La administración del XIV Ayuntamiento de Los Cabos, encabezado por el ahora exalcalde Óscar Leggs Castro, se encuentra nuevamente en el ojo del huracán ante investigaciones que desempeña la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en contra de exservidores públicos.
En este caso el exalcalde, así como el extesorero, Martín Talamantes, el exsecretario general, Ariel Castro, y la exsíndica municipal, Alondra Torres García, son señalados por el delito de abuso de autoridad por simulación.
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En entrevista para ZETA, el titular de la Fiscalía Anticorrupción de Baja California Sur, Lenin Ortiz Amao, precisó que ha habido avances importantes en este caso, al punto de que Óscar Leggs y Martín Talamantes ya han sido citados para audiencia inicial.
“Efectivamente, tenemos una carpeta de investigación en donde los servidores públicos de la administración anterior del Ayuntamiento de Los Cabos están siendo investigados; incluso ya se solicitó audiencia inicial para formular imputación y en su momento solicitar vinculación a proceso”, reiteró.
“En estos hechos participan por lo menos otras dos personas; tienen actualmente el carácter de investigados. En el momento procesal oportuno serán notificados de procedimientos hacia el futuro”, agregó.
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En un mismo hecho, se presume la participación a coautoría de los ahora exservidores públicos que representaban al Ayuntamiento de Los Cabos en octubre de 2022.
“Se podría de manera muy precisa, muy concreta, decir que se trata sobre una controversia relacionada con un empréstito que solicitó el Gobierno de Los Cabos en 2022 por 206 millones de pesos; y una intervención financiera, para adquirir dicho préstamo, por 14 millones de pesos”, detalló.
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El contralor del XV Ayuntamiento de Los Cabos, Mario Alejandro Fernández Briseño, explicó el motivo por el cual se desarrolló esta investigación, en donde Óscar Leggs y Martín Talamantes ya han sido imputados:
“Se aprobó un crédito bancario, y posterior al crédito que se aprobó se contrata a un tercero para hacer la gestión, lo cual es incorrecto, pues ya se tenía aprobado el crédito; no tenía sentido el que se contratara un tercero para involucrarlo en un proceso administrativo”, precisó.
Aseguró que esto obligó a que la Auditoría Superior del Estado de Baja California Sur (ASEBCS) presentara la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Anticorrupción.
No obstante, como ZETA lo dio a conocer, Talamantes y Leggs han logrado evitar las audiencias iniciales en las que buscan vincularlos a proceso, esto a través de justificantes médicos que han aplazado el proceso hasta el 9 de enero.
“En ese sentido es que hemos llevado unas audiencias que no se han podido llevar a cabo por justificaciones médicas de los imputados”, recordó.
Ariel Castro se desempeñó como secretario general durante la administración de Óscar Leggs, en abril de 2024 presentó su renuncia al cargo.
El 31 de julio, el gobernador del Estado, Víctor Castro Cosío, presentó a Ariel Castro como el nuevo subsecretario de Enlace Legislativo y Municipal de su administración.
Por otra parte, la ex síndica municipal de Los Cabos, Alondra Torres García, es ahora diputada por el Partido del Trabajo (PT) en la XVII Legislatura del Congreso del Estado.
ALBORES DE UN DESAFUERO
La situación de Alondra Torres podría llevar una vez más al Poder Legislativo de Baja California Sur a analizar otro juicio de desafuero.
El fiscal Anticorrupción no descartó que las investigaciones por la contratación de un tercero para lograr un crédito que ya estaba aprobado, desemboquen en la solicitud de declaración de procedencia.
“Nosotros como Fiscalía hemos mencionado que el fuero constitucional constituye un obstáculo para acceder a la justicia; en este caso, efectivamente, las otras personas no están siendo citadas para una imputación porque tienen fuero constitucional”, dijo.
“Digamos que, por estrategia, primero se llevará a dos personas, y una vez obtenidos el auto de vinculación a proceso, se solicitará la declaración de procedencia ante el Congreso del Estado”, añadió.
Insistió en que hay probabilidad de que llegue a un nuevo desafuero, con lo que Alondra Torres podría perder la protección constitucional que adquirió cuando ganó en las urnas en el proceso electoral de 2024.
“Por supuesto que es posible, si ya estamos en una etapa donde ya está judicializada la carpeta, ya estamos por llevar a audiencia inicial; una vez obtenido el auto de vinculación, el paso siguiente es solicitar la declaración de procedencia, conocida comúnmente como desafuero”, sostuvo.
ANTECEDENTES
El Congreso del Estado en su XVI Legislatura que se desarrolló de 2021 a 2024 dejó dos precedentes, esto al aprobar los primeros desafueros registrados en la historia política de Baja California Sur.
Uno de los casos fue en contra del ahora exdiputado, Juan Pérez Cayetano, legislador de Morena que enfrentaba una denuncia por abuso sexual.
Pérez Cayetano se convirtió en la primera persona en ser desaforada en la entidad; sin embargo, meses después de que perdió el fuero, se reintegró al Congreso del Estado cuando la víctima de la denuncia desistió de seguir el proceso.
Al no haber sido sentenciado y al ya no haber persecución judicial, según explicó la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Pérez Cayetano tenía el derecho a regresar a su curul.
El otro caso se dio en contra del entonces presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur (CEDHBCS), Elías Camargo Cárdenas, quien enfrentaba una denuncia por acoso sexual.
El 30 de marzo de 2023, Camargo Cárdenas fue desaforado en una sesión secreta, sin informar a la ciudadanía sobre el proceso.
En este escenario, el fiscal Anticorrupción considera que estos casos ayudan a acelerar un desafuero, por la experiencia que tiene el Poder Legislativo de Baja California Sur en procesos de esta naturaleza.
“Recientemente en la legislatura pasada ya tuvieron dos procedimientos de desafuero, entonces digamos que es un procedimiento que conocen y por lo tanto debería de fluir rápidamente”, comentó.
“Adicionalmente de que nosotros lo solicitaremos, una vez que ya tengamos un auto de vinculación a proceso lo que significa una etapa más allá de la investigación”, añadió.
OTRA DENUNCIA EN INVESTIGACIÓN
La administración de Leggs Castro también es investigada por otra denuncia que se interpuso este año, en donde se señala a diversos exfuncionarios por el quebranto de las arcas municipales por la permuta de un predio que, supuestamente, se dio con un precio menor al evaluado.
El entonces regidor, Linze Rodríguez, expuso que este terreno de 204 mil metros cuadrados se vendió en 56 millones de pesos, cuando su valor real era de 900 millones de pesos, esto en una sesión pública ordinaria del Cabildo de Los Cabos.
A cambio de la donación de este predio, el Ayuntamiento recibiría de San José Pacífica State un terreno identificado como “lote fracción D de la fracción A”, así como 16 millones de pesos como diferencia.
Entre los exservidores públicos señalados por este caso, también se encuentra la ahora diputada, Alondra Torres.
Respecto a este asunto en específico, el fiscal Anticorrupción aclaró que todavía está en investigación inicial.
Asimismo, enfatizó que es un caso que conlleva revisiones técnicas, que requiere dictámenes periciales para el valor del terreno permutado.
“Obviamente se requiere ahí, digamos, que todo el Cabildo que autorizó esa permuta son los sujetos investigados… estamos hablando de varios sujetos, requiere una investigación más grande”, informó.
Sin embargo, sobre el delito que se imputa es el uso ilícito de atribuciones, aclaró que durante la investigación pudiera variar la adecuación al tipo penal que corresponde, pero será materia de las diligencias; y una vez que avance, antes de judicializar, se puede reclasificar jurídicamente el hecho.
En este sentido, Lenin Ortiz enfatizó que no hubo un detrimento o robo a las arcas municipales, sino que, más bien, es un perjuicio, ya que se evita que ingrese el recurso que debería.
En una breve entrevista, al cuestionar a la diputada Alondra Torres sobre las investigaciones que enfrenta en la Fiscalía Anticorrupción, negó que haya sido notificada de las denuncias, recalcando que cuenta con fuero constitucional.
“No, hay que también informarnos como medios de cuáles son los procedimientos a llevar. Yo como diputada no puedo ser notificada debido a que hay un fuero, y por otro lado yo no tengo conocimiento de esto”, declaró.
“No, no he sido notificada de ninguna denuncia, no tengo conocimiento más lo que ustedes me están diciendo en este momento. Si traen la información, pásenla para poder revisarla y poder darle veracidad a lo que están comentando”, agregó.
Por último, el fiscal Anticorrupción sostuvo que el trabajo de los últimos dos años que lleva operando la instancia bajo su dirección, no tiene que ver con persecuciones políticas ni tiempos electorales, ya que son las propias investigaciones de las carpetas las que arrojan los resultados.
“Nosotros no tenemos ningún interés personal de perjudicar a ‘equis persona’, o a ‘equis grupo’, o a ‘equis partido’, sino que es simplemente la investigación de hechos. El trabajo ha sido solido en esta etapa y, seguramente, se consolidarán aún más para llegar a los juicios orales y, en su momento, sentencias condenatorias”, finalizó.
