José Luis Camarena Flores, abogado de profesión con experiencia en materia penal, fue ultimado afuera de un bar en Mexicali. Representaba a un conocido criminal de Los Rusos
En los últimos dos meses, el municipio de Mexicali ha sufrido una evidente alza en materia de homicidios en comparación del año anterior y los primeros meses de 2024, derivado del conflicto intestino que prevalece en el Cártel de Sinaloa, el cual se refleja en varias entidades del país y que en Baja California se ha concentrado en los valles de la Trinidad y de Mexicali.
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El miércoles 27 de noviembre, la violencia no se colocó en una zona alejada de la Capital bajacaliforniana, sino en el corazón de la Zona Hotelera, en los alrededores del corredor donde se concentrará la Serie del Caribe 2025.
El abogado José Luis Camarena Flores, de 33 años, fue la última víctima de la violencia y se suma a la larga lista de abogados asesinados en las últimas dos administraciones morenistas, que si extendemos hasta el periodo gobernado por Francisco Vega de Lamadrid, se hablaría de más de 30 ataques en toda la entidad.
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La particularidad de este homicidio, además de la zona, es que se trata de un litigante, un integrante del engranaje de la justicia en BC que -presumiblemente- fue ultimado por acciones relacionadas con su actividad profesional.
Así como cuando los periodistas enunciamos y luchamos por visibilizar y exigir justicia por los crímenes contra nuestro gremio, es importante no limitarse hacia los profesionales de la información, sino hacia todo aquel cuya función social tiene relación con los Derechos Humanos y la impartición de justicia.
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Es cierto, el nombre de Camarena Flores surgió a la luz no por su actividad ligada al activismo, sino porque representó legalmente a Christian Alexis Mendoza Guillén alias El Plaga, peligroso integrante de la estructura criminal de Los Rusos, grupo criminal preponderante en Mexicali, el cual conforma una parte del Cártel de Sinaloa, pero más allá de fobias y filias, no se puede criminalizar a un jurista por los trabajos que asume.
Defender a un criminal ante la Ley no convierte a una persona en delincuente, pero evidentemente, representarlo significa asumir riesgos que probablemente en otros rubros del Derecho no se perciban.
El verdadero conflicto aquí es comprender que mientras a nivel federal se debate sobre la supuesta corrupción en el Poder Judicial federal, en Baja California se asesina a abogados por su ejercicio. Mientras se habla de democratizar o politizar a un poder, los grupos delictivos tienen la capacidad de asesinar a integrantes del aparato judicial.
En este caso es un litigante, pero en otros momentos han sido funcionarios, jueces, secretarios proyectistas, académicos ultimados por su forma de impartir justicia o de alcanzarla.
Mientras continuamos en pugnas políticas y de poder, en México, sobre todo en BC, se asesina a abogados con suma naturalidad. Sólo en Ensenada han acabado con la vida de cuatro en 2024, de los cuales uno era académico de la UABC y los otros dos, Gustavo Moreno León, de 57 años y su sobrino Ariel Lambarena Moreno, de 42, habían representado a integrantes del Cártel Arellano Félix.
Antes de garantizar democracia o independencia del Poder Judicial, lo primero que el gobierno debería brindar es la seguridad para ejercer su función de manera libre, y por dejar a los servidores públicos y litigantes a su suerte cuando se trata de grupos criminales, independientemente del cártel o cualquier persona que se encuentra inconforme.
Veremos si los colegios y barras de letrados asumen el crimen como algo propio y se unen para exigir justicia por sus compañeros agremiados.
