Peña Nieto niega recibir sobornos por Pegasus; en Israel lo relacionan con corrupción.

El presidente Enrique Peña Nieto negó haber recibido sobornos millonarios por la contratación del sistema de espionaje Pegasus durante su administración entre el 2012 a 2018, tal como lo reveló el medio israelí The Maker señalando a los empresarios Avishai Samuiel Neriah y Uri Ansbacher.

“Lamento encontrarme con notas que, sin el mínimo rigor periodístico, hacen afirmaciones a la ligera y dolosamente. Totalmente falsa la nota sobre supuestas aportaciones. Es una insinuación carente de sustento alguno. Queda la duda, en interés de quienes, se hace tal publicación”, publicó Peña Nieto en su cuenta de X durante la mañana de este domingo seis de julio de 2025.

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Lamento encontrarme con notas que, sin el mínimo rigor periodístico, hacen afirmaciones a la ligera y dolosamente.
Totalmente falsa la nota sobre supuestas aportaciones.
Es una insinuación carente de sustento alguno.
Queda la duda, en interés de quienes, se hace tal…

— Enrique Peña Nieto (@EPN) July 6, 2025

La publicación tomó importancia luego de que Peña Nieto concedió una entrevista a un medio español durante los últimos días de junio de 2025 en los que cuestiona la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, acusado sin demostrar que había corrupción en la licitación y firma de contratos.

🔴✈️EPN defiende transparencia en el NAIM

“Se le pidió a la OCDE que participara precisamente y que fuera uno de los acompañantes para impulsar las mejores prácticas mundiales, cuál era la mejor forma de hacer un proyecto muy transparente”, declaró el expresidente Enrique Peña… pic.twitter.com/WaKvvHv2vh

— Azucena Uresti (@azucenau) June 29, 2025

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Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012–2018), el gobierno mexicano adquirió el sistema de espionaje Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group. Este software, diseñado originalmente para combatir el crimen organizado y el terrorismo, se convirtió en el centro de una de las mayores controversias de vigilancia ilegal en América Latina. Su capacidad para infiltrarse en teléfonos móviles sin que el usuario lo note lo volvió una herramienta de vulneración.

Pegasus funciona mediante técnicas de ingeniería social: la víctima recibe un mensaje SMS con un enlace malicioso que, al ser abierto, instala el software en el dispositivo. Una vez dentro, el programa puede acceder a mensajes, correos electrónicos, llamadas, ubicación, cámara y micrófono del teléfono, convirtiéndolo en un espía portátil. En algunos casos, ni siquiera se requiere interacción del usuario para que la infección ocurra.

En la administración priísta de Peña Nieto, el gobierno mexicano justificó la adquisición de Pegasus como parte de una estrategia de seguridad nacional, investigaciones periodísticas y denuncias de organizaciones civiles revelaron que Pegasus fue utilizado para espiar a periodistas, activistas, defensores de derechos humanos e incluso políticos de oposición. Entre las víctimas más conocidas se encuentran Carmen Aristegui, Carlos Loret de Mola, Jenaro Villamil y miembros del Centro Prodh.

En 2017, un reportaje de The New York Times y una investigación de Citizen Lab, en colaboración con organizaciones como R3D y Artículo 19, documentaron al menos 76 intentos de infección con Pegasus en México. Estas revelaciones provocaron una ola de indignación nacional e internacional, al evidenciar el uso del software con fines políticos y de intimidación.

La polémica se intensificó en 2025, cuando el medio israelí The Marker reveló que dos empresarios israelíes habrían pagado un soborno de 25 millones de dólares a Peña Nieto para facilitar la venta de Pegasus a instituciones mexicanas como la Sedena, la extinta PGR y el Cisen. Aunque el expresidente negó las acusaciones, los documentos judiciales filtrados aluden a él como “el N” o “la personalidad”, lo que ha generado nuevas investigaciones y demandas de rendición de cuentas.

A pesar de las denuncias presentadas desde 2017, hasta la fecha no hay una sola persona sentenciada por el uso ilegal de Pegasus en México. La Fiscalía General de la República ha enfrentado críticas por la lentitud en las investigaciones, y recientemente fue cuestionada por no procesar a una exfuncionaria acusada de desviar más de 460 millones de pesos en la compra del software.

El caso Pegasus ha dejado al descubierto la fragilidad de las garantías de privacidad en México y la facilidad con la que herramientas diseñadas para la seguridad pueden ser utilizadas para fines de vigilancia política. Organizaciones como Artículo 19 han exigido al nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum una investigación independiente y el fin de la impunidad militar en estos casos