La visita propuesta por el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, al rancho Izaguirre, para medios de comunicación y colectivos de buscadoras el jueves 20 de marzo resultó todo un montaje, un show de drones y un escenario criminal contaminado y sin evidencias.
Seis autobuses trasladaron a periodistas y familiares de personas desparecidas hasta el campo de adiestramiento, desde las instalaciones de la Fiscalía Estatal y la Delegación de la Fiscalía General de la República (FGR), en Guadalajara.
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La logística planteada, más no definida, pretendía que camionetas tipo van llevaran 20 personas desde un punto establecido por la brecha hasta el rancho, para no saturar de vehículos.
Sin embargo, la mala atención y los inclementes rayos del sol irritaron a las madres buscadoras que rompieron el cerco policial de seguridad y junto con reporteros caminaron casi un kilómetro sobre el polvoriento camino hasta el rancho.
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En el sitio hubo dificultades para ingresar por la cantidad de personas, pero una vez adentro, nadie guio la visita ni rindió explicaciones de nada.
Un terreno con áreas acordonadas, algunos pequeños hoyancos en el suelo y banderitas con la leyenda de “Evidencia. No tocar”, es todo lo que se observaba en el lugar.
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Ante esta situación, colectivos y periodistas se mostraron decepcionados y se dijeron burlados por las autoridades.
INVESTIGACIÓN FALLIDA
La FGR no confirmó, pero tampoco negó, que el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, fuese un centro de exterminio, dejando en claro que se trataba de un lugar de adiestramiento del cártel predominante en la entidad y que las autoridades locales incurrieron en diversas irregularidades al no efectuar una investigación completa desde septiembre de 2024, cuando fueron detenidos diez sujetos y asegurado el inmueble. Por su parte, la fiscalía estatal respondió que entregará la carpeta de investigación a la brevedad y sugirió que sea creada una Comisión de la Verdad.
Gertz Manero, quien este jueves 20 de marzo visitó el predio enclavado en la delegación La Estanzuela, en la Región Valles, acompañado de funcionarios estatales y con apertura a los medios de comunicación, poco abonó a lo que se ha investigado sobre las personas desaparecidas, el reclutamiento forzado y los presuntos asesinatos en el rancho, pues señaló que la FGR aún no tomaba el mando de las pesquisas; en cambio, su mensaje de un día antes estuvo encaminado a detallar la larga cadena de omisiones e irregularidades de la Fiscalía de Jalisco, de la anterior administración (que concluyó el 5 de diciembre del año anterior) y parte de la actual.
Gertz Manero, quien reconoció el hallazgo de restos humanos, expresó no tener más datos, y por ello, hasta contar con toda la información de la indagatoria, podría confirmar o descartar si el sitio era utilizado como un campo de concentración o aniquilamiento; sin embargo, dijo que se llegará a la verdad del asunto porque el inmueble arrojará toda la información que se requiere: “Creo que hay tal cantidad de información y de pruebas que la verdad va a salir, pero sin lugar a dudas, yo no tengo ninguna duda y se lo digo por experiencia. Cuando los asuntos han sido ya tan tratados y han tenido tanta participación, inclusive con las fallas que pueda haber por lo que haya sucedido anteriormente, el cúmulo de datos da un resultado generalmente muy cercano”.
El funcionario federal aseguró que algunas de las identificaciones y pertenencias localizadas en el Rancho Izaguirre pertenecieron a algunos sicarios que después fueron detenidos en otros estados, e incluso por la propia FGR, aunque no supo dar cuenta del número de tales personas capturadas. Además de las anomalías registradas por parte de servidores públicos de la fiscalía tapatía, Gertz indicó que de acuerdo a lo informado por autoridades locales y testigos que declaran en carpetas de investigación, hubo colusión de elementos de la Policía de Tala, municipio limítrofe con Teuchitlán, hechos por los que hay un ex uniformado preso y dos prófugos.
El informe del fiscal general de la República fue criticado a través de un comunicado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, AC, ya que pone en claro que la reforma en materia de justicia debe enfocarse en las fiscalías, claramente incapaces y rebasadas. El organismo defensor de derechos fundamentales consideró que lo informado por el funcionario fue pobre, sin análisis de contexto, ni uso de la tecnología, pese a que lo que sobresale en el caso es la delincuencia organizada. Para el Centro Pro Juárez, fue desafortunado que en Alejandro Gertz no existiera el tono de solemnidad y empatía que amerita el terrible asunto.
PIFIAS DE LA FEJ
Al presentarse ante los medios de comunicación el miércoles 19 de marzo, Alejandro Gertz Manero, puntualizó las irregularidades y omisiones encontradas aún antes de recibir el asunto oficialmente:
* Las diligencias ministeriales del fuero común que se hicieron en este caso, en septiembre y octubre de 2024, no realizaron el rastreo de indicios o huellas de los hechos.
* No se cumplió con el debido registro e identificación de todo lo hallado, sobre todo en lo que hace a las prendas de vestir y calzado que quedaron abandonados en el sitio.
* No se procesaron debidamente los vehículos encontrados, de los cuales tres ya han sido robados.
* No se le dio intervención inmediata a la FGR por los delitos de posesión y utilización de armas de fuego de alto calibre y de delincuencia organizada.
* No se realizó la inspección total y exhaustiva del lugar.
* No se ordenó la inmediata identificación de huellas dactilares.
* Seis meses después, los Servicios Periciales del Estado de Jalisco aún no cuentan con un dictamen definitivo en el que se establezca con precisión la antigüedad y la identidad de los restos encontrados.
* Tampoco cuenta con los análisis físicos y químicos que, en forma directa, vinculen a diversas zanjas con la posibilidad de actividades crematorias que deben haber estado sometidas a temperaturas entre 800 y 1200 grados Centígrados, lo cual necesariamente debe dejar huellas periciadas de ello.
* No se han establecido, con toda precisión, los vínculos, encubrimientos y coparticipaciones de autoridades locales, con los cárteles delictivos que operan en esa región, a pesar que diversas personas secuestradas en dicho inmueble ya lo declararon.
* En un caso, encabezados por su jefe, elementos de la Policía de Tala -cercana al lugar- operaron de esa manera; uno de ellos ya se encuentra detenido.
* Declaraciones semejantes se han encontrado en carpetas locales que no fueron integradas a la investigación de este caso.
* Tampoco se dio cabal seguimiento la declaración de una de las víctimas, respecto a que las prendas de vestir que ahí se encontraron eran de las personas que los delincuentes habían reclutado y adiestraban en ese sitio.
* Al respecto, identificaciones allí encontradas recientemente corresponden a sicarios de cárteles criminales que ya fueron detenidos en otras entidades.
* Prácticamente después de las diligencias ministeriales locales, dicho inmueble quedó en estado de abandono y sin ninguna protección, pese a que se hallaba asegurado por el Ministerio Público local.
* Tampoco se identificaron de inmediato los antecedentes y la posesión o propiedad actual del inmueble.
* No se le tomó declaración inmediata al alcalde, al secretario general y al de Seguridad Pública de Teuchitlán, respecto a sus obligaciones de prevención del delito.
* No se levantaron actuaciones testimoniales de vecinos, ni de personas posiblemente vinculadas.
Por todo lo mencionado en la relación leída textualmente por Gertz Manero, el fiscal señaló que fue requerido a las autoridades locales que, con carácter urgente, haga entrega a la FGR de los peritajes definitivos y todas sus actuaciones vinculadas con este caso, con la finalidad de que la dependencia federal se haga cargo de las investigaciones en delante.
FUNCIONARIOS EN LA MIRA
En sesión de preguntas y respuestas, el fiscal Alejandro Gertz Manero apuntó que constitucionalmente el responsable directo de la integración de cualquier carpeta de investigación es el agente del Ministerio Público, en este caso local, al que se le asigna el caso, por lo que si el MP cometió algún tipo de irregularidad, se hará todo lo necesario para establecer su responsabilidad. Lo mismo ocurriría con el fiscal supervisor y toda la cadena de mando, iniciando la investigación desde el primer respondiente hacia arriba.
Horas más tarde, después de conocer la postura del titular de la FGR, a través de un video difundido en redes sociales oficiales, el fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, anunció que desde el mismo 19 de marzo sería entregada la carpeta de investigación sobre el Rancho Izaguirre a la dependencia federal y que desde el inicio de la actual administración se realizaron investigaciones para avanzar en el caso y tiene a diez personas en prisión. Conocido como Archie, el fiscal jalisciense también expresó que la FGR contará con todo el apoyo de su homóloga estatal.
En su mensaje, González de los Santos fue emisario de una sugerencia del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, respecto al caso Teuchitlán: “El gobernador propone que en conjunto con el Gobierno Federal se instale una Comisión de la Verdad, a fin de dar certeza y confianza en el resultado de las investigaciones, en la que participen madres buscadoras, colectivos, organismos internacionales, universidades, organismos de Derechos Humanos y observadores. En el caso del Rancho Izaguirre nadie se lava las manos. En Jalisco queremos que se conozca la verdad”.
En tanto, en el Congreso de Jalisco fue aplazada la comparecencia de autoridades estatales para que explicaran lo sucedido en el bautizado popularmente como “centro de exterminio”, entre quienes se hallaba citado el fiscal González de los Santos; el secretario de Seguridad estatal, Juan Pablo Hernández; el coordinador de Seguridad Estratégica del Gobierno de Jalisco, Roberto Alarcón Estrada; y la secretaria de Inteligencia y Búsqueda, Edna Montoya. Sin embargo, la comparecencia tendrá que ser en otra fecha por establecer, a la cual también tendría que presentarse la fiscal en Personas Desaparecidas, Blanca Trujillo Cuevas, quien ostenta el cargo desde la pasada administración.
Además de cuestionarse la probable responsabilidad de la fiscal Trujillo Cuevas por haber conocido de los hechos del Rancho Izaguirre en septiembre pasado, cuando dos personas privadas de su libertad fueron liberadas y se localizó un cadáver en el sitio donde fueron detenidos diez sicarios, podrían ser sujetos de investigación federal la agente del Ministerio Público, Ana Berenice Z; el exsecretario de Seguridad Pública, Agustín Bosco Pacheco Medrano; el ex fiscal estatal, Luis Joaquín Méndez Ruiz; y el ex coordinador del Gabinete de Seguridad, Ricardo Sánchez Beruben, quienes gozan del principio de presunción de inocencia.
POLICÍA DE TALA
El ex policía municipal de Tala, municipio aledaño a Teuchitlán al que se refirió el fiscal Alejandro Gertz Manero como persona detenida con relación al caso del Rancho Izaguirre, es Emmanuel Avelar Manjarrez, quien junto con otros dos uniformados de esa demarcación habría participado en la desaparición forzada de una persona para entregarla al CJNG en el centro de adiestramiento.
El oficial fue detenido el 15 de octubre de 2024, con base a una orden de aprehensión en la propia Comisaría de Tala, durante el cambio de turno por elementos de la Policía Investigadora.
De acuerdo a lo expresado por el alcalde de Tala, Gerardo Ruiz, los otros dos agentes policiales sobre los que recayeron mandamientos judiciales de captura presentaron su renuncia voluntaria el 26 de septiembre de 2024; es decir, ocho días después de la captura de miembros del CJNG y que se descubrió el centro de entrenamiento criminal, por lo que desde entonces se encuentran prófugos. En tanto, Avelar Manjarrez fue puesto a disposición del Juez de Control que lo requería por su probable responsabilidad en la comisión del delito de desaparición forzada en agravio de un hombre. El 23 de octubre siguiente, le fue decretado el auto de vinculación a proceso, dictando el juzgador prisión preventiva justificada hasta por seis meses.
Avelar, aprehendido por personal de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, tenía apenas unos cuatro meses en la Comisaría de ese municipio. Anteriormente fue policía municipal de Tlajomulco, donde el 26 de abril de 2018 causó baja definitiva por no aprobar los Exámenes de Control y Confianza. El acuerdo de separación del cargo se ejecutó el 29 de mayo siguiente. Sin embargo, Avelar Manjarrez promovió un juicio de amparo ante un Juzgado de Distrito en materia administrativa de Jalisco, y en sentencia del 31 de agosto de ese año, consiguió la protección constitucional, confirmada en revisión por un tribunal colegiado el 16 de enero de 2019.
El ex gendarme interpuso un juicio laboral y consiguió un laudo a favor, por lo que además de su finiquito superior a 100 mil pesos en 2018, recibió del Ayuntamiento de Tlajomulco la liquidación de casi 150 mil pesos más, en febrero de 2020. Cuatro años más tarde se enroló en la Policía de Tala, donde después del enfrentamiento del 18 de septiembre de 2018 en el Rancho Izaguirre y las investigaciones posteriores, quedó de manifiesta su presunta colaboración con Jalisco Nuevo Generación.
Otros cuatro policías municipales de Tala fueron detenidos el 29 de mayo de 2023 porque se les imputó haber participado en una acción de desaparición forzada, en hechos registrados dos años antes, al privar de la libertad a una persona tras terminar un arresto por falta administrativa en los separos de la corporación. Después de ello, los familiares del desaparecido no volvieron a saber de él. No se descarta que esta carpeta de investigación sea remitida a la FGR para que indague si tiene o no relación con los hechos de Teuchitlán.
