Pescadores de Baja California Sur se han unido en diferentes latitudes para rechazar la creación de una Área Natural Protegida (ANP) denominada “Dos Mares” que, según información del Poder Legislativo, se convertiría en la más grande en su tipo en todo México.
Es una iniciativa que se promueve desde hace alrededor de dos años, que supuestamente busca aumentar la protección de ecosistemas marinos, cubriendo más de 19 millones de hectáreas de litorales, es decir, todas las costas de Baja California Sur por el Océano Pacífico y el Golfo de California.
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De acuerdo con la Secretaría de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario (SEPADA), en la entidad hay alrededor de ocho mil pescadores ribereños, que generan más del 40 por ciento del total de productos marinos que se mueven en el país.
Tomás Camacho, presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras del Golfo de Ulloa, zona ubicada en el Océano Pacífico, en algún momento han simpatizado con la posibilidad de la conversión a una ANP, citando ejemplos como el de Cabo Pulmo, que han permitido desarrollo económico para sus habitantes y, a la vez, priorizando la conservación del territorio.
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No obstante, se trata de una zona mucho más pequeña en comparación con lo que se pretende abarcar con “Dos Mares”.
“Empezamos a preguntar cómo está, planteamos que la zona de concesión de nuestra cooperativa que se hiciera un Área Natural Protegida para proteger a la tortuga que estaba siendo amenazada, sabiendo que para un área Natural Protegida aunque no quieras tienes que ceder tú ciertos derechos en tu zona de pesca”.
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“Aunque te digan que vas a trabajar igual, no es cierto, no es verdad. Pero nos dijeron que no, que se tenía que hacer un Área Natural Protegida en todo el estado, blindar para que no entren los barcos”.
En el Golfo de Ulloa tienen una problemática constante con la entrada de embarcaciones grandes, que depreden sus recursos marinos sin respetar las reglamentaciones por lo que, en un inicio, una propuesta de este tipo no sonaría tan mal.
La realidad es que los pescadores dicen ser conscientes de que no es necesaria la creación de una nueva ANP para que los gobiernos y sus instituciones actúen en consecuencia contra barcos de gran calado, que rompen las leyes de pesca y que ocasionan daños ambientales.
También dicen que se les ha intentado engañar con la excusa de que una ANP es la única forma de evitar la instalación de minería submarina en esta zona, sin embargo, este tipo de actividad está prohibida en México desde la reforma a la Ley Minera, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 8 de mayo de 2023.
“De alguna manera vamos a ceder derechos, eso es lo que no queremos, que mañana o pasado para renovar nuestros permisos tengamos que hacer una manifestación de impacto ambiental, que mañana o pasado nos digan: ‘¿saben qué?, siguen matando tortugas y el culpable siempre es el pescador ribereño’”, dijo.
“Eso les daría un argumento para recategorizar el área y convertirla en parque nacional, es más restrictivo, como sucedió en Espíritu Santo”, agregó.
Advierten que “Dos Mares” podría representar la muerte de la pesca ribereña, actividad que es la columna vertebral que sostiene a las comunidades del Golfo de Ulloa.
Además, anticipan un escenario de desventaja si este proyecto avanza, ya que sólo contarán con un espacio de representación de los 21 disponibles en el Consejo Asesor de la ANP.
“Va a ser un sólo pescador ribereño el que va a estar sentado en esa mesa, un pescador ribereño ante instituciones de investigación, la misma autoridad, ONG, prestadores de servicios turísticos, pesca deportiva, la pesca industrial… mañana o pasado te van a ‘mayoritear’”, resaltó.
Eloísa Lara, representante de San Evaristo, comunidad pesquera que se encuentra en el Golfo de California, se unió a los pronunciamientos en contra de este proyecto, recalcando que si se declara zona protegida se va a desplazar a los pescadores ribereños.
“¿Qué va a ser? ¿Turismo? Y el pescador no sabe inglés, van a decir que no hay que justificar la ignorancia, que tienen que saber. No estamos de acuerdo en que se declare Área Protegida porque nos van a desplazar”, expresó.
La representante comentó que buscan métodos de organización más efectivos, ya sea a través de un sindicato o un colectivo, para tener mayor presencia y participación en decisiones de este tipo.
Recalcó que un asunto como éste no terminará con una simple manifestación y que, para exigir al gobierno, es necesario tener mecanismos más robustecidos.
“El pescador sabe vivir del mar y de sacar el pescado, el anzuelo. Hay pescadores que dejaron un poco la pesca y ahorita se dedican al turismo. No estamos de acuerdo, los pescadores de Baja California Sur”, reiteró.
CONGRESO EXIGE SOCIALIZACIÓN
El diputado de Morena, Sergio Huerta Leggs, en una proposición de un punto de acuerdo expuso que ha platicado con pescadores de diversas regiones de la entidad, quienes le han externado su preocupación por lo que consideran una nueva “amenaza” que se cierne sobre Baja California Sur.
En ambos litorales sudcalifornianos, esta nueva ANP abarcaría los dos litorales de nuestra entidad, el del Golfo de California y el del Océano Pacífico, que bañan los más de dos mil 100 kilómetros de costas de nuestra Media Península y cubriría una superficie marina de más de 19 millones de hectáreas.
Asimismo, enfatizó que, de declararse su vigencia, se convertiría en la mayor ANP de su categoría en toda la República Mexicana.
“Según diversas fuentes, de concretarse esta Área Natural Protegida abarcaría 10 regiones, 79 comunidades y 649 unidades económicas vinculadas al sector pesquero en toda la geografía del estado de Baja California Sur”, dijo.
“Hay posturas encontradas entre la entidad promotora, una organización de la sociedad civil denominada Desarrollo Pesquero Sustentable A. C. y pescadores del norte de la entidad, en la región de Bahía Magdalena, de la zona del Golfo de Ulloa; quienes pertenecen a uniones de pescadores y organizaciones de cooperativas quienes nos han manifestado su rechazo a este proyecto que se le conoce como reserva de la biosfera Dos Mares”, agregó.
Sergio Huerta recalcó que los pescadores expresan que, de producirse la declaratoria de ANP para los litorales, ocasionaría importantes impactos negativos al desarrollo económico, sobre todo en los sectores pesqueros y turísticos, que son pilares fundamentales de la generación de riqueza y empleos en la Media Península.
Uno de los argumentos para dar paso a esta reserva de la biosfera es que dará orden en todos los sentidos en los litorales sudcalifornianos, eliminando la pesca ilegal y se frenaría la presencia de embarcaciones de gran calado que depredan.
“Dejar perfectamente claro que estoy totalmente en contra de la pesca que depreda, en contra de los barcos provenientes de otros estados que saquean las riquezas marinas, que por derecho histórico les corresponden a los pescadores de Baja California Sur. Estoy en contra de la captura y la extracción de especies en temporada de veda, de la sobrecarga de embarcaciones y de personas en zonas marinas de atractivo turístico”, expuso.
Por lo anterior, hizo hincapié en que ya se cuentan con mecanismos legales e instituciones encargadas de garantizar que no haya depredación y pesca ilegal, así como para la protección de recursos naturales y marinos.
Por esto, recalcó el temor de las comunidades pesqueras ya que no se conoce exactamente de qué trata, qué tipo organizaciones ambientalistas se encuentran detrás y a qué tipo de intereses responden.
“Hoy son más las interrogantes que se generan, que la información existente a disposición de la opinión pública estatal, por ello surgen varias preguntas que como representante popular estoy obligado a plantear”, expuso.
“¿Por qué una organización de la sociedad civil se erige como representante de la sociedad sudcaliforniana?, ¿por qué toma decisiones fundamentales para los sudcalifornianos y trabaja en varios frentes para lograr esta declaratoria?; ¿quiénes son?, ¿quiénes les otorgan financiamiento?, ¿por qué sus personas intimidan a los pescadores?”, cuestionó.
Posterior a reiterar que el tema de la creación de esta nueva ANP no se ha abierto a debate general en Baja California Sur, el pleno de la XVII Legislatura aprobó el punto de acuerdo presentado por Sergio Huerta y exhortaron al director general de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), Pedro Álvarez Icaza, y al titular en la entidad, Benito Bermúdez, a rendir un informe en el que se detalle cuál es el estado que guarda este proyecto.
El Poder Legislativo de Baja California Sur otorgó un plazo no mayor a 20 días para que se presente este informe y, además, solicitó a la CONANP que socialice esta información con todos los sectores involucrados.
SIN CONSENSO NO HAY ANP: GOBERNADOR
El gobernador del estado, Víctor Castro Cosío, aseguró que ya ha escuchado a pescadores y otros sectores involucrados e interesados en este proyecto.
En una entrevista con diversos medios de comunicación, el mandatario garantizó que no habrá una nueva ANP, si no hay consenso total.
“Vuelvo a decir lo que les he dicho a los compañeros que no están de acuerdo, porque hay desacuerdo entre los pescadores, unos a favor: mientras no haya consenso, que significa acuerdo total, no habrá”, declaró.
Castro Cosío hizo hincapié en que la declaratoria de una reserva de la biosfera, como se propone en este caso, debe ser un asunto en el que intervengan todos por medio del diálogo ya que, si no hay acuerdos, la ANP no trascenderá.
Se mostró a favor de que haya espacios para el debate y el diálogo, incluso una consulta para garantizar la participación ciudadana, haciendo énfasis en las comunidades pesqueras que han mostrado su preocupación.
