En BC se ocultan feminicidios

Sólo 13% de los asesinatos se investigan y procesan con perspectiva de género. De 214 crímenes contra mujeres, únicamente 32 fueron catalogados como feminicidios

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En 2024, Baja California sumó 214 mujeres víctimas de asesinato y 32 feminicidios, lo que significa que solamente el 13 por ciento de los casos se procesó con perspectiva de género. Tal ha sido el máximo número de carpetas analizadas y judicializadas, considerando las desigualdades entre sexos en los últimos 10 años en la entidad.

Durante la mencionada década, del 1 de enero de 2015 al 20 de enero de 2025, se registraron las muertes violentas de 2 mil 481 mujeres en territorio bajacaliforniano: 2 mil 263 fueron clasificadas como víctimas de homicidio y 218 como feminicidios. Entonces, si se considera todo el decenio, apenas el 8.78% de los asesinatos de féminas se procesó con perspectiva de género.

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Los primeros 20 días del año en curso no pintaron mejor, ya que las estadísticas suman once mujeres víctimas de homicidio en dos de los siete municipios californios, que son Tijuana y Ensenada. De ese total, hasta el momento sólo el caso de la pequeña Alison, de 2 años, quien fue abusada sexual y físicamente hasta provocarle la muerte el 10 de enero en Tijuana, se sabe que está siendo procesado como feminicidio. Los presuntos responsables vinculados fueron su madre y el padrastro.

En diversas ocasiones y discursos, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda ha asegurado que su administración es especialmente sensible en los temas de género, al igual que su fiscal general desde el 23 de agosto de 2023, María Elena Andrade. “Por motivos evidentes”, repite la mandataria cada que puede, aseverando que, por ser mujeres, ambas cuidan, protegen y acompañan a las víctimas femeninas y combaten con mayor compromiso la violencia en contra de ellas.

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Continuamente anuncian aumentos en las inversiones en los apoyos que entrega el Estado a las damas, sea en tarjetas, escuadrones y Transporte Violeta, los Puntos Naranja o los institutos y centros de Justicia. Sin embargo, esa sensibilidad se diluye de manera evidente cuando se trata de la investigación y procesamiento de homicidios, ahí, únicamente del 8 al 13% de los casos son revisados con esa mencionada compasión femenina, porque ni la gobernadora ni la fiscal quieren estar a la cabeza de un Estado feminicida.

La administración marinista inició con la herencia de una Alerta de Género, al igual que su fiscal, con el compromiso de seguir el protocolo latinoamericano de investigar todos los homicidios de mujeres con perspectiva de género, y en el proceso de recolección de pruebas, definir si reúne las características para tipificarlo como feminicidio.

Pero en Baja California, a menos que la muerte violenta se cometa entre parejas, sea resultado de la violencia familiar o doméstica, el resto de los asesinatos violentos cometidos contra mujeres no son investigados considerando la posibilidad de que sean feminicidios. Y los números hablan por sí solos.

Los cadáveres de mujeres con evidencias de tortura y de violencia sexual son encontrados tirados como desechos, expuestos en basureros, cerros, cañones, cajuelas de carros, en las calles. Desnudas y golpeadas, estranguladas, embolsadas o encobijadas, mutiladas, incineradas, víctimas de violencia extrema.

Por sí sola, cada una de las circunstancias mencionadas indica feminicidio de acuerdo a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pero eso no es considerado en BC ni en la mayoría de los estados. En un país feminicida, en el cual 20 de 32 estados tienen Alerta de Género, algunos de los 10 restantes como Ciudad de México están siendo revisados.

En Baja California y el resto de México, una de las alarmas detonadas a partir del empoderamiento y diversificación de cárteles de la droga, ha sido el aumento en los homicidios de menores de edad y mujeres, convertidos en los eslabones más débiles de estas mafias, que usan sus muertes para dejar mensajes y aterrorizar a sus competidores.

En estas muertes que las fiscalías vinculan a la venta de droga, también sucede que “la víctima y victimarios una relación sentimental, afectiva o de confianza” porque se conocen, que haya “amenazas, acoso o lesiones previas” y que “la victima haya sido incomunicada”. Todos, requisitos para calificar como feminicidio, pero de nuevo, no sucede.

El gobierno decide invisibilizar la violencia contra la mujer al interior del crimen organizado, a pesar de que existen sentencias internacionales que los obligan hacerlo, como la que trabajó la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año 2000 a 2009, relacionada con las muertas de Juárez.

Ante la ausencia de resultados papables, rumbo a su cuarto año de gobierno, todo indica que abogadas de organizaciones civiles que apoyan a mujeres, deberán exigirle con la Ley y las estadísticas en la mano, a la gobernadora y la fiscal para que cumplan su palabra de proteger a las mujeres con la prometida sensibilidad.

* Hasta el 20 de enero