Alrededor de 20 organizaciones de la sociedad civil integraron un frente para advertir sobre la intención de reactivación del proyecto de minería submarina “Don Diego”, el cual hace una década buscó instalarse en el Golfo de Ulloa, área del Pacífico sudcaliforniano conocida por su alta productividad biológica, que permite el 42 por ciento de toda la actividad pesquera de la entidad.
En entrevista para ZETA, Alejandro Olivera, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica, detalló que han enviado una carta a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena Ibarra, y al titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, en donde alertan de esta posibilidad de que el proyecto pueda realizar actividades de extracción de arenas fosfáticas dentro de la zona económica exclusiva de México.
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“La misma empresa lo comunicó a sus accionistas en diciembre pasado, de que habían constituido una nueva empresa que se llama Capital Latinoamericano, junto con un empresario mexicano llamado Juan Cortina, para la extracción de arenas fosfáticas de la zona económica exclusiva de México”, informó el especialista.
El representante detalló que en diciembre la empresa promovente anunció una inversión de cuatro millones de dólares, situación que prendió inmediatamente las alertas.
“Es por ello que solicitamos al Gobierno de México que le retire las concesiones mineras; todavía las tienen, son 91 mil hectáreas dentro del Golfo de Ulloa en Baja California Sur”, precisó.
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El proyecto es promovido por Odyssey Marine Exploration, a través de su filial Exploraciones Oceánicas; actualmente está peleando su Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), que le fue negada por Semarnat años atrás.
En este escenario, Alejandro Olivera recordó que actualmente en la ley vigente se prohíbe la minería submarina; sin embargo, antes de esta modificación la empresa llevó el caso a tribunales para que se les otorgue dicha autorización y así avanzar con el proyecto.
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“Lo que alerta todo esto es que, sin tener todavía la Manifestación de Impacto Ambiental que están peleando en un juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa, están anunciando la inversión a sus inversionistas”, dijo.
“¿Cómo consiguieron este socio mexicano? ¿Cómo consiguieron este capital y cómo están anunciando que van a invertir y van a iniciar con este proyecto, cuando todavía no tienen la garantía de ganar?”, cuestionó.
No obstante, las organizaciones de la sociedad civil subrayan que, aunque en este momento “Don Diego” tenga en su poder la concesión minera, no significa que ya pueda operar debido a que faltan permisos.
Olivera aseveró que se necesitan dos permisos muy importantes, entre otros, pero lo más destacado son las concesiones mineras que otorga la Secretaría de Economía para extraer recursos naturales y, por otro lado, se requiere de la MIA.
“Si no tiene estas dos no puede llevarse a cabo; es por ello que como está peleando la autorización de impacto ambiental, independientemente de lo que vaya a determinar el tribunal, el Gobierno de México puede cancelar las concesiones mineras y ser congruente con lo que han hecho en foros internacionales ante la autoridad internacional de los fondos marinos, de estar en contra de la minería submarina, congruente con la pasada administración y la misma 4T que prohibió la minería submarina”, recalcó.
En este sentido, la sentencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) determinará si se ordena o no a la Semarnat autorizar la MIA a Odyssey Marine Exploration.
“Podrían perder este juicio o lo podrían ganar; en el peor escenario, en temas de medio ambiente, sería que el tribunal le dijera a Semarnat que se apruebe la autorización de Impacto Ambiental”.
Por ello, reiteran, están exigiendo que el Gobierno de México, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, cancele las concesiones mineras al promovente para que no pueda llevarse a cabo este proyecto.
LOS RIEGOS DE LA MINERÍA SUBMARINA
Como se mencionó al inicio, el Golfo de Ulloa es una zona de gran relevancia ecológica y económica para Baja California Sur, más de dos mil familias dependen de la pesca que se genera en esta área.
Además, es hábitat de especies en peligro de extinción, como la tortuga caguama y la ballena gris, que estarían en riesgo si “Don Diego” consigue la autorización para extraer fosfato del fondo marino, esto por el dragado que implica la actividad.
“Estamos hablando de unas concesiones de más de 90 mil hectáreas en el Golfo de Ulloa, lo que conlleva dragar toda la zona en el Golfo; extraer varios metros del lecho submarino acabando con toda la vida submarina que se encuentra en esta zona de la cual ni siquiera conocer del todo bien todo lo que hay en esta región”, expresó Alejandro Olivera.
La misma Semarnat determinó que había una amenaza para las mismas tortugas y para las ballenas, es una zona de migración de ballena gris.
Asimismo, se enlista dentro de las afectaciones el que los barcos pueden colisionar con las ballenas, posibilidad que, las asociaciones enfatizan, ha sido reconocida por la misma Semarnat recordando que el Golfo de Ulloa es área de migración de este gigante del mar.
“Es una zona de alta concentración de tortugas caguama toda esta región del Golfo de Ulloa, y la extracción de arenas también puede provocar la suspensión de sedimentos, llevando sedimentos transportados por las corrientes a kilómetros de distancia, pudiendo afectar a las actividades pesqueras de la región, principalmente a las poblaciones de López Mateos, Las Barrancas, que están cerca de las concesiones”, manifestó el especialista.
Es por eso que insisten en el llamado para que cancelen las concesiones mineras, decisión que está dentro de las manos del Gobierno Federal, de Secretaría de Economía, para que este proyecto no se pueda llevar a cabo
Sobre este tema, el gobernador del Estado, Víctor Castro Cosío, se pronunció en contra, así como de cualquier otra iniciativa empresarial que pueda afectar al medio ambiente y a la calidad de vida de la población sudcaliforniana.
“Que la busquen, nosotros no vamos a dar autorización alguna. Ya les dije que quien quiera atentar contra nuestro patrimonio en el mar, la tierra, donde sea… ayúdenme en eso, no vamos a dar autorización el Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal tampoco”, dijo.
“Sin eso no hay juego, siempre están los intereses sobre nuestros recursos naturales; por eso nos despojaron de tanta y tantas tierras en diferentes partes del Estado”, agregó.
LA SITUACIÓN LEGAL
En la carta que las organizaciones enviaron a las autoridades de Semarnat y la Secretaría de Economía detallaron que, en diciembre de 2024, Odyssey Marine Exploration anunció la formación de una empresa conjunta con Capital Latinoamericano, S.A. de C.V., para desarrollar un proyecto de fertilizantes en la Zona Económica Exclusiva de México.
“Según el comunicado oficial, Capital Latinoamericano, S.A. de C.V. se comprometió a una inversión inicial de 25 millones de dólares para el desarrollo del proyecto, con la posibilidad de expandir su financiamiento hasta 50 millones de dólares adicionales”, precisaron al enfatizar la preocupación sobre el respaldo económico y político que puede tener el proyecto en afectación directa a los esfuerzos por proteger el ecosistema marino de Baja California Sur.
Odyssey Marine Exploration pelea legalmente por la autorización de su MIA y ha impugnado por segunda ocasión, argumentando ante el TFJA que la negativa que dio Semarnat es ilegal y arbitraria.
Cabe recordar que en 2024 una resolución del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) ordenó al Gobierno de México pagar una indemnización millonaria a esta empresa por la doble negación del permiso ambiental.
En respuesta, el Gobierno de México argumentó que Odyssey Marine Exploration no especificó si los daños reclamados se basan en los artículos 1116 y 1117 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
“Si el TFJA llegaba a fallar a favor de la empresa en la segunda impugnación de la negativa de la autorización de impacto ambiental, la compañía podría terminar operando el proyecto mientras ya había sido compensada por su supuesta pérdida”, explicaron las organizaciones.
Por otra parte, en el documento se precisó que la empresa declaró que no buscaría una doble recuperación, sino que más bien considera esto una garantía legal.
PESCADORES, EN CONTRA
El Golfo de Ulloa abarca desde punta San Lázaro hasta Punta Abreojos, acaparando un millón 990 mil hectáreas del Océano Pacífico en Baja California Sur. Históricamente, miles de personas se han dedicado a la pesca como actividad ancestral que ha llevado sustento a sus hogares, ya sea mediante la obtención de alimento para la mesa o con dinero que se obtiene por medio de la venta de productos marinos.
Y es que la población de esta área de la Media Península no sólo destaca por su gran relevancia en el sector económico, sino por la organización que han demostrado pescadores ribereños que hoy también se posicionan en contra de la entrada de un proyecto de minería submarina frente a las costas donde trabajan.
Tomás Camacho Bareño, presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras en el Golfo de Ulloa, manifestó el rechazo de las comunidades en contra de esta actividad que, asegura, pondría en riesgos la pesca ribereña que ya ha sido “castigada” con restricciones en la última década por la mortandad de tortugas.
Recordó que hace años detectaron la presencia de representantes de Odyssey Marine Exploration en la comunidad de Las Barrancas, lo que ocasionó revueltas por acuerdos que en su momento intentaron hacer la empresa y líderes pesqueros de la zona.
“En 2012 fue cuando empezamos a ver un barco aquí que no sabíamos que era, nos decían que era un barco que estaba pescando. Ya cuando me tocó verlo dije que no era un barco pesquero, sino para exploración”, dijo.
“Después aparecieron lobos marinos, tortugas muertas. ¿Será la causa? No lo sé o coincidencia de que andaba el barco ahí”, comentó.
Coincidió en que es incongruente que se logren autorizaciones ambientales para un proyecto de minería submarina cuando los pescadores ribereños se han visto obligados a reducir sus áreas de actividad, esto por decisiones autoridades ambientales que investigan el fenómeno de mortandad de tortuga en el Golfo de Ulloa.
“Por supuesto que es afectación para todos nosotros el que haya una mina submarina aquí, está en nuestra zona de pesca”, finalizó.
