Para conocer el futuro que le espera al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información (ITAIP) se necesita más la destreza de un vidente que la de una persona profesional con conocimientos técnicos de política o administración pública. La encrucijada que ha generado la desaparición de los órganos autónomos promovida por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, que elimina al árbitro encargado de revisar y proporcionar la información pública de los gobiernos en México, no tiene un suplente con credibilidad, lo que genera la idea de que pudiera tratarse de un retroceso.
Pero si el ambiente está enrarecido a nivel nacional, en los órganos garantes estatales la situación es aún más compleja. Hoy en día, ni los diputados de Baja California, ni la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, ni los comisionados del ITAIP conocen a ciencia cierta cómo se regulará la protección del derecho humano a la información garantizada en el Artículo 7 Constitucional.
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El 10 de diciembre de 2024, toda la planta laboral del ITAIP se presentó ante el Congreso de Baja California para solicitar un presupuesto de 16 millones 315 mil 884 pesos, lo que representa un incremento de alrededor de un millón de pesos con relación al año anterior. Sin embargo, el esfuerzo parecía innecesario, pues para ese momento, el comisionado presidente, José Francisco Gómez McDonough, tenía pleno conocimiento de la visión política del partido Morena, de desaparecer cualquier ápice de insubordinación, y con ello, la eliminación de los órganos autónomos, entre los que destaca el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y, por consecuencia, la de organismos locales.
En una de sus conferencias mañaneras, Ávila Olmeda reconoció que ha tenido una buena relación de trabajo con el ITAIP, pero seguiría la política nacional de desaparecer dichos organismos y que los poco más de 15 millones de pesos que pretende el ITAIP serían destinados para el refuerzo de programas sociales del Bienestar.
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Mientras la mandataria ya analiza la distribución del dinero destinado para el ITAIP, aún no se sabe qué pasará con las más de 13 mil solicitudes de información realizadas por ciudadanos cada año, además de la custodia de miles de datos disponibles en Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
La principal preocupación para Gómez McDonough es que la obligación de garantizar la transparencia recaiga en el Estado, además de considerar que nadie ha analizado el destino de la rendición de cuentas para los organismos que no forman parte del Poder Ejecutivo, como el Judicial, la Fiscalía General, los sindicatos y los propios partidos políticos.
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COMPLICADO QUE GOBIERNO ATIENDA ACCESO A INFORMACIÓN
De 2011 a la fecha que inició formalmente funciones el ITAIP como se conoce actualmente, se han registrado más de 7 mil 100 solicitudes de acceso a la información. De esas, 5 mil 530 han sido resueltas hasta diciembre de 2023, fecha en que se actualizó por última vez la página oficial del organismo.
De las poco más de 5 mil, 3 mil 55 han sido votadas en el pleno, y de éstas, mil 997 (casi dos terceras partes) han sido desechadas, desestimadas o sobreseídas, según cifras oficiales.
Todas estas resoluciones, avances y archivo, se encuentran en un abismo de incertidumbre, porque según el comisionado Luis Carlos Castro Vizcarra, no hay una dependencia que, con el personal, equipo, material y experiencia, tenga capacidad de sacar adelante el trabajo con el presupuesto que se tiene. Cualquier otra alternativa representaría un incremento en la nómina, en la capacitación y una serie de consecuencias financieras que encarecerían la labor que actualmente se realiza.
Según datos oficiales proporcionados por Gómez McDonough en la última comparecencia ante el Poder Legislativo, en 2023 se llevaron a cabo 14 mil 277 solicitudes de información, mientras que en 2024 fueron 13 mil 752, además de realizar 512 procesos de protección de datos personales en 2023 y 549 en 2024.
A ello se suman 132 dictámenes de denuncias presentadas en contra de dependencias o instituciones que no publicaron en tiempo y forma datos considerados de oficio en PNT, como lo son nóminas, contratos, obra pública, licitaciones, entre otros elementos; amén de
mil 333 trámites de atención jurídica, de los cuales mil 054 se encuentran en trámite. En 2024 también se presentaron más 100 denuncias, de las cuales 33 siguen en trámite.
“El Estado puede tomar sus propias decisiones, el (Artículo) 116 nos ampara para esto, deberíamos aperturar algo nuevo, nadie está peleado con lo nuevo, el ITAIP no es propiedad de nosotros, sino de la ciudadanía. Son los usuarios de los servicios, no ha habido un sólo periodista con el que yo haya platica que diga ‘Qué bueno que lo desaparezcan’; he platicado con funcionarios y ninguno me ha dicho ‘Qué bueno, ya nos tienen hartos’”, refirió Francisco Gómez McDonough, quien aseguró que si el ITAIP va a desaparecer, se debe buscar la forma de preservar los avances en materia de transparencia en Baja California.
NADIE REVISARÁ A SINDICATOS Y PARTIDOS
Una de las principales preocupaciones de los comisionados del ITAIP es el futuro de la transparencia en órganos que no forman parte directa del Poder Ejecutivo, del Legislativo ni de los ayuntamientos mismos. Uno de los principales riesgos se encuentra en otro tipo de organismos que reciben financiamiento público.
“Traemos algunos proyectos e ideas, lo único que no podemos permitir es que quede encerrado en el Ejecutivo, qué va a pasar con el Legislativo, el Judicial, partidos políticos, sindicatos. ¿A poco van a dejar que los otros órganos los fiscalicen? Yo creo que no, si se buscara preservar esa autonomía en esa gestión”, refirió Gómez McDonough, quien en alguna ocasión conversó con titulares del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) sobre la posibilidad de que las peticiones del ITAIP recaigan en la responsabilidad del TEJA, a lo que, con más de mil 300 peticiones por año, los trabajadores “se volverían locos”, ante la carga laboral.
En entrevista para ZETA, Juan Francisco Rodríguez, ex secretario técnico del ITAIP durante la gestión de Octavio Sandoval López -probablemente la más vanguardista de la historia del organismo-, comentó que particularmente los entes fuera del Poder Ejecutivo tendrían que ser regulados por sus propios órganos internos de control, esto es, en la visión natural y analizando el discurso -prematuro- de la Presidenta Claudia Sheinbaum, las responsabilidades recaerían sobre ellos mismos, pues es poco probable que tengan interés en ser revisados por el propio Estado.
HAY QUE SER INGENUOS PARA CREER QUE ES PARA MEJORAR: RODRÍGUEZ
Juan Francisco Rodríguez fue claro al considerar que en un mundo ideal, la división de poderes sería suficiente para garantizar el cumplimiento de todos los Derechos Humanos, entre éstos el Acceso a la Información, aunque considera que la visión del Estado no es mejorar: comentó que la Ley vigente que tutela el derecho a la información fue hecha por aportaciones de la sociedad civil, quienes acompañaron el proceso de creación en todo momento, con lo que se logró un avance tan grande que la información que no era de oficio, la podían considerar residual o muy específica, pues prácticamente todo lo necesario ya estaba disponible.
“El reto va a ser cómo establecer la dinámica y el procedimiento. Sí las obligaciones de transparencia cada cuánto se van a subir, o administrar, aquí el punto es que los órganos constitucionales autónomos se han cuestionado por conductas de los mismos servidores públicos, pero esto no implica que no tengan razón de existir; la creación de esos organismos derivaron de la desconfianza, o sea, no es que sean necesarios, en la teoría clásica de la división de poderes, debería ser suficiente, por ahí creo que podría darse una línea de interpretación que no está mal, no es una regresión, pueden decir que no es necesario que estén, pero sería muy ingenuo que esa es la causa motivadora”, refirió el abogado.
En su opinión, aun con la desaparición del INAI, el Estado tiene libertad configurativa para definir cómo trabajar para garantizar el acceso a la información y el derecho a la privacidad, uno de los más vanguardistas identificados en México.
De igual manera, dijo, deberá analizarse sí el Congreso de la Unión decide abrogar la Ley General de Acceso a la Información y crear una nueva, pues, aunque es obvio pensarlo, la Ley vigente no está estructurada para el funcionamiento del INAI o el ITAIP; los contempla, pero pueden seguir siendo vigentes con algunas modificaciones.
Respecto a los elementos que debería tener una nueva reforma con una visión garantista, aseguró que una de las principales novedades debe ser el tiempo de respuesta de las dependencias y las sanciones contra los servidores públicos que incumplan o retrasen los procesos para brindar la información solicitada. Y es que, para él, son tardadas, lo que vulnera el derecho de los ciudadanos, además de considerar que cuando un ciudadano se ve obligado a hacer una petición de transparencia, es porque el sistema está fallando, ya que la información que la ciudadanía requiere no es totalmente pública.
Tanto Gómez McDonough como Rodríguez, consideran que la gran batalla será la creación de las leyes secundarias, para conocer la forma en que se distribuirán las funciones que actualmente llevan a cabo los órganos garantes.
“En la democracia nos da pie a la participación ciudadana en diferentes tópicos, consultas, elecciones, este tipo de situaciones (desaparición del ITAIP) lo que pudiera generar es el desencanto ciudadano hacia sus autoridades, decisiones que requieren un mayor consenso para ejecutarse en caso de que hubiera una negativa por parte de la dependencia”, sentenció el funcionario.
