Una familia de colombianos que arribó al Aeropuerto de Tijuana el pasado sábado 11 de enero denunció violación de derechos humanos por parte de elementos del Instituto Nacional de Migración (INM), quienes los aislaron e incomunicaron. Según la denuncia, se les impidió el acceso a representación legal o consular. Debido a estos hechos, la mañana del martes, migrantes del albergue Ágape protestaron en las oficinas de la delegación del INM y en la oficina de Derechos Humanos en Tijuana.
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“Les quitaron su cédula consular para viajar al país que quieran y los trasladaron a otra parte del país. Queremos que Derechos Humanos intervenga para que pregunten si a los que están ahí dentro se les han respetado sus derechos”, explicó Albert Rivera, director del albergue Ágape.
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Las víctimas son dos adultos y dos niños, quienes fueron retenidos durante trece horas en el centro de atención migratoria del aeropuerto de Tijuana. Su familia en Baja California y Canadá logró contactar a un abogado que los localizó en Villahermosa, Tabasco, donde enfrentan su caso sin documentos.
“Los migrantes fueron intervenidos en el aeropuerto, les cuestionaron a dónde irían, pero no supieron responder y fue cuando los mandaron a un centro de detención. Solo tenemos 36 horas antes de que los deporten. Ahorita nos llaman y sabemos que así los trataron en su calidad de turistas. Ellos tienen un tío y verían si se quisieran quedar o seguir migrando. No les pueden quitar el derecho de viajar”, recordó Albert Rivera.
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“Los abogados llamaron y fue cuando supieron que estaban en un centro de detención. Ahora han platicado con familiares y saben que están en Villahermosa, Tabasco. Les quitaron su derecho a una representación legal y a todos sus derechos políticos. Por eso queremos que Derechos Humanos intervenga para saber si los internos tuvieron el derecho de comunicarse con sus familiares y abogados para atenderlos”, comentó el activista.
Los familiares de los colombianos acudieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para exigir a los funcionarios que respeten los derechos humanos de los migrantes y pedir que los afectados sean regresados a Baja California.
