos, simplemente dejó de actualizarse sin ninguna consecuencia y con la complicidad de un Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP) de Baja California, totalmente complaciente, dócil.

Pero una cosa es que los gobiernos intenten borrar las huellas de la corrupción que cometen y otra muy diferente es que el órgano garante no ponga el ejemplo de las buenas prácticas de la transparencia y la rendición de cuentas.

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Y es que haciendo una revisión del apartado del ITAIP en la PNT, se puede constatar que hay muchos datos y apartados en los que los mismos comisionados han incumplido en ofrecer datos abiertos a la ciudadanía.

Si bien es cierto que el ITAIP cuenta con datos actualizados sobre la nómina -la cual no supera ni los 30 trabajadores-, los comisionados Jimena Jiménez Mena, Luis Carlos Castro Vizcarra y el presidente José Francisco Gómez McDonough, no han trabajado en otros temas importantes, entre ellos, lo relacionado con la reglamentación de las declaraciones patrimoniales.

Con sólo ingresar al apartado de “declaraciones patrimoniales”, se puede constatar que ni los 99 mil pesos mensuales de salario que perciben los comisionados es suficiente para -al menos- hacerlos rendir cuentas de sus bienes. Por el contrario, usan de pretexto la inoperancia del Poder Legislativo para darle la vuelta al tema.

“Se informa que se encuentra en proceso de generación del hipervínculo correspondiente. Se está trabajando en Coordinación con la Contraloría del Congreso del Estado de Baja California y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California, con el propósito de trasladar las versiones Públicas de las Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses de las Personas Servidoras Públicas del ITAIPBC a la Plataforma Nacional, en atención a los Lineamientos emitidos por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción”.

Este texto fue colocado en los poco más de 20 apartados de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios del ITAIP, con la intención de justificar su negativa por cumplir con los lineamientos mínimos de transparencia.

Y es que a nivel federal ya existen lineamientos por los cuales se puede -sí hay disposición- conocer las declaraciones patrimoniales y de interés de los representantes populares, pero en Baja California no es así.

Por el contrario, el ITAIP optó por aprovechar que no hay lineamientos locales para no tener que hacer pública su información; una cuestión que se le atribuye totalmente al Congreso del Estado de mayoría morenista, pero que no debería ser impedimento para que al menos el ITAIP sienta compromiso con la rendición de cuentas.

Por cierto, el ITAIP tampoco hizo públicos los contratos de servicios adquiridos durante el 2025, ni arrendamiento del inmueble ni la compra de papelería u otro elemento mínimo indispensable, lo cual también es irregular.

Si el Instituto de Tirados al Piso, digo, de Transparencia y Acceso a la Información Pública, no pone el ejemplo, ¿qué podemos esperar del resto de los funcionarios y representantes populares?