Hace poco más de una semana, la Gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda anunció un apoyo social para hijos de las víctimas de feminicidios, pero sólo el 8.87% de los asesinatos de mujeres se consideran como tal
El pasado 2 de julio, durante la tradicional conferencia semanal de la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, presumió el impulso de una política asistencialista con la que nadie podría estar en desacuerdo, pues pretende reconocer la falla estructural y la deuda del gobierno hacia las familias de las víctimas de feminicidio, en especial, a los hijos que sufren la ausencia de su madre a causa de un episodio cruento.
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Sin brindar muchos detalles al respecto, la mandataria estatal habló de un fondo inicial de 10 millones de pesos, y aseguró que el proyecto será impulsado por su gobierno y tendrá el objetivo de brindar un apoyo económico simbólico para apoyar a las infancias y adolescencia que quedó en el desamparo.
Tras el anunció que presumió como un reconocimiento de su gobierno, Ávila no ofreció muchos detalles o explicaciones, a pesar de la falta de datos, la importancia y delicadeza del tema; los presentes en la conferencia tampoco manifestaron dudas en relación al proyecto que pudiera considerarse positivo, pero que, de entrada, no ha garantizado que pueda dar cobertura a las numerosas víctimas, ni tampoco la fecha en que empezará a operar.
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De acuerdo a la información facilitada por diversas autoridades y publicada por esta casa editora a principios del presente 2025, durante el año 2024 fueron asesinadas 214 mujeres, pero sólo 32 de éstas se consideraron feminicidios; es decir, menos del 15 por ciento fue tipificado como tal. En 2025, Baja California ha contabilizado 16 feminicidios, lo que quiere decir que se mantiene una tendencia similar a la documentada el año pasado.
Si este análisis numérico se extiende a la sumatoria de los últimos 10 años, la cifra de asesinatos alcanzaría las 2 mil 481 víctimas femeninas, de las cuales sólo 218 se reconocieron como feminicidio, lo que representa apenas un 8.78 por ciento.
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Desde que se instauró la alerta de género, durante la administración de Jaime Bonilla Valdez, quien lo presumía en lugar de atenderlo, el gobierno de Baja California aceptó una serie de recomendaciones obligadas de parte del gobierno federal a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), con la intención de que el avance legislativo y de política pública, ayudarían a la entidad a reducir los altos índices de violencia contra las mujeres que se documentan; por ejemplo, cada año se registran más de 10 mil denuncias por este tipo de agresiones domésticas; o las 8 mil medidas de protección que los jueces otorgaron a mujeres víctimas de violencia, sólo en Mexicali, el año pasado.
Entendiendo que alrededor del 9 por ciento de los asesinatos de mujeres se consideran como feminicidios, ¿qué hará la gobernadora para que su política asistencialista tenga un verdadero impacto en la sociedad?
Se presume que para el arranque del proyecto se destine un presupuesto de 10 millones de pesos, con lo que se buscaría apoyar a las víctimas directas de feminicidio. Sin embargo, como la Fiscalía General del Estado (FGE) continúa con su política de negación, empeñados en tratar de evitar clasificar las muertes violentas de mujeres como feminicidios, aunque en los crímenes concurran las circunstancias para que sean calificados como tales, la realidad es que muy pocas víctimas estarán en posibilidad de recibir el apoyo brindado por el Poder Ejecutivo.
De entrada, se ignora, ¿quién supervisará la dispersión del recurso? ¿Cómo se definirá si se trata de un feminicidio o no? Los hijos de las víctimas que no sean catalogadas como feminicidio, ¿no merecen un apoyo social?
Todas estas dudas permanecen en el aire desde el 8 de marzo de 2024 cuando se escuchó de esta propuesta en la voz de la diputada Michel Sánchez Allende que presentó la iniciativa, misma que fue aprobada de manera absoluta por el Poder Legislativo. Y desde aquel entonces, los legisladores admitieron que se carecía de lineamientos para definir las características de las personas que cumplen con los requisitos para recibir este tipo de apoyos sociales.
Las mismas críticas que se hicieron en 2024 se mantienen ahora en 2025, porque a pesar de lo que ordena el Artículo 129 del Código Penal, los protocolos de operación de la FGE realmente no han cambiado, y pese a que se dan crímenes de mujeres que cumplen con las causales para la identificación de un feminicidio, la Fiscalía bajacaliforniana continúa ocultando la cifra, calificándolos como asesinatos y sumándolos en los datos generales de homicidios.
Comparada con la realidad de las calles, el reconocimiento de la responsabilidad del estado en torno a la prevención de feminicidios resulta insuficiente en una entidad donde asesinan a casi 300 mujeres al año.
