José Antonio N., alias “El Chaparro”, fue vinculado a proceso por los delitos de posesión de armas de fuego, cartuchos y cargadores, así como por delitos contra la salud, luego de que se le aseguraran más de 15 kilogramos de drogas sintéticas, como metanfetaminas y fentanilo. Esto, tras un cateo realizado a las 3:45 horas del pasado 3 de junio en la colonia Los Altos, en Tijuana.
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El juicio intermedio iniciará dentro de dos meses, el próximo 11 de agosto de 2025, según lo determinado por el juez Agustín Valdés Galindo durante la continuación de la audiencia inicial, celebrada al mediodía del lunes 9 de junio.
José Antonio cambió a la mayoría de su equipo de defensa, manteniendo únicamente a la abogada Andrea Rangel Valdez. La nueva defensora principal, María Elena Chan Morales, explicó que tuvo poco tiempo para estudiar el caso y que se entrevistó con su defendido únicamente antes de la audiencia.
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Al inicio de la audiencia, Chan Morales justificó la presencia de Marlon Chan Morales, quien fungiría como asesor jurídico y traductor, ya que el acusado no domina completamente el español y requería apoyo para comprender ciertos términos en inglés. Esta situación obligó al juez a intervenir en tres ocasiones para explicarle a José Antonio el proceso en curso. Solo una vez el acusado solicitó la traducción de la palabra “nulo”.
La estrategia de la defensa, liderada por Chan Morales, consistió en argumentar —en al menos seis ocasiones— que existían irregularidades en la investigación que dio origen a la orden de cateo, utilizando la expresión coloquial “el árbol envenenado”. La defensora expuso que, según las autoridades, fue el 30 de mayo de 2025 cuando los agentes observaron —con binoculares— a un joven delgado que se acercó a un departamento en Los Altos y recibió paquetes que podrían contener droga sintética. Sin embargo, la defensa cuestionó la falta de evidencia fotográfica o en video, la ausencia de identificación del joven, y la omisión del domicilio exacto donde habrían ocurrido los hechos.
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La abogada Rangel Valdez añadió que el debido proceso había sido vulnerado, ya que en redes sociales circulaban imágenes del cateo y del arresto, lo que no había sido presentado formalmente como evidencia.
Ambos argumentos fueron desestimados por el juez Valdés Galindo, quien concluyó: “Me resulta idóneo porque está llevado formalmente el cateo”. Aunque reconoció que “si bien existen inconsistencias en los actos de la investigación, como la falta de imágenes o el uso de binoculares, no significa que carezca de idoneidad”.
El arresto de José Antonio N., alias “El Chaparro”, fue dado a conocer por el secretario federal de Seguridad, Omar García Harfuch, quien lo vinculó con el grupo criminal Los Aquiles, una célula de Los Mayos, señalados como generadores de violencia en Baja California.
