El día de hoy en Tijuana, cientos maestros de educación básica se hallan concentrados frente al Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos (ISEP). Con pancartas y consignas, manifiestan su apoyo al profesor Esteban Canchola, acusado de omisión de auxilio por la muerte del menor Martín Damián González González en 2023.
Damián González sufrió un traumatismo craneal en la escuela primaria, Eucario Zavala Álvarez, en Mexicali. Circulan múltiples versiones del hecho, sin embargo, la audiencia de individualización de condena, donde se ratificará sentencia, está programada para este jueves 3 de julio a las 4:00 p.m., en la sala 6 del Centro de Justicia Penal, en la Fiscalía General de Mexicali.
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En solidaridad al profesor, los maestros permanecen en las inmediaciones del Sistema Educativo Estatal (SEE) en Tijuana, bajo la versión que asegura se activó el protocolo de protección integral escolar, solicitando atención médica y poniendo al tanto a sus tutores de manera oportuna.
Tras el golpe contuso que desató los hechos hace casi dos años, el menor fue atendido en la Clínica de Especialidades Internacional de Mexicali, unidad que sostiene un convenio con el Gobierno del Estado de Baja California para brindar seguro médico a los estudiantes del Valle, misma donde se le dio de alta con un tratamiento superficial, denominado por los maestros como negligente.
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De acuerdo al Registro Público de Comercio (RPC) de la Secretaría de Economía, el propietario es el médico Daniel Cervantes Torres, padre del Oficial Mayor del Gobierno del Estado, Daniel Ramsés Cervantes Aguilar.
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La coordinadora del Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación (SETE) de Baja California en Tijuana, María Virginia Pimentel Muñoz condenó enérgicamente lo que los docentes han denominado criminalización magisterial.
“Nuestra posición es muy clara, no somos culpables de lo que al niño le suceda, si son accidentes, son accidentes, ¿Por qué echarle la culpa al docente? ¿Dónde está el médico? ¿Por qué al médico no se le criminaliza? Porque es amigo de la gobernadora”, acusó Pimentel.
“Vamos a seguir pugnando para que los protocolos sean, sí, para cuidado de los niños, pero que también haya algo que al docente lo defienda”, agregó
La Comisión Estatal de Supervisores y Jefes de Sector de Educación Básica se pronunció al respecto del caso:
“El caso del Maestro Esteban es un ejemplo preocupante de cómo, ante la ausencia de lineamientos claros y del acompañamiento oportuno por parte de las instancias correspondientes, se coloca a los docentes en una situación de indefensión jurídica y social, lo cual no sólo daña su trayectoria y reputación, sino que también vulnera su integridad emocional y profesional”.
El coordinador estatal de Supervisores y Jefes de Sector de Educación Básica, Enrique Murray Alcántar, comentó:
“Lo dieron de alta al niño cuando no estaba aliviado, el niño murió después de que lo dieron de alta y ahora el maestro es el que están declarando culpable (…) el perfil del docente, eso es lo que nos golpea a nosotros, porque el perfil del docente habla de que tenemos que estar pendientes de los niños a todas sus horas, pero hay detalles, que al momento que lo dio de alta el médico en la clínica, el maestro ya no está allí, ahí está el padre”.
Los manifestantes enfatizaron la urgencia de establecer un instrumento jurídico que delimite funciones, proteja derechos y brinde certeza a quienes activan los protocolos en apego a los lineamientos institucionales.
“Hay la posibilidad hasta de que no iniciemos el ciclo escolar que viene, porque no tenemos seguridad”, aseguraron representantes.
Por su parte, el Colegio de Inspectores y Jefes de Enseñanza de Escuelas Secundarias del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California, A.C., exigió:
“Condiciones reales para una escuela funcional y segura, grupos con un número razonable de estudiantes, personal auxiliar en el aula, personal de seguridad escolar y de la salud en los planteles, formación jurídica continua para toda la comunidad educativa, y la cobertura inmediata de todas las vacantes docentes, directivas y de apoyo”.
“No es posible hablar de corresponsabilidad cuando hay aulas sin maestros y escuelas sin orientadores, prefectos o trabajadores sociales”, concluyeron los maestros.
Está claro que la corrupción de las autoridades se hace presente en este caso, donde se echa la culpa al más débil, y los que deberían asumir su responsabilidad por su negligencia (la clínica) y la corrupción desborda (gobierno), salen bien librados. En fin, la corrupción a su máxima potencia