Lo que el gobierno estatal de Baja California presume como una ley para castigar a las personas dedicadas a la filtración de información policial para beneficiar y advertir al crimen organizado —mejor conocida como Ley Anti Halconeo— podría resultar en un instrumento que merme el ejercicio periodístico de la libertad de expresión. Por ello, el presidente del Colegio de Abogados de Tijuana, Daniel Avitia Beltrán, sugiere tener cuidado al versar la reforma al artículo 317 Ter del Código Penal de Baja California.
“Sí puede ser un riesgo, principalmente para la labor periodística que se mantiene día con día para informar estos operativos o informar de estos hechos. Pero aquí la ley sí debe de especificar, porque al ser una filtración la información en este caso de las autoridades policiacas hacia el crimen organizado… no deben actuar contra la labor periodística, principalmente, que son los más cercanos que van a estar a este tipo de operativos”, explicó el abogado Avitia.
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El diputado Juan Manuel Molina asegura que la ley, ya aprobada en comisiones, sí considera el respeto al ejercicio periodístico:
“Se marca el elemento de la intencionalidad del dolo, por supuesto que esto no afectó el trabajo periodístico de nadie, porque al final de cuentas no se hace con estos fines específicos, y no corresponden a otros temas de la libertad de expresión, derecho, la información, etc. Entonces estas sanciones no podrían implicar el hecho de una persona periodista en el ejercicio de su función completamente legítima”, explicó el legislador de Morena.
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Lo que el abogado Avitia sugiere es que los diputados revisen la clara escritura de la ley y su marco penal para que las interpretaciones no se presten a la censura del ejercicio periodístico, ya que es el gremio social y profesional más cercano a los operativos policíacos de interés público, explicó a ZETA.
La ley fue presentada el pasado miércoles 20 de agosto de 2025 y podría ser aprobada en el pleno durante la sesión del Congreso del mediodía de este jueves 28 de agosto. El legislador inicialista es el ex alcalde de Tijuana, Jorge Ramos Hernández, actual diputado local por el Partido Verde y presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana.
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Cuatro ejemplos amplios que la Ley Anti Halconeo atendería son: la videovigilancia clandestina en espacios públicos; los integrantes del crimen que, mediante ruidos y silbidos, alertan sobre la llegada o presencia policíaca; las filtraciones y conversaciones de policías o personal administrativo hacia integrantes del crimen organizado, incluyendo el uso de la radiofrecuencia por personas ajenas a las corporaciones policíacas; y la difusión en redes sociales de información sobre operativos.
“Este tipo de cámaras se están utilizando para obtener información con ellas y, en base a esa información, están cometiendo delitos”, ejemplifica Juan José Pon, director de la Consejería Jurídica del Estado.
El halconeo con infiltrados
El diputado Ramos explica que se busca tipificar como delito o agravante el acto de filtrar información o advertir sobre la presencia policíaca, ya sea con silbidos o con mensajes a teléfonos móviles. Presumió que la ley está diseñada para que los jueces no desestimen la participación de los involucrados:
“Generalmente las tienen protegidas con personas que avisan en las esquinas, en pequeños comercios o desde viviendas cuando ingresa alguna fuerza policial”, dijo Ramos.
“Incluyendo infiltrados dentro de las corporaciones donde se delinean estrategias y que desde ahí están avisando al crimen del actuar y de la operación del gobierno”, precisó.
Ramos explica que a los involucrados se les investigarán sus ingresos para acreditar que el “halconeo” es un trabajo:
“Entonces, no solamente lo vi silbando, sino tengo las llamadas, los textos, la contratación, los montos, las fechas de pago. ¿Me explico? Se está… está diseñado, pues, con una ¿cómo te diré? Viene desde la experiencia práctica de esa operatividad”, explicó el diputado.
Lo que el abogado Avitia pidió es atención en los asuntos internos de las corporaciones:
“Agentes estatales o agentes municipales que han sido investigados por actos de corrupción, con eso del crimen organizado, pues esas filtraciones son las que hacen que un operativo no tenga ese resultado deseado, o que las mismas corporaciones ante la sociedad, pues se vean como débiles, ¿no? Como de falta de organización”, dijo.
Las 1,600 cámaras clandestinas
La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda presumió que en su administración se han retirado 1,600 cámaras de videovigilancia clandestinas en Baja California, de las cuales 1,300 fueron solo en lo que va de 2025. Lo que el Colegio de Abogados advierte es la necesidad de capacitación y expertos para que haya una investigación y trabajo forense digital que acredite las conexiones de IP y la relación de datos con los propietarios y compradores del equipo clandestino instalado en la vía pública.
“Para la capacitación respecto a esta reforma a los elementos de seguridad. Es decir, no solamente es publicarlo y aventarla así al código y ahí está, ya cumplimos con la labor. No, hay que capacitar al personal respecto a estos cambios que se están dando, porque conforme vamos evolucionando como sociedad y se van haciendo nuevas leyes, pues las personas encargadas de ejecutar o encargadas de proteger esas leyes deben de estar debidamente capacitadas para poder hacerlo de forma eficiente”, explicó el abogado Avitia.
No hay sanciones por instalar cámaras en domicilios
Fue Juan José Pon, director de la Consejería Jurídica del Estado, quien explicó que:
“Si está dentro de los domicilios es válido. Aquí lo que se va a sancionar es que estén en vialidades, vía pública o que se encuentren dentro de inmuebles donde se presta un servicio”, dijo.
“Hay que darle la tranquilidad a la ciudadanía, que no se va a sancionar ni se está prohibiendo que se establezcan sistemas de videovigilancia en sus hogares o que continúen con los que ya cuentan en hogares o comercios”, comentó Pon, al responder que los comerciantes podrán instalar cámaras en vía pública, siempre y cuando hagan la solicitud ante la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado.
Halconeo en los alcoholímetros
En una revisión general, el presidente del Colegio de Abogados de Tijuana advierte que se debería sancionar a quienes filtran información sobre la instalación de alcoholímetros en Baja California.
“Incluso si lo tipifican bien, puede repercutir hasta incluso en los alcoholímetros. Porque no sé si has notado que en diferentes grupos de redes sociales de Facebook, hay por ahí, a veces, comentarios de que hay un alcoholímetro en 5 y 10. Al final, es una función de una corporación policiaca en el tema de prevención, están en funciones, y esa información va a evitar que gente evada”, ejemplifica el abogado Daniel Avitia.
“Halcones” caen cada semana y salen libres
Mientras que el Colegio de Abogados advierte que es necesario redactar, fundamentar y apoyar la ley con presupuesto para afianzar las condiciones de tipo penal, el diputado Jorge Ramos Hernández está convencido de que urge su aprobación, ya que cada semana hay detenidos por filtrar información al crimen y son liberados.
“Cada semana en varias partes del estado está ocurriendo. Hacen detención las autoridades locales o federales de estas personas que están avisando, pero como te digo, como no había una tipificación como delito, pues se tienen que liberar”, explicó.
