A la fecha, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) contabiliza 118 mil 770 personas ausentes en México, y la cifra cada día aumenta. Según expertos los factores que hacen que este delito incremente son: la impunidad, indiferencia y omisiones de las autoridades, que no están atendiendo la crisis como se debe, lo que viola y violenta los derechos humanos de las víctimas directas e indirectas.
“La desaparición forzada de personas es una violación grave a los derechos humanos. Al ser una violación grave de derechos humanos impacta tremendamente a nuestra sociedad. La estadística nos dice ahorita, por ejemplo, si hablamos de 100 mil víctimas de este delito, yo creo que ese número es corto, porque una cosa es la víctima directa, pero además hay víctimas indirectas. Cuando una persona es desaparecida no solo se violentan los derechos de esta persona, es un delito pluriofensivo y las víctimas indirectas siguen sufriendo ese daño”, explicó el Doctor Martín Octavio Návar Rivera durante su participación en Radio IUS.
Desde hace décadas México enfrenta una crisis en seguridad que ha provocado 36 mil 119 homicidios de enero a octubre de 2024, y desapariciones forzadas de personas, lo que según el Doctor evidencia la incapacidad del estado para brindar seguridad y atender la problemática.
“Es una violación grave de derechos humanos, tan grave que exhibe la incapacidad del estado. La incapacidad de la inseguridad, integridad, libertad, paz y dignidad que merecemos y es responsabilidad del estado. El estado no lo está atendiendo”, mencionó Návar Rivera.
Durante la emisión del programa Inteligencia Jurídica “En busca del conocimiento jurídico y algo más”, los conductores, el Doctor Jorge Sánchez Solano y la Doctora Paola Vanessa Nava Calvo, junto con el Doctor Martín Octavio señalaron que la gran falla y omisión de las autoridades, en la mayoría de los casos, es la falta de acción oportuna e inmediata cuando los familiares de las víctimas acuden a interponer su denuncia por desaparición, pues muchas veces las autoridades investigadoras se demoran en levantarla el acta circunstanciada y minimizan la ausencia.
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Lo anterior, aunado a la falta de recurso humano, en equipo y económico de las instituciones, limitan su actuar y la eficacia para dar con el paradero de las personas desaparecidas. Mientras que, por otro lado, se enfrentan a la delincuencia organizada, que sí cuenta con la infraestructura, capital y personal suficiente para operar, logrando desaparecer, secuestrar o asesinar a la víctima.
Otra falla, de acuerdo con lo expuesto por el Doctor Octavio Návar son los límites del propio sistema en cuanto a la investigación de los hechos para demostrar la existencia del delito y el esclarecimiento del mismo.
“El mismo procedimiento penal tiene una serie de límites ante la violación de derechos humanos de las víctimas en delitos de desaparición forzada de personas, para que se conozca la verdad que pasó, como pasó y por qué pasó. El sistema restringe las acciones del Ministerio Público y de todos los operadores y participantes ahí, a una serie de condiciones para demostrar que hay un delito, y más allá de toda duda razonable, establecer la responsabilidad penal de los acusados; entonces vamos a participar en una reparación del daño. Cuando eso pase, ya se acabó el asunto”, comentó Návar Rivera.
Sin embargo, el Doctor Rivera destacó que ante esta serie de omisiones y fallas del sistema y de quienes forman parte de él, abogados como él, han encontrado dentro de la vía del amparo, la figura jurídica que permite dar justicia a los deudos de las víctimas de desaparición, garantizando que se lleve a cabo la reparación del daño.
“A través de la vía del amparo se abre un portal para atender la desaparición forzada, no como un delito, sino en la vertiente de violación a los derechos humanos, y entonces ahí sí creo yo que es el lugar donde podeos trabajar en ese compromiso que nos debemos como abogados”, finalizó Martín Octavio Návar.
Según el RNPDNO de las 339 mil 020 personas que han sido reportadas como desaparecidas y no localizadas en México, de ellas 17 mil han sido halladas sin vida, mientras que 118 mil 770 permanecen sin paradero actualmente.
