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martes, noviembre 26, 2024
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BCS, la entidad menos transparente 2023: Por aclarar, 1,421.2 millones de pesos

De acuerdo con el documento “Fiscalización Superior del Gasto Federalizado de la Cuenta Pública 2023 Segunda Entrega”, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Baja California Sur resaltó por ser la entidad con el mayor monto de recurso federal sin comprobación en toda la República Mexicana.

El reporte publicado en la página de la ASF detalla que el monto por aclarar determinado en las auditorías a los gobiernos de las entidades federativas, así como a sus organismos públicos descentralizados, ascendió a cinco mil 655 millones de pesos.

“Por entidad federativa, en las auditorías efectuadas al Gobierno del Estado de Baja California Sur se determinó el mayor importe por aclarar por mil 421.2 MDP, que representaron el 25.11 por ciento”, indica la auditoría.

En total, el Gobierno de Baja California Sur tuvo 57 observaciones, de las cuales 42 fueron solventadas y 15 quedaron en el estatus “con acciones”, es decir observaciones pendientes de solventar.

Con respecto a las acciones emitidas, se determinó un monto de dos mil 37 millones de pesos, de los cuales el 93 por ciento corresponde a Baja California Sur y Durango, esto por observaciones relacionadas con ingresos excedentes y servicios personales.

Del monto por aclarar en todo el país, la Media Península presenta mil 377.9 millones de pesos pendientes, seguida de Durango con 518.4 millones de pesos y Tlaxcala con 138.3 millones de pesos.

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Por otra parte, cabe recordar que en la Revisión de la Cuenta Pública 2022, Baja California Sur destacó también como la segunda entidad con el mayor monto en observaciones, con dos mil 244 millones 170 mil pesos, y monto por aclarar, con dos mil 238 millones 406 mil pesos.

En esta auditoría, la Media Península quedó sólo por debajo de Durango, entidad que tuvo dos mil 837 millones 572 mil pesos en observaciones y dos mil 829 millones 438 mil por aclarar.

 

CONGRESO AVALÓ CUENTA 2022

La diputada y presidenta estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Guadalupe Saldaña Cisneros, denunció la situación de las auditorías del 2022, recalcando que, a pesar de diversas irregularidades, la XVII Legislatura del Congreso del Estado aprobó por mayoría el ejercicio fiscal de ese año del Gobierno del Estado/Secretaría de Finanzas y Administración.

De acuerdo con el dictamen presentado el 31 de octubre de 2024 en sesión ordinaria, la Auditoría Superior del Estado de Baja California Sur (ASEBCS) fincó 76 observaciones, 37 solventadas y 39 con solventación parcial.

De un importe fincado de nueve mil 645 millones 18 mil 725 pesos, quedaron pendiente de comprobación 679 millones 627 mil 113.87 pesos.

El mayor número de observaciones se aplicó en Egresos, con más del 90 por ciento del monto que no ha sido comprobado.

A pesar de esto, el dictamen presentado ante Tribuna de la XVII Legislatura fue en sentido aprobatorio, el cual fue respaldado por la mayoría conformada por Morena, Partido del Trabajo (PT), Nueva Alianza y Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Saldaña Cisneros recalcó que ella votó en contra debido a las irregularidades que pudieron detectarse antes de la sesión.

“Lo voté en contra porque casi todos nuestros recursos en la Cuenta del Estado provienen de la Federación; en este caso esos recursos los audita la Auditoría Superior de la Federación y somos el segundo lugar en esa cuenta, la Cuenta 2022”, explicó.

Gobernador de BCS, Víctor Castro Cosío

“Somos el segundo nada honroso lugar en falta de comprobación y en falta de atención a las observaciones de la auditoría No puedes ser el estado más observado del país y aprobar tu cuenta pública, eso es totalmente contradictorio”, agregó.

La diputada de oposición mencionó que recibieron un informe “muy general”, por lo que decidió ir en contra del dictamen.

A esto sumó la problemática en la falta de comprobación de recursos que ya se detalla en el último informe de la ASF, donde Baja California Sur figura como la entidad con el mayor monto en toda la República.

“Salimos igual de mal, creo que peor salimos. Seguimos siendo de los tres estados del país más observados, que menos comprueba recurso de acuerdo a la normatividad hacendaria; esa es una situación que nos debe poner en alerta roja también”, declaró.

En este contexto, mencionó que al hacer una revisión de todos los resultados de toda la administración del panista Carlos Mendoza (2015-2021), si se suman los seis años el monto es menor a los tres años de gobierno que lleva Morena con Víctor Castro Cosío.

“Ahí está la diferencia. Yo no justifico nada porque yo creo que todo el recurso al 100 por ciento debe justificarse de acuerdo a como lo marcan las leyes hacendarias, pero ese es un buen dato; porque presumen de buena administración y los datos son otros”, subrayó.

Por otra parte, enfatizó que harán solicitudes formales a la ASEBCS para que informe el seguimiento de las acciones que deben ejercer, esto por las diversas cuentas públicas que no fueron aprobadas durante el mes de octubre.

“Todos los elementos los tiene la Auditoría Superior del Estado para hacer lo conducente; yo de manera formal voy a enviar un oficio a la Auditoría Superior para preguntar qué se ha hecho con los resultados de las cuentas públicas y ya de manera formal te estaré diciendo”, reiteró.

“En lo no formal ellos me comentaron, gente de la Auditoría, que ya estaban por interponer las denuncias correspondientes; eso me comentaron, pero lo pediré de manera oficial”, insistió.

Hizo hincapié en la situación particular del Ayuntamiento de Los Cabos, que calificó como “histórica”, con una gran suma de irregularidades que están plasmadas en el dictamen del Congreso del Estado.

Subrayó que los datos son claros y se habla de que, en el primer año de ejercicio fiscal del ahora exalcalde, Óscar Leggs, se pagaron obras que, al verificar, no fueron encontradas; incluso que erogó recurso a empresas que no se dedicaban al tema mencionado por quien contrató.

Además, añadió que, de más de 50 millones de pesos que pagaron en renta de pipas de agua no se comprobó más de la mitad.

“Muchas irregularidades, un edificio en Cabo San Lucas donde el peritaje era de 60 millones de pesos y pagaron 200 (millones de pesos)”, dijo.

Señaló que en La Paz encontraron que todo el recurso para obra y compras se dio de manera directa, cuando se supone que se establece la licitación pública o invitación a varios proveedores para que haya transparencia, certeza y buenos precios.

“En el caso de Loreto y Mulegé, no son datos míos, son de la auditoría: son los municipios menos observados. En el caso de Mulegé, todo su recurso está dado por licitación a más de un proveedor; esa es la realidad”, sostuvo.

Por último, la diputada aclaró que seguirán revisando el trabajo de la ASEBCS posterior al análisis y votación de las cuentas públicas.

Esto debido a que la XVII Legislatura ordenó al organismo proceder con las acciones penales correspondientes por la no comprobación de recursos, cita que aparece en todos los dictámenes no aprobados por el Poder Legislativo de Baja California Sur.

Cabe recordar que la ASEBCS publicó en febrero de 2024 los resultados de las auditorías de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2022.

A partir de ese punto, otorgó un plazo de cinco meses para que los órganos e instituciones solventaran las observaciones plasmadas y procedieran con la comprobación de recursos.

Posteriormente, la ASEBCS presentó los resultados finales de las auditorías a las cuentas públicas ante el Congreso del Estado en julio de este año y en octubre fueron sometidas a votación la XVII Legislatura.

 

TRABAJAMOS EN SOLVENTAR: SECRETARIA DE FINANZAS

La titular de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Baja California Sur, Bertha Montaño Cota, aseguró que ya trabajan para solventar las observaciones plasmadas por la ASF.

Argumentó que se trata de una revisión que se divide en diferentes etapas y que toman hasta año y medio en cerrarse.

En este sentido, expuso que para el próximo año queden solventadas todas las observaciones que se han hecho en el ejercicio fiscal de las cuentas públicas.

“Los procesos de auditoría son procesos que se llevan más o menos un año; son tres etapas de auditoría: la auditoría pide información, hay un plazo luego pide otra vez, y otra vez; son procesos que van corriendo en el transcurso de un año, año y medio más o menos”, declaró.

“Entonces, nosotros hemos estado atendiendo ya en tiempo y en forma todas esas solicitudes, hasta ahora a la fecha hemos entregado todo lo que nos ha solicitado la Auditoría Superior de la Federación, así que nosotros esperamos que creo que ya va a ser hasta el próximo año en los siguientes informes ya queden solventadas las observaciones”, explicó.

Aunado a este tema, confirmó que han llegado a contratar asistencia profesional para evitar llegar a este punto en las revisiones que hace la ASF, asegurando que sale mucho “más barato” recurrir a esta medida que estar fincados a responsabilidades por miles de millones de pesos.

“Recordemos que nosotros administramos este año casi 25 mil millones de pesos; entonces, por irnos con un proceso de observaciones mucho más pequeño vale la pena tener una asesoría profesional”, insistió.

Precisó que hay varias estrategias con las que cuentan para mejorar los registros presupuestarios en todos los entes, incluso en el propio Ejecutivo central, con el objetivo de que se haga la rendición de cuentas fortalecida.

Sin embargo, señala que no es una tarea sencilla porque no había antecedentes de un trabajo sistemático.

“Cada vez los criterios y los lineamientos que norman los procesos de auditoría, tanto en el órgano estatal como a nivel federal, se ha modificado mucho en los últimos años; hay nuevas metodologías, hay nuevos criterios, hay más puntualidad, más eficiencias en los procesos de fiscalización, así que cada vez es más complicado entrar en esos esquemas”, observó.

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Autor(a)

Gilberto Santiesteban
Gilberto Santiesteban
Reportero sudcaliforniano, egresado de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS). Me dedico sobre todo a dar voz y cobertura a las causas ciudadanas en mi estado. Ante todo creo en la libertad de expresión y la libertad de prensa, incluyendo las responsabilidades y retribuciones que estas conllevan.
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