El exgobernador de Baja California y ex diputado federal Ernesto Guillermo Ruffo Appel negó cualquier implicación en actividades relacionadas con el tráfico ilegal de hidrocarburos, a través de su empresa Ingemar S.A DE C.V. luego de versiones periodísticas que vinculan con actos de “huachicol” tras un aseguramiento de 15.4 millones de litros de combustible en Coahuila.
“No hemos sido objeto de ninguna orden. Voy a ayudar al Secretario Harfuch en su investigación sobre el ´huachicol´”, aseguró Ruffo en entrevista, al tiempo que reiteró su disposición de colaborar en la investigación con el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
Ruffo, quien ha estado vinculado al sector energético desde hace años a través de proyectos de infraestructura, precisó que participó como socio en una iniciativa de desarrollo de una terminal de combustibles, donde su papel fue aportar los terrenos y gestionar la concesión correspondiente. “Así arrancamos”,
Pusimos los planos, presentamos propuestas y una empresa de ingeniería consiguió un inversionista en 2021. También otro empresario español, de toda su confianza, José Merino Cuervo.
Entre los socios estaban los empresarios Ricardo Thompson Ramírez y su hijo Ricardo Thomson Navarro, pero ninguno pagó las acciones, y sostuvieron reuniones con transnacionales por su cuenta, argumentó el ex gobernador panista.
Fue por ese motivo, añadió, que se les removió del consejo directivo de Ingemar y ambos se quedaron con una mínima parte de las acciones.
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Comentó que ha sido una empresa que le ha dejado ingresos normales, sin embargo, desde hace tiempo que ha estado interesado en vender las acciones, situación que no ha sido fácil por la sociedad que existe con otras empresas.
“Ojalá se investigue; todo está en la aduana”
El 8 de julio de 2025, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que las empresas Belar Fuels (estadounidense) e Ingemar S.A. de C.V. (mexicana), en la que Ruffo Appel participa como accionista, fueron vinculadas al decomiso de combustible —gasolina, diésel y destilado de petróleo— en Coahuila. A ambas se les acusa de falsificar documentos para ingresar a México más combustible del autorizado.
“Ojalá sea de verdad la investigación para que pueda dar toda la información a alguien y no me incriminen ni a la compañía, ya que hemos actuado con transparencia. En mi opinión, la que está en el ombligo de todo esto es la aduana, ya sea por cielo, mar y tierra, ellos deben acreditar todos los pedimentos de importación”, explicó el exgobernador Ernesto Ruffo Appel a ZETA.
El empresario panista reiteró:
“Niego categóricamente, y tenemos la documentación de pagos de IVA y del IEPS a disposición de la autoridad y en el caso particular del García Harfuch”, dijo.
Ruffo Appel explicó que las empresas Crismon Hidrocarburos y Derivados, administrada por Javier Peña, y Lambrucar, de Daniel Perches, contrataron los servicios de Ingemar para comercializar combustible en México.
“Parte, porque el volumen es muy grande, y con nosotros, esa empresa comercializadora que es señalada tiene pedimentos de importación que ellos nos han ordenado. Entonces ellos importan con nuestro permiso de importación. Nosotros no financiamos ni sacamos cartas de porte. A nosotros nos solicitan, con un contrato, importar mediante una comisión, pero el que hace todo es el comercializador, y ese comercializador lo aprobó la Comisión Reguladora de Energía, que está relacionado”, explicó Ernesto Ruffo.
El exgobernador se dijo confiado de tener la información para respaldar los movimientos de su empresa y los servicios que ofrece Ingemar, asegurando que Crismon sólo es un cliente que deberá enfrentar la discrepancia entre los combustibles reportados e importados, así como su posible participación con el empresario Juan Manuel “El Mono” Muñoz Luévano.
“Ya tengo 73 años y no me han adjudicado ninguna situación que merezca que me incriminen en alguna denuncia o investigación. Sé que hay que agarrar al toro por los cuernos, de manera que te quiten del radar, y estoy haciendo lo posible porque te quiten del radar”, dijo.
El 8 de julio, ZETA publicó los antecedentes de Muñoz, quien el 20 de mayo de 2019 fue acusado en Estados Unidos de cargos federales de lavado de dinero provenientes del narcotráfico, ante el juez David Alan Ezra, de la Corte Federal del Distrito Oeste de Texas. El 25 de noviembre de 2019, el empresario mexicano fue sentenciado tras convertirse en informante del gobierno estadounidense. Lorena Lamas y Ernesto Eslava