El feminicidio de Lucero Rubí en San Quintín fue un caso emblemático para las mujeres maltratadas en el municipio, donde recientemente se inauguró el Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM), que cuenta con una sala de “empoderamiento” en honor a Rubí. Durante la inauguración, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmedo llamó al pequeño hijo de Rubí y pronunció unas palabras en homenaje a su madre, pidiendo un alto a la violencia de género. Sin embargo, han pasado cuatro años desde que la Fiscalía General del Estado falló a la familia de Rubí al no atender adecuadamente las denuncias penales por las amenazas de muerte que recibió de su entonces pareja. Los fiscales ignoraron sus súplicas y, la mañana del jueves 24 de septiembre de 2020, su ex pareja y padre de su hijo, Pedro Martínez Castro, ingresó armado y vestido de enfermero -sin serlo- a Isesalud Delegación Vicente Guerrero, la encerró en un salón, sacó un arma y le disparó para después suicidarse. Aún persisten las deficiencias, ya que no existe una reparación del daño por parte del Estado, como estipula la Ley. Aunque la madre de Rubí agradeció el gesto de dedicar un espacio a su hija en el CEJUM, el menor sigue sin recibir la indemnización correspondiente.
