En el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, la Asamblea Feminista de Baja California Sur compartió un pronunciamiento para denunciar que la entidad vive una situación que califican como gravísima, que afecta de manera desproporcionada a las habitantes.
Las colectivas que conforman la Asamblea enfatizaron que en un año se triplicaron los feminicidios, sin dejar a un lado los casos que no se han podido configurar aún, como el de Yeimi Alondra y las mujeres desaparecidas, hechos que se pueden constatar por la intervención de madres buscadoras que han localizado fosas y osamentas, ante la inacción y desprecio que para ellas tiene el gobernador del Estado, Víctor Castro Cosío.
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En este escenario, acusaron que programas como “Párale a la Violencia” son una ilusión, un panfleto para la época electoral o para cuando se acercan manifestaciones como la del 25 de noviembre.
“Mientras tanto, el resto del año las instancias de procuración de justicia y defensa de derechos humanos en el Estado de Baja California Sur no sólo no cumplen con los procesos de investigación y sentencias, sino que son ellos quienes entorpecen todo intento de denuncia por parte de las víctimas”, señalaron.
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Es por ello que exigieron a las autoridades a que no continúe la simulación y que es necesario que se dimensione la gravedad de la violencia feminicida en Baja California Sur.
“Exigimos que no se culpe al seno familiar o minimice argumentando que son crímenes pasionales, esto evidencia la poca sensibilidad y falta de responsabilidad al abordar estos actos tan dolorosos para las familias y para la sociedad”, añadieron.
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En el pronunciamiento agregaron otras formas de violencia que se multiplican en la entidad, como la violencia vicaria, la violencia familiar, violencia obstétrica, así como el acoso en escuelas de todos los niveles con procesos penales en contra de trabajadores de la educación denunciados por alumnas.
Se dijeron asqueadas de la protección hacia los agresores y de la normalización de la atención violenta que día a día reciben las usuarias de instituciones de salud, como IMSS-Bienestar, IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud.
“Personal del área médica y de enfermería tienen, como quehacer cotidiano en las áreas de tococirugía, hospitalización y consulta, agredir, avergonzar, culpabilizar y ridiculizar a las mujeres que requieren servicios obstétricos y ginecológicos”, subrayaron.
En este contexto, recalcaron que alzan la voz porque persiste la impunidad en el gobierno de Castro Cosío, problema que atribuyen al desinterés del mandatario para atender a las sudcalifornianas.
De igual manera, mencionaron las deficiencias en las investigaciones, con lo que califican como una lenta o nula judicialización de delitos de violencia de género, así como la falta de acceso a la reparación de daño para las víctimas.
“Gobernador, le decimos nuevamente que nosotras sí tenemos memoria y le reclamamos la deuda histórica por agravios instrumentalizados desde su gobierno para atender a las víctimas, por lo que levantamos la voz para denunciar públicamente la obstrucción de la justicia para las mujeres y todas las víctimas de violencia en su gobierno”, denunciaron.
