“Olvidan” al ITAIP

Han pasado más de 100 días que se extinguieron el INAI, pero en BC no parece haber prisa para desaparecer el órgano garante local; sigue funcionando al margen de la reforma federal

El Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP) de Baja California, es un zombie: Funciona, pero no opera; cobra, pero no ejerce acciones; vive, pero no muestra pulso.

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Desde el pasado 28 de noviembre, el Congreso de la Unión determinó la tan anunciada extinción de los órganos constitucionales autónomos a nivel nacional, y con ello, borraron de un plumazo más de 20 años de lucha por una sociedad más informada y con mayores garantías al acceso al derecho humano de la información.

El 20 de marzo de este año se concretó la desaparición del INAI junto con la liquidación de sus trabajadores y en una veintena de transitorios se estableció el proceso que se seguiría para que las funciones de los órganos autónomos, entre ellos el INAI, pasaran a ser facultad del Poder Ejecutivo y de sus respectivas contralorías.

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El pasado 20 de julio se cumplieron cuatro meses desde que el INAI dejó de funcionar como se le conocía, pero en Baja California, el Congreso de Baja California no ha movido un dedo para estar al ritmo del Gobierno de México.

La única premura del morenismo dirigido por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y de su Oficialía de Partes, llamada Poder Legislativo, era aprobar la reforma constitucional federal para ser una de las primeras 16 entidades en respaldar la propuesta de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Sin embargo, quedaron en ridículo por una mala operación política de la Coordinación de la bancada de Morena, al no conseguir los votos, y requirieron volver a subir el tema otro día.

Gran parte de la pereza legislativa en el Estado para establecer un marco legal acorde a las nuevas disposiciones federales, recae en que el décimo noveno transitorio del decreto publicado el 20 de marzo del 2025, no establece una fecha específica para que se lleven a cabo las modificaciones correspondientes.

“Hasta en tanto las legislaturas de las entidades federativas, emitan legislación para armonizar su marco jurídico conforme al presente Decreto, los organismos garantes de las mismas continuarán operando y realizarán las atribuciones que le son conferidas a las Autoridades garantes locales, así como a los órganos encargados de la contraloría interna u homólogos de los poderes legislativo y judicial, así como los órganos constitucionales autónomos de las propias entidades federativas en la presente Ley”.

Sí bien es cierto que en algunas disposiciones establece plazos hasta de 120 días para su publicación, en las entidades federativas no existe un plazo final, y aunque ya se presentó una iniciativa en el Poder Legislativo, la realidad es que en Baja California no hay un interés en hacer la modificación correspondiente.

Y es comprensible, pues los actuales comisionados del ITAIP, José Francisco Gómez Mc Donough, Luis Carlos Castro Vizcarra y Jimena Jiménez Mena, fueron impuestos por el actual gobierno morenista, y han sido fieles a los intereses del gobierno actual, al grado de no representar autoridad para funcionarios y gobiernos.

Durante el tiempo de vida del ITAP, según los datos oficiales de la institución que anualmente percibe un estimado de 15 millones de pesos, se recibieron más de cuatro mil solicitudes realizadas por ciudadanos, para los 161 sujetos obligados.

En 2024, último año en contabilizar sus actividades, se recibieron mil 058 recursos de revisión y se resolvieron mil 106, de los cuales 716 se votaron en el Pleno y 390 se desecharon sin contemplación.

El órgano garante que llegó a ser -durante el periodo de Octavio Sandoval, como presidente- el más vanguardista en materia, hoy es una figura decorativa para presumir democracia.

El próximo 29 de julio, en punto del mediodía, el ITAIP tendrá una sesión más, donde prácticamente nadie tiene interés en lo que se analiza en su Pleno. El órgano garante es tan intrascendente en Baja California que a nadie le importa extinguirlo.