De nada valieron las intensas acciones de las últimas semanas para combatir el narcotráfico en México. Poco importó que 10 mil soldados fueran a custodiar la frontera Sur de Estados Unidos. Tampoco se valoró la ofrenda de los 29 miembros de la delincuencia organizada entregados a ese país del Norte sin importar la violación del Estado Derecho y el debido proceso. Mucho menos se tomó en cuenta el discurso de “colaboración si, subordinación no”. Y de nada sirvió la retórica frase de “A México se le respeta”. Nada fue suficiente para el mandatario estadounidense Donald Trump, que bajo el argumento de que México, Canadá y China no hacen lo suficiente para frenar la producción y el tráfico de fentanilo, impuso los tan anunciados aranceles el 4 de marzo.
El tema de los narcotraficantes entregados fuera del tratado internacional de extradición firmado entre Estados Unidos y México, entre ellos Rafael Caro Quintero, quedó atrás. Ya poco importa el tema, las formas y el impacto que podría tener en los aspectos de la seguridad y justicia en el país. Al fin, es un caso consumado. Tan pobre fue el resultado de esa entrega, con tintes de expulsión, que en vez de agradecer, Trump se burló del gesto de la política mexicana, al señalar durante su informe del martes 4: “(…) hace cinco noches las autoridades mexicanas nos entregaron 29 de los líderes de cárteles más grandes de su país, eso nunca había pasado. Quieren vernos felices. Primera vez en la historia”.
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De hecho, el mandamás norteamericano dijo que México y Canadá necesitan hacer más de lo realizado para frenar el flujo de fentanilo y otras drogas hacia su país. Y seguro está de que así lo van a hacer sus aún socios comerciales.
Un día después de esa declaración, su homóloga en México, Claudia Sheinbaum Pardo, descartó que el traslado de los capos hubiera sido para “hacer feliz” a Trump, y aseguró que fue por cuestiones de seguridad nacional, pues “había mucha información de la (posible) liberación de muchas de estas personas con la consecuencia que pudiera tener para nuestro país”.
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Antes que Sheinbaum lo habían expresado -el 28 de febrero- el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero: “No fue una extradición, fue un traslado”, justificado en la probabilidad de que estos miembros del crimen organizado fuesen rescatados o se fugaran de prisión.
“El Gabinete de Seguridad cuenta con información que existía un riesgo que algunos de estos objetivos solicitados por el Gobierno de Estados Unidos fueran liberados o siguieran atrasándose sus procesos de extradición, derivado de acuerdos con algunos jueces que buscaban favorecerlos como ya se había hecho en otras ocasiones y durante muchos años. Con estos elementos y considerando las actividades a las que se han dedicado dichas personas vinculadas con delitos de alto impacto, representan una amenaza a la seguridad de nuestro país y de Estados Unidos”, aseguró García Harfuch.
Por su parte, Gertz Manero explicó que “se abrió una opción que estaba dentro del marco jurídico mexicano que ellos aprovecharon y que es muy útil para establecer la responsabilidad, sobre todo las respuestas que el Gobierno de México ha dado sobre los problemas estos del fentanilo y la forma como México está cumpliendo. Aquí no hay de que nosotros no estamos cumpliendo, eso sí quedó clarísimo. Hay una ratificación del esfuerzo de México para combatir esta plaga y sobre todo, el esfuerzo del Gobierno de México para no proteger a ningún delincuente que tiene vinculaciones internacionales”.
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LOS ENTREGADOS
Aunque los abogados de los capos entregados a Estados Unidos han hecho mutis y a diferencia de otras ocasiones no han salido exaltados a reclamar las presuntas violaciones procesales o las garantías de sus clientes, en los Juzgados de Distrito del Estado de México y de la Ciudad de México quedaron como testimonio la desesperada presentación de demandas de amparo en favor de sus defendidos al no saber lo que estaba ocurriendo. Fue el caso del abogado de José Antonio Canobbio Inzunza alias El Güerito o El 90, presunto líder del grupo Los Chimales, asesor principal y jefe de seguridad personal del Iván Archivaldo Guzmán Salazar alias El Chapito, quien refirió en su escrito el 27 de febrero que su cliente “fue egresado del lugar donde guardaba reclusión en el Centro Federal de Reinserción Social número 1 Altiplano, sin saber el lugar donde actualmente se encuentre”.
Canobbio Inzunza, de 44 años, apenas fue detenido el 19 de febrero anterior en Culiacán, y sin procedimiento de extradición, se le trasladó a la Unión Americana. Su socio de correrías en el Cártel de Sinaloa, Kevin Alonso Gil Acosta alias El 200, detenido un día después que El Güerito, no fue remitido al país del Norte, pero sin duda la movilización que hubo en el penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez alertó a su defensor, quien raudo acudió a promover el amparo, señalando como actos reclamados: orden de extradición o traslado alguno a otro país extranjero, así como la probable Incomunicación y tratos crueles e inhumanos. Para su fortuna todo quedó en un susto, y ahora, ante el proceder de las autoridades mexicanas, sabe que no hay acción legal que valga si quisiesen entregarlo al gobierno vecino del Norte. Kevin era jefe de seguridad de Los Chapitos.
Juan Guillermo Gasca Esperón, abogado de Itiel Palacios García alias El Compa Playa, uno de los presuntos líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y generador de violencia en Veracruz, acudió ante la justicia federal al no poder contactar con su representado desde un día antes de que fuera trasladado a White Plains, Nueva York para ser juzgado por cargos de tráfico de drogas y posesión ilegal de armas de fuego. Al litigante le negaron la entrada al Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) a ver a su cliente bajo el argumento de que “tenemos Código Negro”. El día previo y el del traslado fue lo mismo, por lo que Gasca se imaginó de lo que se trataba e intentó frenar la entrega reclamando actos de incomunicación, traslado a país extranjero, deportación, tortura y violación a los derechos procesales, legalidad, seguridad jurídica y justicia pronta y expedita.
Lo mismo ocurrió con José Rodolfo Villarreal Hernández alias El Gato, jefe operativo de los hermanos Beltrán Leyva, trasladado a McKinney, Texas, del que su defensor alegó en la demanda de amparo “… incomunicación, extradición arbitraria, deportación, expulsión, destierro o traslado”.
Los abogados del canadiense Andrew Clark, el dictador, quien fungió como enlace logístico entre los cárteles de Jalisco y Sinaloa, ni siquiera se la sospecharon, pues solicitaron la protección constitucional para que se le permitiera al extranjero comunicarse con sus familiares al advertir que autoridades de un penal capitalino no estaban autorizando la entrada para verlo. En el penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez se implementó el llamado Código Negro el día 26 y durante el 27 de febrero, cuando fueron excarcelados los hombres considerados objetivo prioritario para su entrega a EU, por lo que se suspendió todo ingreso y egreso en el centro penitenciario.
Rafael Caro Quintero, el narcotraficante más famoso y el que más significado tuvo en la entrega masiva, no dejó ninguna huella de haber intentado defenderse jurídicamente contra el traslado. Al menos sus abogados no reaccionaron con la rapidez acostumbrada. Cabe mencionar que Rafael ya fue juzgado en México por el secuestro y homicidio del agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Enrique Camarena Salazar y otros delitos, a 40 años de prisión, misma pena que le fue impuesta a su coacusado Ernesto Fonseca Carrillo alias Don Neto, quien no fue requerido por la justicia estadounidense y el próximo 7 de abril cumple su condena, la cual cumple en su casa en un coto de Naucalpan de Zaragoza, Estado de México.
Por su parte, Miguel Félix Gallardo cumple una sentencia de 40 años por delitos contra la salud que concluye en 2029, para compurgar una condena de 37 años por el Caso Camarena, misma que finaliza en 2066. Tampoco lo reclama Estados Unidos.
LOS QUE FALTAN
Después de consumada la entrega de los 29 trasladados al vecino país del Norte, las noticias de personajes ligados a la delincuencia organizada continuaron en México, pues ese 28 de febrero era detenido por la Guardia Nacional, en Tonaya, Jalisco, Abraham Oseguera Cervantes alias Don Rodo, hermano del líder del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes alias El Mencho; pero por otra parte, trascendía la liberación de Rosalinda González Valencia, esposa de Nemesio, abandonando de noche el Cefereso Femenil Número 16 Morelos en Coatlán del Río, luego de permanecer tres años tras las rejas y recibir el beneficio penitenciario de la libertad condicionada, al haber cumplido más del 50 por ciento de la pena impuesta por lavado de dinero.
A la fecha quedan más de los objetivos prioritarios para EU en el país, miembros de grupos delincuenciales. Unos se encuentran actualmente presos en cárceles de mediana y máxima seguridad, otros continúan prófugos y operando en el territorio nacional. Entre los capos reclamados por las cortes estadounidenses y se hallan encarcelados están Teodoro García Simental alias El Teo, originalmente del Cártel Arellano Félix (CAF) que después se cambió a Sinaloa; Servando Gómez Martínez alias La Tuta, de Los Caballeros Templarios; Abigael González Valencia alias El Cuini, cuñado del Mencho y operador financiero del CJNG; José Bernabé Brizuela Meraz alias La Vaca, ex jefe de plaza del CJNG en Colima y a la postre líder del Cártel Independiente de Colima; y Freddy Calles Romero alias El Tolteca, involucrado en la masacre de Bavispe.
En la lista de presuntos criminales pretendidos para ser llevados ante la justicia norteamericana, pero que no han sido detenidos, se encuentran líderes criminales y operadores de diversos cárteles, como ya citado Mencho; Iván Archivaldo Guzmán Salazar alias El Chapito; su hermano Jesús Alfredo Guzmán Salazar, alias Alfredito; Alfonso Limón Sánchez alias Poncho Limón; Fausto Isidro Meza alias El Chapo Isidro; Juan José Esparragoza Moreno alias El Azul, del que no se ha probado su presunta muerte; Rafael Guadalupe Félix alias El Changuito Ántrax; René Arzate García alias La Rana; Alfonso Arzate García alias El Aquiles; Óscar Fernando Villarreal; Carlos Andrés Rivera Varela alias La Firma; Francisco Javier Gudiño Haro alias La Gallina; y Jorge Luis Mendoza Cárdenas alias La Garra.
Tampoco han sido capturados Audías Flores Silva alias El Jardinero, del CJNG; Víctor Manuel Félix Beltrán alias El Vic; Yael Osuna Navarro; Luis Fernando Meza; Ismael Zambada Sicairos alias El Mayito Flaco; Héctor Alfonso Araujo; Raúl Rivas Chaires; Juan Francisco Valenzuela; Severo Flores Mendoza; Julio César Montero Pinzón; Esther Godoy Arellano; Obed Christian Sepúlveda; Miguel Ángel Valdez Ruíz; Wilder Emilio Sánchez; Sergio Orozco Rodríguez alias El Chocho; Julio Castillo Rodríguez; Gonzalo Mendoza Gaytán alias El Sapo; Jesús González Peñuelas alias El Chuy; Ignacio González Peñuelas alias El Nacho; David Macario Villalobos; Inocencio Isidro Pank Calderón alias El Gordito; José Aguirre Valencia; Jorge Serrano Payán alias El Doctor; y Amado Núñez Meza alias El M-11.
Autoridades mexicanas saben que estos narcotraficantes no se dejarán atrapar y cualquier intento por hacerlo sin inteligencia desatará violencia, pues los 29 miembros del crimen organizado recientemente entregados a la Unión Americana enfrentarán a la justicia de ese país bajo la figura de “terroristas”, confirmó el 1 de marzo la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, quien destacó que ambas naciones acordaron, tras su reciente reunión de seguridad bilateral en Washington, tomar medidas rápidas y decisivas para asegurar la frontera y desmantelar organizaciones criminales. Reunión que el gobierno mexicano calificó de positiva y en la que participaron los miembros del Gabinete de Seguridad junto con el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente.
ZAMBADA LIBRA ORDEN
Mientras que el gobierno del país habla del riesgo de que los integrantes de la delincuencia organizada pudiesen ser liberados o escapar de las prisiones que el mismo Poder Ejecutivo Federal administra y advierten que el Poder Judicial es corrupto y genera impunidad, Ismael “El Mayo” Zambada García, ex líder del Cártel de Sinaloa, libró una orden de aprehensión que pesaba en su contra desde hace dos décadas, sin necesidad de luchar jurídicamente contra ella en México. Por ello, el fiscal Gertz Manero asegura que solamente existen tres órdenes de captura contra el sinaloense, siendo que había más.
Por el simple transcurso del tiempo sin que las autoridades dieran con el paradero del Mayo Zambada prescribió la acción penal emprendida en su contra por la entonces Procuraduría General de la República en 2002 y quedó cancelada la orden de aprehensión que tenía en su contra en el entonces Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, por delitos contra la salud en la modalidad de tráfico de cocaína y marihuana.
La causa penal 15/2018 sobreseyó; es decir, concluyó definitivamente, al declararse la prescripción de la acción penal ejercida en contra del capo. Inconforme con el fallo, el Ministerio Público de la Federación interpuso el recurso de apelación, pero la resolución fue confirmada en segunda instancia por el Sexto Tribunal Unitario del Segundo Circuito, en el toca penal 27/2020, al considerar inoperantes e ineficaces los agravios ministeriales. Así lo resolvió Alfonso Alejandro Sánchez Talledo, secretario del Sexto Tribunal Unitario del Segundo Circuito, autorizado para desempeñar las funciones de magistrado de Circuito por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal.
La historia inicia cuando en abril de 2002, el Ministerio Público Federal ejercitó acción penal contra Zambada García por los delitos antes referidos. El día 9 de ese mes, el juez dicta el mandamiento de captura contra El Mayo y otro sujeto, notificándose al fiscal adscrito dicha resolución, misma que apeló por no estar conforme en su totalidad, pero la orden fue confirmada el 17 de enero de 2003, por lo que para el 17 de julio de 2020 ya habían transcurrido los 17 años seis meses que señala la ley como temporalidad mínima para que operara la prescripción de la acción penal persecutoria.
Como durante ese tiempo y más, El Mayo no fue localizado ni detenido, oficiosamente el juzgador decretó prescrito el asunto. En la resolución se estableció que “una vez que el hecho delictivo ha ocurrido, la prescripción de la acción penal se actualiza cuando el Ministerio Público ha ejercido la acción persecutoria ante los tribunales y al paso del tiempo no se logra que el inculpado quede sometido a su jurisdicción”. Así pasaron las administraciones presidenciales de Vicente Fox Quesada, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto y de Andrés Manuel López Obrador sin que la orden de aprehensión contra Zambada fuese ejecutada, por lo que el 17 de julio de 2020 prescribió la acción penal. El expediente llegó a tener 94 tomos, lo que habla de la relevancia del asunto perdido.
