21 legisladores de Morena, PRI, PT, PVEM y FxM aprobaron la elección extraordinaria de 170 jueces y magistrados de Baja California en 2025, sin que se conozca públicamente cuánto costará y pese a las críticas de legisladores del PAN y MC sobre las inconsistencias de fondo y forma del dictamen 150 de la Comisión de Gobernación, la politización del Poder Judicial y el desvío de recursos de temas urgentes.
El coordinador de la bancada de Acción Nacional, Diego Echevarría Ibarra, cuestionó la prisa de votar el dictamen 150 que no fue socializado con los trabajadores del Poder Judicial ni con los Colegios de Abogados, aun cuando hasta marzo de 2025 se vence el plazo de 180 días para modificar la Constitución local para “armonizarla” con la llamada reforma judicial federal.
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“Si podemos cumplir con la reforma judicial hasta la elección extraordinaria del 2027”, ¿por qué no ir por una sustitución escalonada de magistraturas y juzgados”, en lugar de sustituir a todos los funcionarios locales en 2025 de manera “apresurada”?
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Se sostiene que muchas deficiencias en materia de justicia se deben a los jueces por su lejanía con el pueblo y que votarlos traerá justicia y paz, pero la realidad es que si se quisiera mejorar la condición de las personas frente a la justicia se debió modificar sus componentes básicos: policías, servicios periciales, ministerios públicos, el cumplimiento de las sentencias, de lo que sí tiene que ver con la justicia, aseveró.
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Echevarría Ibarra acusó que las modificaciones a la Constitución del Estado establecidas en el dictamen 150 relativas a la elección por voto popular de los integrantes del Poder Judicial bajacaliforniano perpetuarán la influencia política de futuras nominaciones de magistrados y jueces locales en una “reforma laboral más que de justicia”.
Su correligionaria María Yolanda Gaona Medina criticó que en el dictamen “no está claro” el periodo por el que se podrán reelegir los magistrados. “El dictamen está plagado de inconsistencias y falta de rigor técnico”, afirmó durante la sesión del pleno de este 27 de diciembre de 2024.
“¿Queremos realmente que los jueces de Baja California respondan a donantes políticos en lugar de la ciudadanía y la justicia?, ¿queremos que los casos sean resueltos bajo presión política o de grupos de interés?, ¿cuál es el motivo de ampliar la duración al cargo de magistrados de cinco años a nueve años?”, interrogó la legisladora blanquiazul.
Gaona Medina aseguró que el dictamen 150 se trata de una “imposición disfrazada de transformación” y que representa una carga administrativa y financiera desproporcionada.
“En Baja California se planea elegir a más de 150 jueces y magistrados en un proceso extraordinario en 2025. Esto no solo desviará recursos de prioridades urgentes, como la mejora de la infraestructura judicial y capacitación, sino que complicará la logística de un sistema electoral ya saturado”, advirtió.
La panista Alejandrina Corral Quintero recordó que el INE tendrá 6 mil millones de pesos para los comicios del Poder Judicial federal y aventuró que en el estado será “más o menos el mismo porcentaje”, para luego cuestionar:
“¿Ustedes creen que con eso se va a resolver el tema de los homicidios, de la impartición de justicia, de la seguridad, del sufrimiento que siguen teniendo las madres por la desaparición de sus hijos?”
México acumula un aumento interanual de 1.47% en asesinatos en 2024, con 83 homicidios diarios, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad. Baja California tiene el deshonroso segundo lugar en homicidios a nivel nacional con 2,030 homicidios dolosos, reprochó.
En el debate, la legisladora de Movimiento Ciudadano, Daylín García Ruvalcaba exhortó a los diputados oficialistas a dejar de mentir y acusó que la aprobación del dictamen eliminará la independencia del Poder Judicial.
“No le mientan a la gente, esta no es la respuesta para el acceso a la justicia. La respuesta es hacer reformas de fondo, con mayores recursos y con programas bien medidos en la Fiscalía y con apoyo suficiente para los primeros respondientes, para los IPH (…) y para garantizar esquemas de imparcialidad de combate a la corrupción y que la cadena de custodia de las carpetas se cumpla en tiempo y forma”.
¿Por qué si se busca garantizar recursos para una elección y no para las cuestiones de salud que se están recortando”, cuestionó.
Aunque en tribuna la petista, Yohana Sarahi Hinojosa Gilvaja afirmó que “Morena es una aplanadora que ya tiene el control total” en el Congreso y que se debería perfeccionar el dictamen terminó votando a favor.
Se pronunció porque el dinero para la elección de los integrantes del Poder Judicial salga de los partidos políticos y no del erario, “porque no es justo que estemos haciendo elecciones y elecciones y le estemos quitando el presupuesto a la gente que de verdad lo necesita, y váyanse a cualquier parte de Baja California hay muchísimas carencias”, declaró.
El coordinador de Morena, Juan Manuel Molina García aseguró que casi tres legislaturas hubo una lucha por el control del Poder Judicial iniciada por un grupo político que se repartió magistraturas y que le costó al erario. “Ahora que nosotros planteamos que el ejercicio de una facultad que tenemos de la designación de magistraturas sea entregada al pueblo pues tampoco les gusta”.
Justificó que el tema que el plazo de los seis meses para resolver los casos que determina la llamada reforma judicial federal no fue incluido en el dictamen 150 porque ya está en la Constitución federal y es Ley General.
“Consejo de la Judicatura desaparece sí, pero se crea el Consejo de Administración y el Tribunal de Justicia Judicial, que compartirán las funciones, uno de disciplina y sanción, y el otro de administración”, por lo que no desaparece el control y vigilancia, aseveró.
“Yo sí le apuesto a la mayoría de jueces y juezas que actualmente se encuentran en funciones y que estoy seguro que varios y varias de ellas si se postulan van a ganar una elección porque la mayor parte de ellas y ellos están haciendo bien su trabajo. Confíen en ellas y ellos, permítanles postularse”, dijo el legislador, quien no aportó ninguna información sobre cuánto costará la elección de jueces y magistrados en Baja California, pese a que es presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales
