El escritor peruano Mario Vargas Llosa calificó como “dictadura perfecta” al proceso de simulación electoral que creo el PRI para perpetuarse en el poder durante la mayor parte del Siglo XX en México, donde se invitaba a toda la ciudadanía a votar, pero sin la posibilidad de que un candidato ajeno al régimen tricolor pudiera ocupar cargos de elección popular.
La expresión realizada durante una conversación con ideólogos e intelectuales, entre ellos Octavio Paz, representó una crítica seca y potente ante el viejo régimen, pero también conceptualizó un esquema de simulación electoral mucho más eficiente que las dictaduras militares como las de Argentina o Chile.
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Guardadas las dimensiones, el magistrado Alejandro Isaac Fragozo López pretende perdurar en el poder político, al intentar dirigir el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), mediante la simulación de un proceso democrático, con el que podría alcanzar una titularidad por 9 o hasta 13 años.
De concretarse su aspiración, Fragozo López se convertiría en el presidente del TSJE que más tiempo se ha perpetuado en la historia de Baja California, toda vez que, previo a la reforma, el máximo intervalo que podía ocupar un magistrado la presidencia era de 3 años, con la posibilidad de ser ratificado por tres años más.
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Hasta este momento, el récord lo ocupa la magistrada en retiro María Esther Rentería, quien dirigió el TSJE por 7 años, de los cuales uno de ellos lo asumió como interina, lo cual fue altamente cuestionado durante su gestión.
La reforma judicial emprendida desde Palacio Nacional como una vendetta política, pero también como un ejercicio de control y sumisión sobre un poder otrora independiente, se ofreció al país como un ejercicio para “limpiar” a los jueces, magistrados y ministros corruptos. Sin embargo, según Carlos Rafael Flores, secretario general del Consejo de la Judicatura del Estado (CJE), el 70 por ciento de los nuevos jueces y magistrados en Baja California repetirá en el cargo, y del 30 por ciento restante, la mitad forma parte del Poder Judicial actualmente; por lo que, sólo el 15 por ciento de los nombramientos corresponde a nuevos funcionarios.
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Aunado a ello, 12 de los 17 magistrados que conformarán el TSJE a partir del primero de enero, son los mismos que ya formaban parte del Poder Judicial.
Ante esto, los abogados Héctor Ibarra Calvo, Daniel Solorio Ramírez y Elías Flores Gallegos cuestionan que la presidencia del TSJE pueda recaer en la misma persona que representaba al viejo Poder Judicial, y al menos dos de ellos lo califican como la confirmación de un ejercicio simulador, además de que se pone en duda la autonomía del Poder Judicial.
“PLANCHADO” DE ORIGEN
En junio de 2024, el magistrado presidente Alejandro Isaac Fragozo López reconoció ante medios de comunicación que la Reforma Judicial -mediante la cual se modificó el esquema de elección de jueces, magistrados y ministros, para llevarlo a un terreno de voto directo y popular-, era necesaria, y en septiembre de ese mismo año aseguró que trabajarían para ponerla en marcha.
Su postura hacia la Reforma Electoral nunca fue de confrontación, sino de acompañamiento, lo cual provocó cuestionamientos, principalmente, de abogados y trabajadores del Poder Judicial local y federal, quienes incluso se manifestaron en sus oficinas en Mexicali.
En diciembre de 2024, Fragozo López sostuvo múltiples reuniones en las oficinas del Poder Ejecutivo para definir las modificaciones constitucionales que darían vida a la Reforma Judicial local, lo cual se materializó al reformar los artículos 5, 18, 27, 42, 49, 55, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 90, 93, 94, 95, 107 y 109, de la Constitución de Baja California, plasmados en el Decreto 36 en el Periódico Oficial del Estado el 31 de diciembre de 2024.
La reforma fue un símil a lo planteado a nivel nacional, salvo por peculiaridades que sugieren el contubernio para apoyar al magistrado Fragozo López para perpetuarse en el poder, toda vez que mientras que el próximo primero de septiembre el abogado Hugo Aguilar Ortiz tomará protesta como Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), debido a que obtuvo la mayor cantidad de votos durante el proceso de la elección judicial, en Baja California la situación es diferente.
En su Artículo 18, la Ley establece que “la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se renovará cada dos años de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, correspondiendo la presidencia a quien alcance mayor votación”.
Esta modificación fue parte del paquete de reformas que dieron vida a la elección judicial, pues anteriormente la presidencia de la Suprema Corte era competencia exclusivamente de los ministros mediante el voto del órgano jurisdiccional.
El espíritu de la reforma se mantuvo en el Tribunal de Disciplina, pues se estableció que dichos cargos durarán seis años sin posibilidad de reelección, donde cada dos años se renovará la presidencia de forma rotativa y “en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, correspondiendo la presidencia a quienes alcancen mayor votación”, según reza el Artículo 64 de la Constitución.
Pero en el TSJE la regla no se modificó, y la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado establece en su Artículo 29 que el propio Tribunal es el que se encargará de definir su presidencia, lo que quiere decir que -a diferencia de la SCJN y del Tribunal de Disciplina de Baja California-, el TSJE se elegirá como siempre se ha hecho, mediante un acuerdo interno.
La estrategia le funcionó, pues sí se eligiera a la persona con mayor votación, la presidencia recaería en la togada Karina Acosta Duéñez, con 151 mil 917 votos, mientras que Fragozo López fue uno de los tres con menor votación con 139 mil 216, sólo por encima de Álvaro Castilla Gracia (candidato único), y Nelson Alonso Kim Salas.
Por única ocasión, según los transitorios de la reforma, el periodo de las próximas magistraturas durará ocho años, pero a partir de 2033 serán periodos de nueve años. En este primer periodo, la presidencia será de cuatro años, con la posibilidad de una reelección del mismo periodo.
Bajo esta regla, Fragozo López aspira a ignorar los cinco años que ha ocupado el cargo de presidente del TSJE y emprender titularidad de nueve años, con la posibilidad -en caso de ser reelecto- de alcanzar hasta 13 años en el poder.
CRÍTICAS DE JURISTAS: DESDE FRAUDE CONSTITUCIONAL HASTA PÉRDIDA DE AUTONOMÍA
Juristas de diversos sectores, como Elías Flores Gallegos, presidente del Colegio Estatal de Asociaciones de Abogados de Baja California; el académico Daniel Solorio Ramírez; y uno de los litigantes más críticos de la reforma, Héctor Ibarra Calvo, descalificaron los resultados de la Reforma Judicial -más allá de los votos- y advirtieron el riesgo que existe en el próximo tribunal de justicia.
El primero de ellos reconoció a los 24 nuevos magistrados (17 numerarios, tres súper numerarios, tres del Tribunal de Disciplina con un respectivo supernumerario), además de los 148 jueces que formarán parte del nuevo Poder Judicial a partir del primero de septiembre. El litigante reconoció que durante la gestión de Fragozo López se han dado avances importantes como la apertura de juzgados como nunca antes, la construcción de los Centros de Convivencia Familiar (CECOFAM), y las prestaciones laborales de funcionarios, pero consideró que gran parte de esos beneficios provienen de las ampliaciones presupuestales autorizadas por la Gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.
En ese entendido, consideró que si se habla de un nuevo Poder Judicial, no debería ser dirigido por los mismos que formaban parte del viejo esquema.
“A Fragozo no le favorece, es que lo veo muy desgastado, sin ganas de trabajar, sumamente comprometido políticamente; ha acumulado una cantidad de compromisos políticos que no le permite esa autonomía, se perdió la autonomía de parte de él, sabemos que no actúa, por miedo, temor o compromisos políticos, que ha hecho con algunos diputados”, y señaló directamente al diputado Juan Manuel Molina.
Agregó que sólo una mujer ha dirigido al TSJE, por lo que el cargo bien podría recaer en perfiles de experiencia como la magistrada Columba Amador Guillén; o perfiles más frescos como Dolores Moreno o la misma Karina Acosta Duéñez (esposa de Juan José Pon, consejero jurídico del estado), a quien reconoció como la más votada.
Por su parte, el letrado Daniel Solorio Ramírez, quien se identifica con el proyecto de Morena, pero que -consideró- la Reforma Judicial local no representó el cambio que se hizo a nivel federal, y calificó el ejercicio como un “fraude electoral judicial” y un “fraude constitucional”, tal y como el propio ministro Arturo Zaldívar, calificó el intento del exgobernador Jaime Bonilla Valdez de perpetuarse de dos a cinco años en el cargo.
A su juicio, con apoyo de la gobernadora y respaldo del magistrado Alejandro Isaac Fragozo, la elección judicial fue un gatopardismo, pues no hubo elección popular y si bien no es una crítica directa hacia los actuales juzgadores, el hecho de que sean electos mediante “candidaturas comunes” confirma el contubernio y simulación con la que se repartieron los puestos y retiraron a quienes consideraban incómodos para su causa.
“Ellos sabrán si quieren votar de nuevo y elegir a un tramposo como Isaac Fragoso, también lo pueden hacer, está un videíto donde él dice que tiene igual derecho que todos los demás. Ésa es una interpretación muy tramposa. Es una falacia”, refirió el abogado, quien aseguró que los 16 magistrados podrían respaldarlos siempre y cuando no les interese el daño que le hizo al Poder Judicial.
Agregó que lamentablemente pocos abogados y colegios van a levantar la mano para reclamar lo que se está tejiendo en el Poder Judicial, debido a que tienen muchos compromisos.
Por su parte, el abogado Héctor Ibarra Calvo, uno de los principales críticos de la reforma en Baja California, aseguró que conforme han pasado las semanas se han detectado vicios y errores derivados de la falta de planeación para implementar esta reforma que -a su juicio- es una forma errada de elegir a los togados del país.
Uno de los puntos es que muchos tribunales colegiados de circuito quedarán con una “justicia de secretarios”, dado que muchos magistrados optaron por retirarse de manera anticipada para evitar ser afectados por la reforma, lo que dejó muchos huecos que los electos no alcanzan a ocupar. En ese entendido, habrá tribunales con uno o dos secretarios proyectistas en función de magistrados, lo que resta certeza en las decisiones.
En lo que respecta a lo local fue aún más crítico, pues cuestionó sobre la posibilidad de “refundar” al Poder Judicial, de hacer un cambio de paradigmas, si el 85 por ciento de los electos se encuentra en funciones, lo cual consideró que es positivo por ser perfiles experimentados, pero a su vez derriba la justificación por la que se llevó a cabo la reforma.
“La cereza en el pastel para mal, yo creo de algo que ya está mal, sería que no se diera la oportunidad de generar un contraste, por lo menos con algún perfil al que se le pueda exigir algo distinto señalando que es distinto y que todo es distinto. Pues si repite el mismo perfil, ¿cómo vas a exigir algo distinto?”, en referencia a una posible reelección de Fragozo López.
Criticó que haber permitido candidaturas comunes dejó en desventaja a los otros candidatos e ironizó que en Coahuila, Morena criticó duramente que en aquella entidad se separó a las candidaturas comunes de la misma forma que en Baja California, por lo que mientras el vinotinto calificaba estos esquemas como trampa de los gobiernos del PRI, la entidad gobernada por Marina del Pilar Ávila la situación era permitida.
Agregó que -aunque altamente cuestionable- a nivel federal hicieron lo que tenían previsto, mientras que en Baja California hubo una tremenda simulación que dista del proyecto original del movimiento.
Cabe señalar que si bien el primero de septiembre tomarán protesta los magistrados y jueces, en un periodo de dos semanas deben llevar a cabo la primera sesión y definir las adscripciones.
En lo que respecta al Consejo de Administración, que sustituirá el Consejo de la Judicatura, la situación es diversa, pues se someterá a un proceso de transición en el que parte de sus funciones, sobre todo las de quejas contra funcionarios judiciales, serán trasladados al Tribunal de Disciplina, teniendo alrededor de 50 procesos pendientes para revisión.
