El viernes 11 de abril, Daniel de la Rosa Anaya dejó sus funciones en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). Su lugar fue tomado por Antonio López Rodríguez, como encargado de despacho hasta que sea ratificado, o bien, el gobernador del Estado proponga un nuevo perfil.
Mientras tanto, el estado ha padecido momentos críticos de inseguridad lo que ha despertado preocupación en diferentes cámaras, organizaciones y entes turísticos, económicos y de servicios, y no se han obtenido los resultados esperados.
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Ante la pregunta constante sobre la designación del encargo en la PGJE, el Ejecutivo Estatal Víctor Manuel Castro Cosío informó que hay grandes posibilidades que proponga al actual encargado de despacho.
“Era Subprocurador en el sur, es una persona que tiene muchos años en la Procuraduría, es una persona respetada. Tiene ahí un asunto que tampoco quiero yo soslayar, que es un una carpeta de investigación; pues yo le digo que se proceda, si está limpio que esté limpio, porque yo no voy a proponer a ninguna persona que no quede limpia de cualquier indicio”, declaró Castro.
De acuerdo con los datos proporcionados por un miembro de la Mesa Estatal de Seguridad Pública en la entidad, López Rodríguez cuenta con dos antecedentes que le están impidiendo que sea propuesto al Congreso del Estado:
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*Una denuncia por presunto delito de acoso sexual, presentada en 2023 bajo el número de expediente SJC/2515/2023/NUC; el suceso se registró cuando López Rodríguez fungía como Subprocurador Regional de Procedimientos Penales de la Zona Sur.
*Otro caso es el del ex militar Cesar Jaime Mendoza Guerrero, quien el 19 de julio del 2023 acusó a los funcionarios públicos de la Procuraduría, Martín Álvarez Savín, Rodrigo Sánchez Villa-Gómez, Antonio López Rodríguez y Jesús Francisco Manríquez González, por el delito de tortura, lo que quedó establecido en la carpeta de investigación LPZ/5051/2023/NUC.
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Víctor Castro sostuvo que para que proponga un perfil, antes deberán estar resueltos los casos en los que se encuentre vinculado, que se les dé el debido seguimiento y de ser necesario sea absuelto de culpabilidad.
El mandatario afirmó que, de no cumplirse la primera encomienda, estaría en la disposición de sugerir perfiles idóneos para atender las necesidades de la población.
“Yo le dije al señor que no lo podemos proponer como procurador; lo digo públicamente: mientras no se resuelva este asunto, que se resuelva si está limpio, limpio tendrá que ser presentado si es que le corresponde, si no; me reservo el derecho de proponer a personas que no tengan ningún antecedente”, confirmó el gobernador Castro.
Por otro lado, mucho se ha dicho sobre el método de selección de procurador, a lo que el representante del Gobierno Estatal reiteró que será sólo el Congreso quien lo ratifica o descarte, hasta que se cumpla con lo que requiere el estado.
Además, comentó que Baja California Sur se mantiene con Procuraduría, no aceptará la transición a Fiscalía.
“Ya está definido, es presentar sólo a una persona al Congreso y ya lo ratifica o no el Congreso. Me han preguntado si va a haber reforma para que haya fiscalía, no creo prudente”, expuso Castro.
Añadieron miembros de la Mesa Estatal de Seguridad que los aspirantes, y en su caso el encargado de despacho, deben pasar primeramente los exámenes de control y confianza y una serie de protocolos para que se atienda el perfil que necesita la responsabilidad.
“Estamos trabajando en el tema (ratificación) ahorita con Antonio López en el sentido de poder correr los ejercicios que te mencionaba (control y confianza) y no hay ningún otro perfil mencionado ahorita”, reiteró el secretario General de Gobierno, Saúl González Núñez.
PRIMERA ENCOMIENDA DE LÓPEZ
Entre los pendientes que quedaron para Daniel de la Rosa, está el suceso ocurrido el 6 de abril de este año en la comunidad de Guerrero Negro, municipio de Mulegé, cuando Ismael Jaime Román Hernández Avalos fue agredido a balazos presuntamente por Isidro Enrique Ulivarria Cortez alias “El 90”, líder de la Zona Norte para Los Chapitos.
La investigación cayó en manos de López Rodríguez, quien en conjunto con el todavía procurador De la Rosa trabajaron en conjunto con labores de inteligencia, para que el 12 de abril, ya como encargado de despacho, con apoyo de efectivos militares de la 40 Zona Militar, catearon tres domicilios en donde fueron agredidos a balazos sobre el Boulevard de la República y Calle Ojo de Liebre, en Guerrero Negro.
“Tenemos una nueva una denuncia reciente que también estamos investigando; y del análisis que hicimos, tenemos información que se trata de las mismas personas que cometieron el delito en contra de su hijo, y esto nos permite también poder esclarecer los hechos. Esta última orden de aprehensión me toca a mí compartírselas del primer caso donde se encuentra relacionado una persona que recientemente fue detenida allá en Guerrero Negro por personal de las Fuerzas Armadas, y que fueron detenidas siete personas que pertenecían a un grupo de personas que al parecer estaban generando violencia”, confirmó Antonio López Rodríguez, ya como encargado de despacho de la PGJE.
La noche del operativo, los sicarios se atrincheraron e intercambiaron disparos contra las fuerzas castrenses, pero fueron superados y obligados a entregarse. Durante el cateo, se aseguró 7 civiles, equipo táctico, armas y droga:
*Isidro Enrique “U” alias “El 90”.
*Una menor de edad.
*Cinco sicarios.
*1,560 cartuchos 7.62×39 mm.
*1,232 cartuchos 5.56×45.
*162 cartuchos .223 REM.
*Cinco cartuchos cal. 12.
*Una granada de mano MKIII A3.
*Tres granadas Cal. 40 mm para aditamento lanzagranadas.
*28 cargadores para 5.56 x 45.
*40 cargadores 7.62x 39mm.
*Un cargador de disco para 7.62x39mm.
*Siete placas balísticas para chaleco.
*12 chalecos tácticos.
*Dos pistoleras.
*Un casco táctico.
*Tres vehículos.
*44 dosis de marihuana.
Tras este aseguramiento, que marcó la llegada de Antonio López a la Procuraduría, todo se complicó cuando el 22 de abril un comando armado atacó a un militar y su acompañante cuando circulaban sobre la calle Juan Carlón de la colonia Fundo Legal, en la comunidad de Guerrero Negro.
El efectivo militar subteniente de caballería adscrito al 40 Regimiento de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Ricardo “N”, se trasladaba en una camioneta KIA color guinda cuando fue atacado y murió en el lugar, su compañero un soldador, que hacía un presupuesto para la unidad militar, murió minutos más tarde al recibir atención médica.
“Me parece que se reproduce en función de una venganza, por lo que el ejército hizo hace alrededor de 10 días de decomisar. Yo creo que esa el asesinato del militar sí está ligado a la célula desarticulada, esa es mi presunción”, expresó Víctor Manuel Castro Cosío, Gobernador de Baja California Sur.
Estos dos homicidios ocurrieron el mismo día de la jornada trágica para todo el estado, donde por la mañana localizaron un cuerpo decapitado en el camino a la Presa San Lázaro en San José del Cabo, municipio de Los Cabos; y se registró la ejecución por la tarde del Comandante de la Procuraduría, Ulises Omar Cota Montaño en el Fraccionamiento Camino Real del Municipio de La Paz.
Con estos hechos, recibió las primeras horas al mando de la PGJE, aunque con apoyo de la Federación, ya obtuvo resultados en el esclarecimiento del ataque a balazos y otros incidentes de Guerrero Negro, con la captura del 90 y la detención de Marcos Iván, alias “Marquitos”, vinculado al homicidio del comandante Cota, este último detenido en la Privada Eloisa el 25 de abril, domicilio ubicado en Nayarit entre Ramírez y Guillermo Prieto; se aseguraron autos, armas y siete personas relacionadas.
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