FGE opaca

Desde octubre de 2024, el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Tijuana encabezado por Roberto Quijano, enfrenta una batalla por información frente a la opacidad de la Fiscalía General del Estado, titulada por María Elena Andrade Ramírez. El Consejo requirió, vía Transparencia, estadísticas, número de carpetas y desparecidos registrados en Baja California, pero la fiscalía contestó que no podían facilitar las cifras porque se trata de “información confidencial”. Una respuesta falsaria, porque el Consejo no solicitó nada que las leyes mexicanas clasifiquen como tal, no pidieron datos personales, bancarios, fiscales, industriales, bursátiles o que puedan comprometer la seguridad pública o nacional. Pero tal argumento le ha servido a la FGE para evadir, primero, el recurso que presentó el Consejo ante el Instituto de Transparencia, y después, la queja donde argumentaron que no se trataba de información confidencial. Y seguir impunemente, ocultando, evadiendo la obligación de informar. Una mala práctica institucional que se está haciendo costumbre, porque se salen con la suya. Recordemos que la FGE hizo lo mismo cuando un grupo de colectivos de padres buscadores solicitaron en el primer trimestre de 2023 la estadística de desaparecidos. Se las negaron y nadie los obligó a responder. Opacidad que resulta peligrosa si se recuerda que, en enero de 2024, el Gobierno de México, de un plumazo, rasuró el de por sí deficiente padrón de desaparecidos del país. Simplemente avisaron que había 12 mil 377 desaparecidos en lugar de los 111 mil que tenían el registro original, como si las mentiras y las negativas de estadísticas pudieran ocultar la terrible y dolorosa realidad.